El conflicto colombiano
Cien años después de nuestra separación, arde el conflicto colombiano que, según parece, no tiene viso de resolverse a corto plazo, vislumbrándose más bien el mantenimiento y escalada de la guerra que las posibilidades de la paz. Las repercusiones se proyectan a Panamá y es necesario estar permanentemente preparados. ¿Cuál es la posición de los candidatos sobre este espinoso tema? ¿Qué lugar ocupa en sus planes de gobierno?
Todo esto es un desafío a la sociedad nacional y a la comunidad internacional, en cuanto a pensar y realizar estrategias alternativas para coadyuvar a favor de la paz y lidiar con el continuo deterioro de los derechos humanos que genera la situación en Colombia y en los países vecinos.
La agudización del escalamiento bélico que provoca el Plan Colombia y el 11-S, va a resultar en mayores costos humanos, por lo que urge aumentar la disponibilidad y capacidad proporcionar la asistencia humanitaria de las víctimas de la guerra e incidir de diversas maneras en la construcción de procesos de paz y de los fundamentos sociales de desarrollo, equidad y democracia, que coadyuve en levantar la reconstrucción de ese país, y sus relaciones con sus vecinos. Para ello Panamá debe posicionar su estrategia sobre la base de estos principios:
Neutralidad frente al conflicto en función del respeto al derecho de autodeterminación de Colombia y la no intervención en sus asuntos internos. No aceptación de ayuda internacional que condicionen el apoyo o participación en al desarrollo del conflicto
Priorización de la región de la Frontera Este (Darién y Comarcas) como área fundamental para el desarrollo nacional, fortaleciendo el poder local y la participación ciudadana. Impulsar la creación de una zona de paz.
Defensa integral de la frontera, combinando la eficacia con el respeto a los derechos humanos de la población. Afirmar los principios de civilidad democrática y soberanía, en función de impedir reediciones del militarismo o militarización argumentando el enfrentar el conflicto colombiano.
Promoción y participación activa a eventuales procesos de paz en Colombia, a través de la mediación u otra forma útil para el logro de este objetivo.
Promoción de los derechos humanos de las víctimas de las guerras, mediante la asistencia humanitaria. Desarrollar una política exterior de seguridad democrática, transparente y de permanente consulta con todos los sectores nacionales.
Las víctimas del conflicto tocan a nuestras puertas, por lo que el Gobierno debe establecer una política humanitaria con relación a desplazados y refugiados sobre la base de elementos como éstos:
El Estado panameño debe requerir a todas sus instituciones y agentes respetar las normas internacionales y nacionales relativas a los desplazados y refugiados, en particular la obligación de respetar los derechos a la vida, integridad física y seguridad personal de los desplazados.
El Estado panameño debe ejecutar los programas de asistencia humanitaria y de desarrollo en coordinación con entidades internacionales con experticia en el tema, asegurando que se facilite el alojamiento adecuado, se cumpla con las reglas básicas en materia de salud e higiene, y se respeten las unidades familiares y el contexto cultural.
El Estado panameño debe coordinar con el Estado colombiano el reasentamiento o regreso a los lugares habituales de residencia. Los procesos de retorno deben efectuarse de manera voluntaria, y en condiciones de seguridad y dignidad para los retornados.
Debe desarrollar una campaña comunicativa sobre la situación de los desplazados enfatizando su calidad de población civil, no combatiente ni asimilable a ninguna de las partes en el conflicto
El Estado panameño debe garantizar el respeto por parte de todas las autoridades nacionales y locales, elegidas o designadas, de los principios de igualdad y no discriminación a los desplazados internos, para evitar situaciones de rechazo.
El Estado panameño en coordinación con el Estado colombiano, debe documentar a los desplazados, tomando en cuenta la experiencia de varios países de la región y la cooperación de las organizaciones con experiencia en esta tema.
El Estado debe fortalecer la presencia y coordinación del sector internacional para compartir y coordinar programas eficaces de atención que permitan soluciones coherentes y duraderas. (CIDH, 2001)
Todo esto es un desafío a la sociedad nacional y a la comunidad internacional, en cuanto a pensar y realizar estrategias alternativas para coadyuvar a favor de la paz y lidiar con el continuo deterioro de los derechos humanos que genera la situación en Colombia y en los países vecinos.
La agudización del escalamiento bélico que provoca el Plan Colombia y el 11-S, va a resultar en mayores costos humanos, por lo que urge aumentar la disponibilidad y capacidad proporcionar la asistencia humanitaria de las víctimas de la guerra e incidir de diversas maneras en la construcción de procesos de paz y de los fundamentos sociales de desarrollo, equidad y democracia, que coadyuve en levantar la reconstrucción de ese país, y sus relaciones con sus vecinos. Para ello Panamá debe posicionar su estrategia sobre la base de estos principios:
Neutralidad frente al conflicto en función del respeto al derecho de autodeterminación de Colombia y la no intervención en sus asuntos internos. No aceptación de ayuda internacional que condicionen el apoyo o participación en al desarrollo del conflicto
Priorización de la región de la Frontera Este (Darién y Comarcas) como área fundamental para el desarrollo nacional, fortaleciendo el poder local y la participación ciudadana. Impulsar la creación de una zona de paz.
Defensa integral de la frontera, combinando la eficacia con el respeto a los derechos humanos de la población. Afirmar los principios de civilidad democrática y soberanía, en función de impedir reediciones del militarismo o militarización argumentando el enfrentar el conflicto colombiano.
Promoción y participación activa a eventuales procesos de paz en Colombia, a través de la mediación u otra forma útil para el logro de este objetivo.
Promoción de los derechos humanos de las víctimas de las guerras, mediante la asistencia humanitaria. Desarrollar una política exterior de seguridad democrática, transparente y de permanente consulta con todos los sectores nacionales.
Las víctimas del conflicto tocan a nuestras puertas, por lo que el Gobierno debe establecer una política humanitaria con relación a desplazados y refugiados sobre la base de elementos como éstos:
El Estado panameño debe requerir a todas sus instituciones y agentes respetar las normas internacionales y nacionales relativas a los desplazados y refugiados, en particular la obligación de respetar los derechos a la vida, integridad física y seguridad personal de los desplazados.
El Estado panameño debe ejecutar los programas de asistencia humanitaria y de desarrollo en coordinación con entidades internacionales con experticia en el tema, asegurando que se facilite el alojamiento adecuado, se cumpla con las reglas básicas en materia de salud e higiene, y se respeten las unidades familiares y el contexto cultural.
El Estado panameño debe coordinar con el Estado colombiano el reasentamiento o regreso a los lugares habituales de residencia. Los procesos de retorno deben efectuarse de manera voluntaria, y en condiciones de seguridad y dignidad para los retornados.
Debe desarrollar una campaña comunicativa sobre la situación de los desplazados enfatizando su calidad de población civil, no combatiente ni asimilable a ninguna de las partes en el conflicto
El Estado panameño debe garantizar el respeto por parte de todas las autoridades nacionales y locales, elegidas o designadas, de los principios de igualdad y no discriminación a los desplazados internos, para evitar situaciones de rechazo.
El Estado panameño en coordinación con el Estado colombiano, debe documentar a los desplazados, tomando en cuenta la experiencia de varios países de la región y la cooperación de las organizaciones con experiencia en esta tema.
El Estado debe fortalecer la presencia y coordinación del sector internacional para compartir y coordinar programas eficaces de atención que permitan soluciones coherentes y duraderas. (CIDH, 2001)
