El debate constitucional
Para nada me molesta la aparición de iniciativas sobre reformas constitucionales, sean éstas "integrales", como suelen llamarlas algunos, o parciales. Y desatar una polémica sobre quiénes tienen o no "autoridad" para proponerlas me parece que poco contribuye a un debate que debe estar más orientado al análisis objetivo de los méritos de las propuestas. Una evaluación somera de la ventilación pública del tema constitucional, permite concluir que éste ha tenido muy escasa respuesta de la ciudadanía, cuyo veredicto será esencial al momento de decidir sobre cualquier proyecto de reformas. El debate sobre las reformas constitucionales no prende en la ciudadanía porque ésta todavía no ha podido descifrar qué persiguen algunos de los proponentes: si les anima la aspiración de acceder al poder por vía de la convocatoria de una asamblea constituyente o una legítima preocupación por dotar al país de instituciones más efectivas.
Cualquiera sea la razón que mueve a los proponentes de las reformas, sea por la vía de asambleas constituyentes, que no comparto, porque equivale a poner la carreta delante de los bueyes, o por otras vías menos traumáticas, lo primero que debería hacerse para dar contenido objetivo al debate constitucional es despejarlo de prefabricaciones y actitudes sectarias, y estar dispuesto a establecer algunos parámetros que contribuyan a centrar el tema.
Como es requisito indispensable para que haya posibilidad de adoptar reformas constitucionales un acuerdo nacional previo sobre lo que "se necesitaría reformar", el primer paso, en consecuencia, debe ser establecer, insisto en que sin preconcepciones, cuáles son las reformas que el país, no unos cuantos, por más méritos personales que puedan tener, considera impostergables. Ello llevaría a precisar, primero conceptualmente, -en esa etapa no sería práctico discutir textos específicos- cuáles son las reformas que apoyaría la mayoría de la ciudadanía. Tampoco estimo que en esa primera etapa sea imprescindible discutir el método para la adopción de las reformas.
Con anterioridad, en varias ocasiones he sostenido, y vuelvo a repetirlo, que hablar de constituciones nuevas es inconsistente. Salvo cuando ocurre una revolución social que cambia radicalmente la orientación ideológica de un país, es imposible adoptar constituciones completamente nuevas. Si ello no ocurre, y en Panamá nadie que se sepa está proponiendo que dejemos de ser una democracia de estilo occidental, las constituciones son suma de agregados. Y las últimas recogen la mayor parte de las precedentes.
La actual Constitución panameña tiene 322, agrupados en 15 títulos, el último de los cuales incluye las disposiciones transitorias. Un examen ponderado y objetivo de todo el articulado -invito a que lo hagamos todos-, comparándolo con las propuestas sustantivas más mencionadas, las meramente adjetivas no deben contar para esos efectos, arrojaría como resultado inobjetable que aquéllas no supondrían reformar, incluida la adición de nuevas normas, ni siquiera 15 artículos del texto constitucional vigente.
Repetidamente se escucha decir que la mejor constitución que ha tenido Panamá es la de 1946. Si la Constitución vigente se coteja con las de 1946 y 1972, sería obligatorio concluir que la actual es mucho más parecida a la primera que a la segunda.
Si se aceptara que el primer acuerdo nacional para considerar reformas a la Constitución debe ser consensuar el contenido de las mismas, decidir el método sería secundario. Insistir en que las reformas sólo pueden adoptarse mediante una asamblea constituyente puede ser una aspiración legítima de algunos, pero no es el sentir compartido por la mayoría del país. Yo insistiré en seguir proponiendo que primero acotemos el contenido de las reformas y busquemos el consenso que sería necesario para aprobarlas. Si se logra el consenso sobre el contenido, la vía para adoptar las reformas sería sencilla y rápida y podría utilizarse el mismo método que sirvió para aprobar el Titulo XIV sobre el Canal de Panamá.
Si no logramos construir un acuerdo sobre "las reformas necesarias" sería obvio que el país, y repito, el país, todavía no está preparado para, o no considera urgente, incursionar por ese sendero.
Cualquiera sea la razón que mueve a los proponentes de las reformas, sea por la vía de asambleas constituyentes, que no comparto, porque equivale a poner la carreta delante de los bueyes, o por otras vías menos traumáticas, lo primero que debería hacerse para dar contenido objetivo al debate constitucional es despejarlo de prefabricaciones y actitudes sectarias, y estar dispuesto a establecer algunos parámetros que contribuyan a centrar el tema.
Como es requisito indispensable para que haya posibilidad de adoptar reformas constitucionales un acuerdo nacional previo sobre lo que "se necesitaría reformar", el primer paso, en consecuencia, debe ser establecer, insisto en que sin preconcepciones, cuáles son las reformas que el país, no unos cuantos, por más méritos personales que puedan tener, considera impostergables. Ello llevaría a precisar, primero conceptualmente, -en esa etapa no sería práctico discutir textos específicos- cuáles son las reformas que apoyaría la mayoría de la ciudadanía. Tampoco estimo que en esa primera etapa sea imprescindible discutir el método para la adopción de las reformas.
Con anterioridad, en varias ocasiones he sostenido, y vuelvo a repetirlo, que hablar de constituciones nuevas es inconsistente. Salvo cuando ocurre una revolución social que cambia radicalmente la orientación ideológica de un país, es imposible adoptar constituciones completamente nuevas. Si ello no ocurre, y en Panamá nadie que se sepa está proponiendo que dejemos de ser una democracia de estilo occidental, las constituciones son suma de agregados. Y las últimas recogen la mayor parte de las precedentes.
La actual Constitución panameña tiene 322, agrupados en 15 títulos, el último de los cuales incluye las disposiciones transitorias. Un examen ponderado y objetivo de todo el articulado -invito a que lo hagamos todos-, comparándolo con las propuestas sustantivas más mencionadas, las meramente adjetivas no deben contar para esos efectos, arrojaría como resultado inobjetable que aquéllas no supondrían reformar, incluida la adición de nuevas normas, ni siquiera 15 artículos del texto constitucional vigente.
Repetidamente se escucha decir que la mejor constitución que ha tenido Panamá es la de 1946. Si la Constitución vigente se coteja con las de 1946 y 1972, sería obligatorio concluir que la actual es mucho más parecida a la primera que a la segunda.
Si se aceptara que el primer acuerdo nacional para considerar reformas a la Constitución debe ser consensuar el contenido de las mismas, decidir el método sería secundario. Insistir en que las reformas sólo pueden adoptarse mediante una asamblea constituyente puede ser una aspiración legítima de algunos, pero no es el sentir compartido por la mayoría del país. Yo insistiré en seguir proponiendo que primero acotemos el contenido de las reformas y busquemos el consenso que sería necesario para aprobarlas. Si se logra el consenso sobre el contenido, la vía para adoptar las reformas sería sencilla y rápida y podría utilizarse el mismo método que sirvió para aprobar el Titulo XIV sobre el Canal de Panamá.
Si no logramos construir un acuerdo sobre "las reformas necesarias" sería obvio que el país, y repito, el país, todavía no está preparado para, o no considera urgente, incursionar por ese sendero.
