El Defensor del Pueblo sólo se debe a la sociedad civil
La verdad es que en Panamá estamos hartos de las sinverguenzuras y cambiante demagogia de los partidos políticos. Todo está hecho siempre a su medida y muy poco espacio se da, en las cosas que realmente importan, a la sociedad civil. Lastimosamente, en la Asamblea Legislativa, sitio por antonomasia donde suelen medrar los partidos en función de sus intereses particulares, se deciden muchos temas vitales para el país. Mientras no cambie la imagen negativa de los partidos -de todos en absoluto-, no cambiará la de la Asamblea.
Todo esto viene a cuento porque son los legisladores quienes deberán decidir quién será el próximo Defensor del Pueblo. Un cargo extremadamente importante porque, mediante gestiones, conciliaciones y pronunciamientos ponderados y ecuánimes, puede contribuir a sanear la moralidad panameña, tan maltrecha por los embates -sutiles o descarados- de la corrupción y sus mil rostros, de la injusticia social con similar número de manifestaciones y de la fuertemente atrincherada impunidad.
En un interesante y oportuno artículo publicado en el diario La Prensa el 3 de noviembre pasado, José Alberto Alvarez, ex presidente del Colegio Nacional de Abogados, razona en torno a los requisitos recientemente publicados que, a juicio de la Asamblea Legislativa, debe llenar el próximo Defensor del Pueblo. Señala que "ya el tema tiene nombre, tal vez le falte apellido"; y se pregunta si ante semejante burla "debemos permanecer callados (...) y no decir nada por una elección que no será decidida según méritos, sino por los votos y como parte de quién sabe qué pacto". Más adelante responde que "no debemos desaprovechar la oportunidad para denunciar que una vez más la clase política de este país hará trizas una institución que ha calado en el pueblo y que tiene un papel de orientación, conciliación y diálogo en la sociedad".
Pero lo más importante del artículo de Alvarez y con lo que todo panameño genuino debería estar de acuerdo, con los requisitos que NO fueron consignados en el documento de la Asamblea Legislativa, y que son indispensables: la necesidad de que cada candidato al cargo de Defensor del Pueblo presente un plan de trabajo, es fundamental. Otro es la total independencia política, "así como de criterio o pertenencia a círculos económicos de poder, pues en su misión no solamente debe cuestionar las actuaciones de los funcionarios, sino también los quebrantamientos de los derechos humanos que ejecute la empresa privada", señala. Y argumenta este punto explicando lo que debería ser obvio para todos: "Un Defensor del Pueblo no puede tener vinculaciones con ninguno de estos dos grupos de poder, ya que la mínima injerencia desnaturaliza su sagrada misión de defender a los sectores más necesitados y cuyos derechos son más comúnmente conculcados o violados". Además, destaca que los candidatos deberían acreditar vínculos con comisiones de derechos humanos, o bien presentar artículos, ensayos o libros escritos sobre estos temas como una manera de que conozcamos sus conocimientos y propuestas en la materia.
Por otra parte, con un sentido práctico y de alta conciencia cívica, Alvarez sugiere que se realice un debate público, tal vez en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, acerca de las ideas de cada candidato -especie de sustentación de su plan de trabajo-, a fin de que los oigamos expresarse al respecto. Por supuesto, la idea central de la preocupación de este abogado es la indispensable necesidad de sustraer a los candidatos de las anticipadas componendas y pactos de trastienda entre los partidos que ahora -o en cualquier momento- dominan la Asamblea Legislativa.
Termina haciéndole un llamado al Colegio Nacional de Abogados para que, con el apoyo de la sociedad civil lidere "esta lucha por evitar que los acuerdos de la clase política nos imponga a un Defensor del Pueblo". No cabe la menor duda que, como lo advierte Alvarez, si esto no ocurre, quien salga elegido "no hará otra cosa que defender sus intereses en menoscabo de los derechos de los más marginados de este país".
Ya basta de tanto cinismo y manipulación por parte de los políticos que tanto daño social, económico y moral hacen a Panamá. El Defensor del Pueblo, casi por definición, debe ser un profesional idóneo, desvinculado totalmente de militancias políticas o empresariales, además de una persona con un currículum que lo acredite como un luchador social moralmente incuestionable.
La sociedad civil, que por supuesto somos todos los que vivimos en este país del sancocho y la zancadilla, y que no participamos de las filiaciones e intereses antes mencionados, tenemos pleno derecho a ser tomados en cuenta; a ser escuchados. Los pactos META u otros de la misma tesitura pueden funcionar para acomodos políticos de diversa índole, pero somos los ciudadanos conscientes de este país quienes debemos tener voz, aunque el voto en este caso lo ejerzan otros, en cuanto a temas tan importantes como la manera en que habrá de elegirse al Defensor del Pueblo. Cualquier otra actitud sería no sólo interesada sino, y sobre todo, agresivamente ofensiva para quienes no gozamos de privilegios ni apadrinamos inmoralidades.
Todo esto viene a cuento porque son los legisladores quienes deberán decidir quién será el próximo Defensor del Pueblo. Un cargo extremadamente importante porque, mediante gestiones, conciliaciones y pronunciamientos ponderados y ecuánimes, puede contribuir a sanear la moralidad panameña, tan maltrecha por los embates -sutiles o descarados- de la corrupción y sus mil rostros, de la injusticia social con similar número de manifestaciones y de la fuertemente atrincherada impunidad.
En un interesante y oportuno artículo publicado en el diario La Prensa el 3 de noviembre pasado, José Alberto Alvarez, ex presidente del Colegio Nacional de Abogados, razona en torno a los requisitos recientemente publicados que, a juicio de la Asamblea Legislativa, debe llenar el próximo Defensor del Pueblo. Señala que "ya el tema tiene nombre, tal vez le falte apellido"; y se pregunta si ante semejante burla "debemos permanecer callados (...) y no decir nada por una elección que no será decidida según méritos, sino por los votos y como parte de quién sabe qué pacto". Más adelante responde que "no debemos desaprovechar la oportunidad para denunciar que una vez más la clase política de este país hará trizas una institución que ha calado en el pueblo y que tiene un papel de orientación, conciliación y diálogo en la sociedad".
Pero lo más importante del artículo de Alvarez y con lo que todo panameño genuino debería estar de acuerdo, con los requisitos que NO fueron consignados en el documento de la Asamblea Legislativa, y que son indispensables: la necesidad de que cada candidato al cargo de Defensor del Pueblo presente un plan de trabajo, es fundamental. Otro es la total independencia política, "así como de criterio o pertenencia a círculos económicos de poder, pues en su misión no solamente debe cuestionar las actuaciones de los funcionarios, sino también los quebrantamientos de los derechos humanos que ejecute la empresa privada", señala. Y argumenta este punto explicando lo que debería ser obvio para todos: "Un Defensor del Pueblo no puede tener vinculaciones con ninguno de estos dos grupos de poder, ya que la mínima injerencia desnaturaliza su sagrada misión de defender a los sectores más necesitados y cuyos derechos son más comúnmente conculcados o violados". Además, destaca que los candidatos deberían acreditar vínculos con comisiones de derechos humanos, o bien presentar artículos, ensayos o libros escritos sobre estos temas como una manera de que conozcamos sus conocimientos y propuestas en la materia.
Por otra parte, con un sentido práctico y de alta conciencia cívica, Alvarez sugiere que se realice un debate público, tal vez en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, acerca de las ideas de cada candidato -especie de sustentación de su plan de trabajo-, a fin de que los oigamos expresarse al respecto. Por supuesto, la idea central de la preocupación de este abogado es la indispensable necesidad de sustraer a los candidatos de las anticipadas componendas y pactos de trastienda entre los partidos que ahora -o en cualquier momento- dominan la Asamblea Legislativa.
Termina haciéndole un llamado al Colegio Nacional de Abogados para que, con el apoyo de la sociedad civil lidere "esta lucha por evitar que los acuerdos de la clase política nos imponga a un Defensor del Pueblo". No cabe la menor duda que, como lo advierte Alvarez, si esto no ocurre, quien salga elegido "no hará otra cosa que defender sus intereses en menoscabo de los derechos de los más marginados de este país".
Ya basta de tanto cinismo y manipulación por parte de los políticos que tanto daño social, económico y moral hacen a Panamá. El Defensor del Pueblo, casi por definición, debe ser un profesional idóneo, desvinculado totalmente de militancias políticas o empresariales, además de una persona con un currículum que lo acredite como un luchador social moralmente incuestionable.
La sociedad civil, que por supuesto somos todos los que vivimos en este país del sancocho y la zancadilla, y que no participamos de las filiaciones e intereses antes mencionados, tenemos pleno derecho a ser tomados en cuenta; a ser escuchados. Los pactos META u otros de la misma tesitura pueden funcionar para acomodos políticos de diversa índole, pero somos los ciudadanos conscientes de este país quienes debemos tener voz, aunque el voto en este caso lo ejerzan otros, en cuanto a temas tan importantes como la manera en que habrá de elegirse al Defensor del Pueblo. Cualquier otra actitud sería no sólo interesada sino, y sobre todo, agresivamente ofensiva para quienes no gozamos de privilegios ni apadrinamos inmoralidades.
