El deber de un gobernante

No somos de aquéllos que piensan que gobernar un país es un trabajo tan sencillo que cualquiera puede salir airoso con sólo empuñar la voluntad. En el terreno de las realidades prácticas se encuentran muchas dificultades agazapadas que frecuentemente le cierran el paso a los mejores planes y a las más limpias intenciones. Esto ha sido siempre así y debe serlo peor ahora en épocas difíciles, cuando todo anda desorbitado y los métodos comunes de la acción gubernamental fallan por no encontrar un punto de apoyo firme y seguro.
El gobernante que lleve sobre sí el peso de sus deberes tendrá, por fuerza, que ponerse a tono con las circunstancias del momento no para someterse a ellas buenamente, sino para encauzarlas en el sentido que el bienestar del país exija. Pero es difícil determinar cómo debe ese gobernante hacer frente a sus obligaciones propias de su responsabilidad. El gobernante debe hacer más administración y menos política partidista; debe ser virtuoso, honrado, ecuánime, y justo; el gobernante debe ser un magistrado imparcial que administre los intereses del país con prescindencia de los egoístas y personalistas.
En los tiempos del clasicismo político todo esto estaba muy bien. Entonces se pretendía que podía haber una ciencia de gobierno sujeta a los preceptos que regulan la moral corriente. Ahora, cuando es común decir que estamos viviendo en un mundo cambiante, esas formas no bastan; lo que significa que las condiciones del gobernante y los medios de que se valía hace un siglo no pueden ser ya los mismos frente a las nuevas necesidades que se caracterizan por la urgencia con que piden el reajuste de muchas cosas que andan fuera de su centro.
No es que las clásicas virtudes de la justicia, de la responsabilidad y de la honradez, de las buenas intenciones hayan perdido su prestigio o la fuerza rectora con que siempre guiaron la conducta de los hijos célebres de la patria. El gobernante debe ocupar una nueva posición que debe ser determinada totalmente por las necesidades que existen en el orden social. Lejos de portarse como un personaje ajeno a la realidad y refractario a la acción, el gobernante debe ser audaz en asumir sus responsabilidades que inspiren un propósito de llevar bienestar a sus conciudadanos. Es pura ingenuidad querer combatir los perniciosos efectos económicos del desequilibrio social existente con el ejercicio platónico de simples virtudes teóricas cuando al mismo tiempo se prescinde de llevar a la práctica del gobierno métodos de efectividad probada en administración, análogos a los que se usan en el campo de los negocios privados.
El primer deber del gobernante moderno es el de trabajar todos los días desde el primero hasta el último de su administración. Trabajo positivo para ennoblecer las funciones públicas y servir las aspiraciones nacionales. El trabajo así concebido es, ante todo, una actitud dinámica para alcanzar el porvenir.
La popularidad y el respeto de que gozaron los mejores gobernantes de este país fueron debido a que llevaron al máximo de rendimiento el concepto de la función gubernamental tal como la hemos descrito. ¿Por qué, proporciones guardadas, no podría nuestra Presidenta desempeñar también sus funciones en la forma que se impone en la vida moderna? No pide otra cosa la responsabilidad que gravita sobre los hombros de un mandatario en un régimen constitucional, como el nuestro, en donde el presidente lo es todo y le obliga a conducirse como jefe de la administración, como líder político y como inspirador de la opinión pública.