El defensor del pueblo
La elección de un nuevo Defensor del Pueblo representa una magnífica oportunidad para que la Asamblea Legislativa, tan politizada, haga los mejores esfuerzos para que dicho escogimiento recaiga en una persona independiente, comprometida con la sociedad civil; a un profesional de valía, libre de compromisos políticos que lo aten, con capacidad e inteligencia y con un gran conocimiento de la realidad nacional en materia de derechos humanos; a un panameño o panameña que hayan demostrado un elevado espíritu de honradez profesional y con grandes deseos de trabajar por una justicia efectiva y expedita.
De ninguna manera debe prevalecer el interés politiquero, ni la mayoría de legisladores en el seno de la Asamblea Legislativa, producto de arreglos y de pactos, para elegir esta figura de tanta trascendencia para la vida de la nación. Cada legislador debe convertirse en un elector consciente y con vocación de patria debe escoger al candidato que reúna las condiciones requeridas para realizar esta labor en beneficio de la comunidad nacional.
Frente a este desafío y la importante misión de la Defensoría del Pueblo, se necesita elegir a un candidato independiente ante los partidos políticos, sobre todo, que en nuestro país el tema de la reconciliación nacional es un proyecto inconcluso. Por lo tanto, una persona independiente dará confianza a los parlamentarios de gobierno y oposición para trabajar sin condiciones, ni ataduras, juntos, por los derechos humanos y la democracia. Pero, igualmente, para la comunidad nacional, esa persona debe estar comprometida con la sociedad civil y esa es su razón de ser lo que su independencia es una garantía de credibilidad y de confianza para todos.
Es importante reiterarle a la opinión pública y a los legisladores que la institución de la Defensoría del Pueblo es una herramienta de los habitantes de los ciudadanos de nuestra patria, de todos los hombres y mujeres que, como personas, tienen derechos humanos. Así, el Defensor del Pueblo debe dedicarse a la defensa de nuestros derechos humanos, no sólo derechos individuales (derecho a reunión, a organizarnos al debido proceso, a nuestra libertad, entre otros), sino también los derechos al trabajo, a la educación a la vivienda, a nuestra cultura, a un modelo de desarrollo que garantice una calidad de vida para todos los panameños. Este trabajo no es sólo una tarea de protección y defensa, sino también la realización de un proceso educativo en derechos humanos que contribuya a generar una sociedad tolerante, más dispuesta a reconocer fallas en aras de la justicia.
Es conveniente que para la escogencia de este funcionario una comisión integrada por la Iglesia, los Derechos Humanos, Justicia y Paz y otros sectores importantes de la nación, colaboren señalando caminos a fin de contribuir a una acertada elección por parte de quienes tienen la grave responsabilidad de hacerlo.
De ninguna manera debe prevalecer el interés politiquero, ni la mayoría de legisladores en el seno de la Asamblea Legislativa, producto de arreglos y de pactos, para elegir esta figura de tanta trascendencia para la vida de la nación. Cada legislador debe convertirse en un elector consciente y con vocación de patria debe escoger al candidato que reúna las condiciones requeridas para realizar esta labor en beneficio de la comunidad nacional.
Frente a este desafío y la importante misión de la Defensoría del Pueblo, se necesita elegir a un candidato independiente ante los partidos políticos, sobre todo, que en nuestro país el tema de la reconciliación nacional es un proyecto inconcluso. Por lo tanto, una persona independiente dará confianza a los parlamentarios de gobierno y oposición para trabajar sin condiciones, ni ataduras, juntos, por los derechos humanos y la democracia. Pero, igualmente, para la comunidad nacional, esa persona debe estar comprometida con la sociedad civil y esa es su razón de ser lo que su independencia es una garantía de credibilidad y de confianza para todos.
Es importante reiterarle a la opinión pública y a los legisladores que la institución de la Defensoría del Pueblo es una herramienta de los habitantes de los ciudadanos de nuestra patria, de todos los hombres y mujeres que, como personas, tienen derechos humanos. Así, el Defensor del Pueblo debe dedicarse a la defensa de nuestros derechos humanos, no sólo derechos individuales (derecho a reunión, a organizarnos al debido proceso, a nuestra libertad, entre otros), sino también los derechos al trabajo, a la educación a la vivienda, a nuestra cultura, a un modelo de desarrollo que garantice una calidad de vida para todos los panameños. Este trabajo no es sólo una tarea de protección y defensa, sino también la realización de un proceso educativo en derechos humanos que contribuya a generar una sociedad tolerante, más dispuesta a reconocer fallas en aras de la justicia.
Es conveniente que para la escogencia de este funcionario una comisión integrada por la Iglesia, los Derechos Humanos, Justicia y Paz y otros sectores importantes de la nación, colaboren señalando caminos a fin de contribuir a una acertada elección por parte de quienes tienen la grave responsabilidad de hacerlo.
