El debido proceso y el debate público

En un Estado de derecho la reserva del sumario es parte cardinal del debido proceso. Las autoridades judiciales han preservado esta norma con mucho celo por las implicaciones ilegales que tiene ventilar los casos a la luz pública, y sobre todo a través de los medios de comunicación. Claro que tal acción irregular podría entenderse, si la acción procediera de un elemento foráneo a las lides del derecho, pero tratándose de la Procuraduría General de la Nación, el debate público crea reservas, genera aprehensiones y hasta dudas. La ciudadanía ha visto a una Procuradora que a través de los medios ha salido a decir su verdad, colocando en dudas al propio aparato judicial del Estado. La lectura que deja es que ha tenido que recurrir a los medios porque a lo interno de la estructura de la que es parte nadie está seguro de lo que pueda ocurrir, aunque la verdad esté de su lado ¿Es así? Posiblemente, porque otros altos funcionarios de ese sector han admitido la existencia de corrupción en esas estructuras. Válido es preguntarse hasta dónde va la credibilidad y la autoridad de una estructura judicial en la que no creen siquiera sus propios integrantes y donde el debido proceso es víctima en lugar de norma. Pareciera que en su interior el aparato judicial se debate en una peligrosa lucha intestina que puede poner en riesgo el propio Estado de Derecho por el que debe velar.