El caso Portugal
Mientras en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú o Uruguay, la sociedad ha ido eliminando los obstáculos creados a fin de evitar conocer la verdad sobre las desapariciones, torturas, asesinatos, perpetrados por los regímenes dictatoriales que usurparon el poder en esos países, en Panamá se desarrolla "institucionalmente" una dinámica de ocultamiento y manipulación de la verdad por parte de las autoridades panameñas
La orquestada campaña que, bajo la batuta de quien ocupa el cargo de Procurador General de la Nación, se mantiene en nuestro medio contra la obligación que tenemos -como seres humanos- de conocer la verdad sobre los desaparecidos, a pesar del Informe Final de la Comisión de la Verdad (publicado el 18 abril de 2002) es reveladora de la ausencia de voluntad democratizadora y la creciente proclividad hacia el secretismo y engaño como forma de gobierno. Quienes así actúan pretenden hacernos olvidar que todos los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Pretenden también que se ignore que la democracia, el desarrollo y el respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. Les conviene pasar por alto que los tratados y convenios internacionales aprobados por el Organo Legislativo, que reconocen y protegen los Derechos Humanos, tienen fuerza vinculante en Panamá y por ello ignoran olímpicamente el más importante instrumento interamericano en esta materia: el Pacto de San José, que es Ley de la República de Panamá desde octubre de 1977.
En sentencia dictada el 29 de julio de 1988, en el caso contra el Estado de Honduras por denuncia de violación de derechos en perjuicio del Sr. Angel Manfredo Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó que: "La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez e interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, etc."(...)
Felizmente, el 25 de octubre de 2002, a pesar de todos los intentos del Procurador y del Embajador de Panamá ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al finalizar su 116° período ordinario de sesiones, emitió informe de admisibilidad de la denuncia presentada en el caso Heliodoro Portugal por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la hija de la víctima, Patria Portugal, el 31 de mayo de 2001 contra la República de Panamá. Portugal fue secuestrado el 14 de mayo de 1970, por cuatro agentes del antiguo G-2 de la Guardia Nacional. En el caso Portugal se determinó la existencia de "elementos suficientes de convicción para determinar que la desaparición de Heliodoro Portugal ocurrió mientras se encontraba bajo custodia de agentes estatales, en un centro de detención ilegal y que fue objeto de torturas". A pesar de este informe y de las recomendaciones que éste emite, en términos de justicia, derecho a la verdad, reparación moral y material, para sus familiares; el Estado permanece en silencio y no ha realizado ninguna acción a favor al respecto.
Desde hace más de una década, la señora Patria Portugal, compareció ante las autoridades judiciales panameñas para denunciar la desaparición de su padre. A pesar de la denuncia realizada no hubo una investigación exhaustiva de los hechos, por el contrario, durante más de nueve años la denuncia permaneció archivada en los tribunales panameños. El proceso judicial continúa inconcluso, fomentándose la impunidad en este país. Los autores tanto materiales como intelectuales aún no han sido condenados.
Es necesario recordarles, nuevamente, a las autoridades panameñas que ocultar, restringir, desviar la información a la población de lo ocurrido a las personas que fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas, al amparo del secreto constituye una expresión de la criminalidad que se extiende hasta nuestros días. Los criminales se refugian en vulgar manipulación de los hechos para no responder de sus crímenes, con el reconocimiento público del Procurador que, con su actitud, no busca otra cosa que valorar y reconocer el "coraje" de los asesinos, la "fortaleza" de los criminales para no claudicar ante la justicia e inocularnos su obcecación vocacional por la impunidad y desprecio de la dignidad humana. Con estas actuaciones no hacen otra cosa que revivir en los familiares de las víctimas el acto criminal, esta vez con expresiones de reconocimiento para los victimarios. Se continúa jugando con el dolor de los familiares, se ha manipulado una información como si fuera la verdad, corrompiendo las conciencias y los valores que deben inspirar el desarrollo de una democracia y de un Estado de Derecho.
Urge exigirle a las autoridades respuestas con la verdad, la misma verdad que exigimos para las violaciones de los Derechos Humanos, sin manipulaciones, sin ignominia, con democracia, justicia y libertad, nada más y nada menos.
(mabernal@sinfo.net)
La orquestada campaña que, bajo la batuta de quien ocupa el cargo de Procurador General de la Nación, se mantiene en nuestro medio contra la obligación que tenemos -como seres humanos- de conocer la verdad sobre los desaparecidos, a pesar del Informe Final de la Comisión de la Verdad (publicado el 18 abril de 2002) es reveladora de la ausencia de voluntad democratizadora y la creciente proclividad hacia el secretismo y engaño como forma de gobierno. Quienes así actúan pretenden hacernos olvidar que todos los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Pretenden también que se ignore que la democracia, el desarrollo y el respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. Les conviene pasar por alto que los tratados y convenios internacionales aprobados por el Organo Legislativo, que reconocen y protegen los Derechos Humanos, tienen fuerza vinculante en Panamá y por ello ignoran olímpicamente el más importante instrumento interamericano en esta materia: el Pacto de San José, que es Ley de la República de Panamá desde octubre de 1977.
En sentencia dictada el 29 de julio de 1988, en el caso contra el Estado de Honduras por denuncia de violación de derechos en perjuicio del Sr. Angel Manfredo Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó que: "La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez e interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, etc."(...)
Felizmente, el 25 de octubre de 2002, a pesar de todos los intentos del Procurador y del Embajador de Panamá ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al finalizar su 116° período ordinario de sesiones, emitió informe de admisibilidad de la denuncia presentada en el caso Heliodoro Portugal por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la hija de la víctima, Patria Portugal, el 31 de mayo de 2001 contra la República de Panamá. Portugal fue secuestrado el 14 de mayo de 1970, por cuatro agentes del antiguo G-2 de la Guardia Nacional. En el caso Portugal se determinó la existencia de "elementos suficientes de convicción para determinar que la desaparición de Heliodoro Portugal ocurrió mientras se encontraba bajo custodia de agentes estatales, en un centro de detención ilegal y que fue objeto de torturas". A pesar de este informe y de las recomendaciones que éste emite, en términos de justicia, derecho a la verdad, reparación moral y material, para sus familiares; el Estado permanece en silencio y no ha realizado ninguna acción a favor al respecto.
Desde hace más de una década, la señora Patria Portugal, compareció ante las autoridades judiciales panameñas para denunciar la desaparición de su padre. A pesar de la denuncia realizada no hubo una investigación exhaustiva de los hechos, por el contrario, durante más de nueve años la denuncia permaneció archivada en los tribunales panameños. El proceso judicial continúa inconcluso, fomentándose la impunidad en este país. Los autores tanto materiales como intelectuales aún no han sido condenados.
Es necesario recordarles, nuevamente, a las autoridades panameñas que ocultar, restringir, desviar la información a la población de lo ocurrido a las personas que fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas, al amparo del secreto constituye una expresión de la criminalidad que se extiende hasta nuestros días. Los criminales se refugian en vulgar manipulación de los hechos para no responder de sus crímenes, con el reconocimiento público del Procurador que, con su actitud, no busca otra cosa que valorar y reconocer el "coraje" de los asesinos, la "fortaleza" de los criminales para no claudicar ante la justicia e inocularnos su obcecación vocacional por la impunidad y desprecio de la dignidad humana. Con estas actuaciones no hacen otra cosa que revivir en los familiares de las víctimas el acto criminal, esta vez con expresiones de reconocimiento para los victimarios. Se continúa jugando con el dolor de los familiares, se ha manipulado una información como si fuera la verdad, corrompiendo las conciencias y los valores que deben inspirar el desarrollo de una democracia y de un Estado de Derecho.
Urge exigirle a las autoridades respuestas con la verdad, la misma verdad que exigimos para las violaciones de los Derechos Humanos, sin manipulaciones, sin ignominia, con democracia, justicia y libertad, nada más y nada menos.
(mabernal@sinfo.net)
