El costo de los alimentos y el lucro desmedido
El incremento desmesurado del costo de los alimentos básicos amenaza dar al traste con los logros sociales y económicos producidos por la disminución del desempleo y el aumento del salario mínimo. Las explicaciones que se han dado parecieran no ser suficientes, aunque las mismas hacen referencia a hechos como la caída del dólar, el incremento en los costos de producción por la subida del petróleo y una mayor demanda como consecuencia del mejor desempeño económico.
No puede negarse que la interacción de los factores antes enumerados ha contribuido a la inflación, pero es obvio que hay un elemento que potencia y acelera este fenómeno desconocido en Panamá y que la población con menos ingresos experimenta cada vez que compra arroz, leche, pan, carne y los demás alimentos básicos.
Desde el año 1996, en la Cumbre de Roma, el concepto de seguridad alimentaria constituye una aspiración de todos los países del mundo para reducir el hambre y la desnutrición. La seguridad alimentaria requiere, entre otras cosas, que se garantice la disponibilidad de alimentos para que periódicos desabastecimientos no expongan a la población a carencias nutricionales. Este fenómeno -que hasta ahora no se ha registrado en las áreas urbanas- ha sido un viejo problema en la comarca Ngöbe Buglé en el período entre dos cosechas que coincide con el fin de la estación seca y se prolonga por dos o tres meses. Estas hambrunas anuales deben reducirse y desaparecer según avancen y se perfeccionen los proyectos de producción agrícola que forman parte de los programas de transferencias de la Red de Oportunidades, sobre todo el de los bonos familiares destinados a la compra de alimentos de SENAPAN.
Además de la disponibilidad, garantizar una alimentación adecuada requiere del acceso, pues de poco o nada sirve que haya alimentos si la gente no puede comprarlos porque el precio no está a su alcance. Las autoridades tienen que intervenir con todos los instrumentos legales a su alcance -como ha hecho el IMA y como intenta hacerlo la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia- para sancionar las prácticas deshonestas en la fijación de precios y la evidente complicidad de los oligopolios en la manipulación de bienes de primera necesidad y del precio de los mismos, pues no es un secreto la conexión entre algunos productores nacionales y los distribuidores y comercializadores de alimentos como la carne, el arroz y la harina.
Es en la especulación económica y el lucro desmedido donde hay que buscar la causa que ha agravado una situación de la cual las autoridades no pueden desligarse invocando la libertad del mercado, pues lo que peligra es la seguridad alimentaria y lo que está en juego es la salud de un importante sector de la población y la estabilidad social amenazada por una creciente frustración ciudadana.
