El crimen y la justicia
Es bien sabido que, junto a la desocupación, la inseguridad es la principal fuente de inquietud de los habitantes. A pesar de la gravedad del problema, todavía no se han tomado iniciativas capaces de reconstruir las condiciones de seguridad en que transcurre la vida cotidiana de la población, para lo cual se requiere atender, junto a las causas económicas y sociales, las deficiencias en el servicio de seguridad y justicia.
Es positivo que el director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Emilio de León, haya presentado su plan estratégico denominado "Un Panamá seguro" ante autoridades del Ejecutivo y del Organo Judicial. La PTJ fue creada en 1990 bajo la administración Endara, reemplazando al Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), aparato de apoyo de las fenecidas Fuerzas de Defensa, a fin de articular una política de Estado capaz de revertir el incremento del número de delitos que se registraba en el país; pero nunca logró impulsar medidas capaces de lograr tal objetivo.
El nuevo plan estratégico de la PTJ, sin embargo, es tan sólo un eslabón en la cadena de acciones requeridas para adoptar los correctivos necesarios para enfrentar la delincuencia. También es parcial ya que no plantea resolver los serios problemas de corrupción que existen en la institución. Ni en las anteriores administraciones, donde sus directores fueron fichas de escándalos y denuncias por supuestos actos irregulares, ni hasta ahora con el actual director que se había mantenido prácticamente ausente, la dirigencia de la institución, sus superiores o el resto del gobierno ha evidenciado el espíritu de compromiso que es necesario para renovar la justicia y poder librar una lucha efectiva en contra de la delincuencia, que necesariamente tiene que comenzar por el reconocimiento de los problemas internos de la institución.
Además, cualquier cambio en la PTJ debe estar acompañado de ajustes en el resto del Organo Judicial (incluyendo a los abogados defensores, cuyo comportamiento ha sido objeto de serios cuestionamientos), ya que no sólo se requiere de arrestos e investigaciones efectivas, sino también de enjuiciamientos y sentencias dentro del marco legal, así como cárceles que cumplan con las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Actualmente más de la mitad de la población carcelaria no ha sido juzgada. Más arrestos podría mejorar la seguridad, pero causaría mayor mora judicial y hacinamiento en las cárceles, con el consecuente deterioro de la imagen del tercer Organo del Estado, a menos que se implementen las medidas para agilizar los procesos en trámite, asignar mayores recursos para atender los nuevos e implementar los mecanismos necesarios para acabar con la corrupción.
Es positivo que el director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Emilio de León, haya presentado su plan estratégico denominado "Un Panamá seguro" ante autoridades del Ejecutivo y del Organo Judicial. La PTJ fue creada en 1990 bajo la administración Endara, reemplazando al Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), aparato de apoyo de las fenecidas Fuerzas de Defensa, a fin de articular una política de Estado capaz de revertir el incremento del número de delitos que se registraba en el país; pero nunca logró impulsar medidas capaces de lograr tal objetivo.
El nuevo plan estratégico de la PTJ, sin embargo, es tan sólo un eslabón en la cadena de acciones requeridas para adoptar los correctivos necesarios para enfrentar la delincuencia. También es parcial ya que no plantea resolver los serios problemas de corrupción que existen en la institución. Ni en las anteriores administraciones, donde sus directores fueron fichas de escándalos y denuncias por supuestos actos irregulares, ni hasta ahora con el actual director que se había mantenido prácticamente ausente, la dirigencia de la institución, sus superiores o el resto del gobierno ha evidenciado el espíritu de compromiso que es necesario para renovar la justicia y poder librar una lucha efectiva en contra de la delincuencia, que necesariamente tiene que comenzar por el reconocimiento de los problemas internos de la institución.
Además, cualquier cambio en la PTJ debe estar acompañado de ajustes en el resto del Organo Judicial (incluyendo a los abogados defensores, cuyo comportamiento ha sido objeto de serios cuestionamientos), ya que no sólo se requiere de arrestos e investigaciones efectivas, sino también de enjuiciamientos y sentencias dentro del marco legal, así como cárceles que cumplan con las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Actualmente más de la mitad de la población carcelaria no ha sido juzgada. Más arrestos podría mejorar la seguridad, pero causaría mayor mora judicial y hacinamiento en las cárceles, con el consecuente deterioro de la imagen del tercer Organo del Estado, a menos que se implementen las medidas para agilizar los procesos en trámite, asignar mayores recursos para atender los nuevos e implementar los mecanismos necesarios para acabar con la corrupción.
