El compromiso con la descentralización
Hace diez años los partidos y candidatos presidenciales se comprometieron públicamente a promover la descentralización. Dos de los firmantes (Mireya Moscoso y Martín Torrijos) luego fueron escogidos como presidentes, pero el Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local firmado no fue cabalmente cumplido.
En el documento se comprometían a impulsar decididamente la descentralización político administrativa del Estado panameño, como un proceso de transferencia gradual, equitativa y responsable de competencias, recursos humanos, tecnológicos y económicos, responsabilidades y poder de decisión desde el gobierno central hacia los gobiernos locales. En la medida en que se efectúe esta transferencia es necesario propiciar en las municipalidades el desarrollo de las responsabilidades y capacidades necesarias para asumir el proceso a escala óptima en el ámbito local y, simultáneamente, debe lograrse la modificación de las entidades del nivel central que tenían dichas funciones.
Reconocemos al municipio como la unidad político-administrativa del proceso de descentralización del Estado, fortalecido con una creciente participación ciudadana.
Por ello el desarrollo local debe sumar, además de infraestructura, generación productiva y puestos de trabajo a nivel local, el desarrollo humano y social en el ámbito local a través de programas participativos y educativos.
Aprobar los presupuestos municipales previa consulta popular sobre objetivos, prioridades y asignación de recursos. Implementación del derecho de iniciativa, referéndum municipal que otorgan la Constitución Nacional y leyes nacionales vigentes, e impulsar la adopción de otros derechos como el cabildo abierto, la revocación y la participación ciudadana a través de comisiones de desarrollo municipal.
Promover una administración municipal eficiente, eficaz y transparente; propiciada por la contraloría social de la sociedad civil que erradique o mitigue la corrupción. Desarrollo de la capacidad de la gestión local que permita superar la falta de preparación de los gobiernos locales para asumir las competencias que poseen o que deban ser transferidas por el gobierno central. Establecer una política de personal dirigida al perfeccionamiento profesional del funcionario municipal. Establecer los mecanismos que propicien la formación de cuadros gerenciales requeridos, de acuerdo con las necesidades que exige la descentralización, generando la asistencia técnica necesaria para fortalecer el proceso. Es fundamental incorporar a los empleados técnicos y administrativos municipales a la Carrera Administrativa del empleado público, para lograr su adecuada y correcta profesionalización.
Incorporación de la dimensión ambiental en todo el proceso de planificación y ejecución del desarrollo local, incentivando la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones sobre la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales y ambientales que sean necesarios para la ampliación de las capacidades de sus habitantes. Estimular la educación ambiental participativa formal y no formal en el ámbito local. Compromiso de respetar la estructura de gobierno tradicional y comarcas de los pueblos indígenas y buscar su incorporación al régimen municipal salvaguardando su identidad.
Esta es una agenda pendiente, y el país necesita hoy más que nunca de la voluntad de actores políticos y sociales expresada en los cambios a que este pacto compromete.
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