El deber de consultar
LA ASOCIACIÓN Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) a través de su presidente Enrique de Obarrio, y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, a través de su similar, Raúl Delvalle, han coincidido en que el actual gobierno de Martín Torrijos está pecando por desinformación y falta de consulta respecto a sus planes y proyectos de reformas tributarias y del régimen de Seguro Social. Ambos son temas por dilucidar antes de retomar la senda de un crecimiento continuado que conduzca al país hacia una situación mejor de su economía y sus indicadores sociales. Porque, de lo contrario, la inversión y todo lo demás se frenan.
Para bien o para mal, como nación, tenemos que dilucidar ambos problemas para poder arrancar con más fuerza. Uno de los efectos, por ejemplo, de la política de postergación de ambos temas, es el hecho de no lograr aún el grado de inversión que facilitaría el flujo de capitales con la consiguientes generación de empleos, disminución de la pobreza y sus secuelas. Obviamente, no podemos culpar de ello a una administración que apenas cumple tres meses en el poder; pero al menos, sí podemos exigirle más información y más consulta.
En el marco de una nueva visión de democracia, más participativa por parte de la sociedad civil, es que debemos entender el clamor de la APEDE, la Cámara de Comercio, el Sindicato de la Construcción y demás organizaciones, que claman cada una a su modo por su propio puesto en la mesa de discusión. Ciertamente que, la decisión final será del gobierno, que todos elegimos conforme a las reglas del sistema; pero eso debe hacerse después de una amplia divulgación y discusión pública, sin sorpresas ni madrugonazos.
Para ese propósito, sugerimos que, desde este momento, se inicie una etapa de intensa divulgación y discusión de ambas reformas; no importa que se hallen en etapa incipiente o de meros conceptos. No hay que temer a las voces discrepantes, que se levantarán sonoras de cualquier modo. Es preferible que ellas fluyan normalmente dentro del cauce de un debate constructivo y no acicateadas negativamente por la imposición, la sorpresa y el engaño.
Para bien o para mal, como nación, tenemos que dilucidar ambos problemas para poder arrancar con más fuerza. Uno de los efectos, por ejemplo, de la política de postergación de ambos temas, es el hecho de no lograr aún el grado de inversión que facilitaría el flujo de capitales con la consiguientes generación de empleos, disminución de la pobreza y sus secuelas. Obviamente, no podemos culpar de ello a una administración que apenas cumple tres meses en el poder; pero al menos, sí podemos exigirle más información y más consulta.
En el marco de una nueva visión de democracia, más participativa por parte de la sociedad civil, es que debemos entender el clamor de la APEDE, la Cámara de Comercio, el Sindicato de la Construcción y demás organizaciones, que claman cada una a su modo por su propio puesto en la mesa de discusión. Ciertamente que, la decisión final será del gobierno, que todos elegimos conforme a las reglas del sistema; pero eso debe hacerse después de una amplia divulgación y discusión pública, sin sorpresas ni madrugonazos.
Para ese propósito, sugerimos que, desde este momento, se inicie una etapa de intensa divulgación y discusión de ambas reformas; no importa que se hallen en etapa incipiente o de meros conceptos. No hay que temer a las voces discrepantes, que se levantarán sonoras de cualquier modo. Es preferible que ellas fluyan normalmente dentro del cauce de un debate constructivo y no acicateadas negativamente por la imposición, la sorpresa y el engaño.
