El cumplimiento de las normas
La descomposición de nuestra sociedad ha adquirido un ritmo cada vez más acelerado. Negarlo no nos sirve de nada, y sólo contribuye a fortalecer la creciente incapacidad de los jerarcas gubernamentales de poder comprender lo que acontece, al tiempo que multiplican sus esfuerzos para que ocurra lo mismo con una abrumadora mayoría de habitantes de nuestro país.
CEMIS, FECE, "durodólares", la lista es interminable en materia de atracos de todo tipo y alcance a las arcas del erario, no importa dónde estén. Y por donde uno mire, en cualquier terreno, a los principales factores reales de poder sólo les interesa que la corrupción sea lo único que se valorice en Panamá. Y aquí se puede aplicar aquello de que: "El abismo atrae el abismo".
Pero el temor de lo que nos toca vivir, a pesar de promesas politiqueras que se han multiplicado más que los panes y peces del evangelio, no debe bajo ningún concepto llevarnos a ejercer la esperanza de poder actuar para mejorar las cosas. Debemos empezar por ser cada día más exigentes con las autoridades y sus actuaciones cotidianas y, muy especialmente, en lo que al cumplimiento de las normas básicas se refiere.
En efecto, la tendencia antidemocrática que ha ido ganando mucho terreno bajo el actual gobierno, ha logrado gracias a tortuosos mecanismos y procedimientos, imponer una serie de prácticas que distorsionan los cimientos de un verdadero Estado de Derecho Constitucional. Esa cadena les sirve para consolidar su impunidad arrogante y para recortar, reducir y conculcar nuestras libertades públicas, nuestras garantías fundamentales, nuestros derechos como humanos.
Se nos quiere hacer creer, a como de lugar, que la protección de la vida y la honra, la defensa y protección de nuestros derechos irrenunciables y de nuestras libertades, es el resultado de concesiones que generosamente nos hacen las autoridades y, ante lo cual, debemos estar agradecidos. Nada más alejado de la verdad y nada más repudiable y repugnante, a pesar del silencio de los más llamados a rechazar este comportamiento.
El cumplimiento de las normas y, de manera muy especial y dedicada, de todas las normas imperantes en materia de garantías fundamentales individuales y sociales y de Derechos Humanos, es la obligación principal de las autoridades, quienes quieran que ellas sean. Y ello es, y debe ser, condición sine qua non del ejercicio de la autoridad. No nos cansaremos de repetirlo.
Tenemos que intervenir como ciudadanos para alcanzar el respeto al debido proceso en todas las actuaciones de las autoridades. Tenemos que actuar como ciudadanos para repudiar la demagogia y exigir que: "Solo un Estado que dé ejemplo en todo, tiene autoridad moral para imponer la Ley".
