El defensor y los ciudadanos
Pareciera que para algunos miembros de la actual administración, la Defensoría del Pueblo es un apéndice de los poderes públicos, ya sean nacionales o municipales, y no una institución autónoma e independiente para ser un efectivo factor de poder de la ciudadanía, impidiendo a los entes estatales cometer abusos inaceptables dentro de una sociedad democrática.
Por ello, los recientes “encontronazos” que ha tenido el Defensor del Pueblo con algunos funcionarios nos permite dar cuenta de que esta institución está ejerciendo sus funciones de amparar las garantías constitucionales y los derechos humanos de una población cada día más madura, la cual reclama de sus autoridades la satisfacción de sus necesidades básicas en materias tan elementales como salud, seguridad y recolección de la basura, entre otras.
Estas actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo, en defensa de los derechos ciudadanos y de la institucionalidad misma de la Defensoría, crean un grado de optimismo en los sectores de la sociedad civil, y están activadas dentro de la promoción de los derechos humanos, ya que entendemos que con las mismas se contribuye a salvar el enorme desequilibrio que vivimos en nuestro país entre el poder ciudadano y los poderes económicos y políticos enquistados en el aparato gubernamental.
Al actual Defensor del Pueblo le toca aún por recorrer un largo sendero hasta el final de su mandato; pero en ese caminar en pos de una mayor democracia y valoración de los intereses ciudadanos, debería contar con el amplio apoyo de los sectores de la sociedad civil que promueven la defensa de los derechos humanos, clubes cívicos, las minorías étnicas, de los grupos de trabajadores y estudiantes que son, en la mayoría de los casos, los más afectados por decisiones gubernamentales que desprotegen hasta limites inaceptables sus derechos ciudadanos.
Mi recomendación al Defensor del Pueblo es que siga promoviendo la cultura de transparencia, legado del ex defensor Tejada Espino, pidiéndole a las entidades públicas que publiquen, oportunamente, sus planillas y contratos; el mejoramiento de todos los servicios públicos, especialmente los de recolección de la basura y suministro de agua potable; denunciar el hacinamiento en el sistema carcelario, que afecta los mínimos estándares de la dignidad humana; la defensa del medio ambiente, oponiéndose a las concesiones mineras y la destrucción de nuestros bosques y manglares; y, sobre todo, la protección y defensa efectiva de los derechos humanos para evitar situaciones indeseables como lo fueron los más de cien panameños muertos productos de consumir medicamentos envenenados del Seguro Social o los 18 calcinados que parecieron en vano, de un transporte público, temas que ninguna autoridad gubernamental de la presente administración se atreve a enfrentar como es debido.
