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El costo de la corrupción


El fallo de la Corte Suprema de Justicia, con relación al caso CEMIS, no solamente tiene repercusiones en el campo de la justicia por cuanto ampara la impunidad de los legisladores y de tipo ético, pues deja sin resolver una grave denuncia que causó conmoción en la opinión pública; sino también de tipo económico, porque aleja cada vez más la esperanza de una recuperación.
Cuando un país alcanza altos niveles de corrupción y degradación institucional, como en el caso panameño de acuerdo a las encuestas y los hechos, aumenta lo que en el ambiente financiero se conoce como “riesgo país”. Esto significa que cuando el gobierno, un banco, o algún inversionista solicita un préstamo internacional, se ve obligado a pagar un interés más alto por el uso del dinero debido al riesgo mayor que existe en la operación.
Además, mientras más corrupción exista en un país, más cuesta crear y mantener una empresa. No solamente el mayor riesgo de hacer negocios aleja a los inversionistas que generalmente deciden escoger otro destino que les ofrezca mayores garantías para sus inversiones; sino también la corrupción es como un impuesto adicional que tiene que pagar el sector productivo entre sus costos de operación. En algunos casos se estima que las coimas pueden llegar a sumar hasta un 25% sobre el resultado de la operación del año, lo que muchas veces significa para el negocio la diferencia entre existir o desaparecer. Además, está la repercusión alcista que tiene sobre el precio del producto, y la consiguiente merma de competitividad respecto a otros que no tienen que incorporar en su costo y precio el malsano componente.
Los economistas que se especializan en establecer relaciones entre variables han llegado a calcular que de no existir corrupción en Panamá se podría alcanzar un crecimiento económico del doble del actual por el alto costo improductivo que tiene, el desvío de energías y recursos para perseguirla y castigarla, y las inversiones que se pierden.
Por su parte, en el sector público, la corrupción puede provocar un desplazamiento de las inversiones hacia actividades que produzcan mayores beneficios al funcionario corrupto que al país, o donde sea más fácil establecer mecanismos para efectuarla. Por ello, es común encontrar que los políticos corruptos prefieran la inversión en obras públicas por encima de la inversión en educación distorsionando las políticas de desarrollo.
Para que un país goce de altos índices de crecimiento económico es necesario que exista una justicia fiable, expedita, eficiente, barata y predecible; y en Panamá, lamentablemente, la justicia es lenta, ineficiente, cara y el último fallo de la corte la hace impredecible y nada confiable. Afortunadamente, esta vez nos anima una pequeña llama de esperanza representada por una minoría de magistrados que salvaron su voto y por una procuradora suplente que sigue erigiéndose en baluarte de una administración de justicia mejor, lo cual nos permite decir que no todo está perdido.
Panamá no había ganado la partida, pero tampoco la había perdido. Y para Panamá ya eso era un avance en la ruta abrogacionista que había trazado el presidente Roberto F. Chiari, con razón denominado “el Presidente de la dignidad”. (Continuará la próxima semana)

(ariyan@sinfo.net)

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