El CMA y América Latina
La presencia dinámica y vigilante de América Latina en cualquier convenio internacional sobre tráfico de estupefacientes se sustenta en el hecho irrefutable de que los mayores productores de hojas de coca Bolivia y Perú y las organizaciones dedicadas al procesamiento de la materia prima o pasta básica así como la comercialización internacional de la droga Colombia pertenecen a la región.
Por otro lado, el problema del narcotráfico adquiere en los países productores características específicas de orden socioeconómico derivadas del hecho de que la mayor parte del campesinado boliviano y peruano se dedica, desde tiempo inmemorial, al cultivo de la coca y si éste se prohibe, sin la aplicación de cultivos sustitutorios rentables, se crea un grave problema social. Por esta razón es que ambos países enfocan su política antidrogas, principalmente, desde el punto de vista social, mientras otros países encaran primordialmente Panamá y Estados Unidos y otros los aspectos de consumo y lavado de dinero.
La reacción de los países invitados a formar parte del CMA hay que entenderla desde esa perspectiva, aparte de la circunstancia de un tratado multinacional requiere estudio y regulaciones legislativas puntuales para su aprobación y ratificación. Evidentemente los países latinoamericanos no se satisfacen con acuerdos que soslayen el tema social y conceptúan, como lo recalcó años atrás un mandatario colombiano que debe predominar un encaramiento integral, que abarque producción, procesamiento, comercialización, consumo y otros conexos, y no se repliegue en asuntos informativos o de combate militar o policial.
La ausencia de Bolivia y Perú entre los países invitados a formar parte del CMA probablemente se explique por la incompatibilidad entre sus políticas nacionales y la orientación del tratado. Deberíase insistir en conocer oficialmente sus puntos de vista y en solicitar su presencia en el CMA, si partimos de la comprobación de la parcialidad, por no decir inocuidad, de un convenio que excluye a los productores más voluminosos del recurso, que origina la drogadicción, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Estados Unidos desarrolla programas bilaterales con cada uno de los países señalados y conoce, por consiguiente, la raíz y la realidad de la problemática. Por razones de una metodología de negociación diplomática, cuyas lagunas observamos hoy, los países latinoamerianos no intervinieron en la primera fase de las conversaciones. Se está a tiempo para modificar esa estrategia y así discutir con amplitud un convenio que tenga validez realmente multinacional.
Por otro lado, el problema del narcotráfico adquiere en los países productores características específicas de orden socioeconómico derivadas del hecho de que la mayor parte del campesinado boliviano y peruano se dedica, desde tiempo inmemorial, al cultivo de la coca y si éste se prohibe, sin la aplicación de cultivos sustitutorios rentables, se crea un grave problema social. Por esta razón es que ambos países enfocan su política antidrogas, principalmente, desde el punto de vista social, mientras otros países encaran primordialmente Panamá y Estados Unidos y otros los aspectos de consumo y lavado de dinero.
La reacción de los países invitados a formar parte del CMA hay que entenderla desde esa perspectiva, aparte de la circunstancia de un tratado multinacional requiere estudio y regulaciones legislativas puntuales para su aprobación y ratificación. Evidentemente los países latinoamericanos no se satisfacen con acuerdos que soslayen el tema social y conceptúan, como lo recalcó años atrás un mandatario colombiano que debe predominar un encaramiento integral, que abarque producción, procesamiento, comercialización, consumo y otros conexos, y no se repliegue en asuntos informativos o de combate militar o policial.
La ausencia de Bolivia y Perú entre los países invitados a formar parte del CMA probablemente se explique por la incompatibilidad entre sus políticas nacionales y la orientación del tratado. Deberíase insistir en conocer oficialmente sus puntos de vista y en solicitar su presencia en el CMA, si partimos de la comprobación de la parcialidad, por no decir inocuidad, de un convenio que excluye a los productores más voluminosos del recurso, que origina la drogadicción, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Estados Unidos desarrolla programas bilaterales con cada uno de los países señalados y conoce, por consiguiente, la raíz y la realidad de la problemática. Por razones de una metodología de negociación diplomática, cuyas lagunas observamos hoy, los países latinoamerianos no intervinieron en la primera fase de las conversaciones. Se está a tiempo para modificar esa estrategia y así discutir con amplitud un convenio que tenga validez realmente multinacional.
