El Departamento de Estado y Colombia
Director del Centro de Análisis Sociopolíticos
Bogotá/AIPE. Para los colombianos y para muchos norteamericanos la política de Estados Unidos hacia Colombia es incomprensible, incoherente y hasta esquizofrénica. Es una percepción acertada pues esta política o más bien la ausencia de ella, refleja presiones de diversos intereses. Por un lado está una línea realista que ha visto con claridad el carácter terrorista de la subversión marxista colombiana y su participación en el negocio de las drogas. Este grupo aboga por enfrentar esta amenaza a los intereses de Estados Unidos y de todo el continente brindándole una ayuda sustancial a las agobiadas Fuerzas Militares de Colombia. En la otra orilla hay personas, llamémoslas "filo-marxistas", que ven con simpatía el marxismo, ojalá, eso sí, lejos de Estados Unidos. Estos últimos se oponen a toda ayuda a las Fuerzas Militares de Colombia. Recogen y difunden, para respaldar sus argumentos, toda suerte de acusaciones, en su mayoría falsas, sobre violaciones de los derechos humanos que se formulan contra los militares colombianos. Estos cuentan con el apoyo de un tercer grupo, los aislacionistas, que creen que si apoyan a los filo-marxistas evitarán que Estados Unidos se involucren en el conflicto colombiano.
Recientemente el Departamento de Estado, simultáneamente con la subversión colombiana, acusó a los generales Fernando Millán y Rito Alejo del Río de tener vínculos con paramilitares. La realidad es que en ninguno de los dos casos existen pruebas válidas que sustenten tal afirmación. Pero el presidente Pastrana, ávido de la aprobación de Estados Unidos y desesperado por mantener a flote el "proceso de paz" con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), los destituyó. El caso es grave por su efecto sobre la moral del Ejército de Colombia que reconoce en estos dos generales, a los dos comandantes de brigada más exitosos en la lucha contra la subversión. Millán asestó duros golpes contra el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en la región noreste de Colombia. Sus tropas dieron de baja a importantes jefes del ELN y en su jurisdicción se descubrió el vínculo entre el ELN y cinco Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos (ONG). Estas recibían dinero de la Unión Europea y lo canalizaban hacia el grupo subversivo. El General Rito Alejo del Río logró un éxito sin precedentes en la región de Urabá, productora de banano de exportación. En esta región logró un entendimiento entre el sindicato de trabajadores del banano, dominado por los ex guerilleros del EPL (Ejército Popular de Liberación) y los empresarios. Las FARC perdieron su apoyo político en la zona y el índice de asesinatos cayó dramáticamente. Millán y del Río eran una amenaza para la subversión.
La campaña contra Millán y del Río siguió un proceso ya conocido que se ha denominado la "Guerra de la Desinformación" y la "Guerra Jurídica". Las ONG consiguen testimonios pagados contra los oficiales y luego aparecen las acusaciones contra ellos en el informe del Departamento de Estado.
FINALMENTE VIENE LA DESTITUCION
Existe evidencia clara de compra de testimonios contra los oficiales.
Tres testigos que se negaron a atestiguar han afirmado ante la Fiscalía que se les ofreció el equivalente de 1,200 dólares por su testimonio falso contra los generales. Aparecen comprometidos con este intento de soborno los reconocidos marxistas Ana Teresa Bernal, de la Red de Iniciativas por la Paz, Hernando Hernández, de la Unión Sindical Obrera y funcionarios del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), una ONG dirigida por eclesiásticos influidos por la Teología de la Liberación. Esta ONG, junto con Justicia y Paz y la Comisión Colombiana de Juristas son las fuentes, supuestamente fidedignas e independientes entre sí, que alimentan el informe del Departamento de Estado.
En Colombia pocos creen que el Departamento de Estado sea una víctima inocente de la campaña de desinformación. La posición sesgada de la oficina que dirige el Secretario Asistente Harold Koh, la Oficina para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, refleja los intereses de filo-marxistas y aislacionistas. La acción de los simpatizantes de la subversión marxista es consecuente con su moral, o más bien su carencia de ella. Pero es miope la posición de los aislacionistas norteamericanos. Al debilitar al Ejército de Colombia sólo se prolongará el conflicto y se alejará la paz. Los Estados Unidos de todas maneras, tarde o temprano, se verán involucrado en el conflicto, pero en circunstancias cada vez más difíciles. El tráfico de drogas y el terrorismo no reconocen fronteras y la guerrilla marxista colombiana, enriquecida con dineros de la droga, se convertirá en un problema cada vez más serio en el hemisferio. No sería ciertamente aconsejable que intervinieran en Colombia combatientes americanos, pero sí se puede ayudar con armamento y equipo de detección y comunicaciones a las Fuerzas Militares de Colombia. Al fin y al cabo, es la demanda de drogas por parte de ciudadanos de los Estados Unidos y Europa la que enriquece y fortalece a la subversión marxista.
Bogotá/AIPE. Para los colombianos y para muchos norteamericanos la política de Estados Unidos hacia Colombia es incomprensible, incoherente y hasta esquizofrénica. Es una percepción acertada pues esta política o más bien la ausencia de ella, refleja presiones de diversos intereses. Por un lado está una línea realista que ha visto con claridad el carácter terrorista de la subversión marxista colombiana y su participación en el negocio de las drogas. Este grupo aboga por enfrentar esta amenaza a los intereses de Estados Unidos y de todo el continente brindándole una ayuda sustancial a las agobiadas Fuerzas Militares de Colombia. En la otra orilla hay personas, llamémoslas "filo-marxistas", que ven con simpatía el marxismo, ojalá, eso sí, lejos de Estados Unidos. Estos últimos se oponen a toda ayuda a las Fuerzas Militares de Colombia. Recogen y difunden, para respaldar sus argumentos, toda suerte de acusaciones, en su mayoría falsas, sobre violaciones de los derechos humanos que se formulan contra los militares colombianos. Estos cuentan con el apoyo de un tercer grupo, los aislacionistas, que creen que si apoyan a los filo-marxistas evitarán que Estados Unidos se involucren en el conflicto colombiano.
Recientemente el Departamento de Estado, simultáneamente con la subversión colombiana, acusó a los generales Fernando Millán y Rito Alejo del Río de tener vínculos con paramilitares. La realidad es que en ninguno de los dos casos existen pruebas válidas que sustenten tal afirmación. Pero el presidente Pastrana, ávido de la aprobación de Estados Unidos y desesperado por mantener a flote el "proceso de paz" con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), los destituyó. El caso es grave por su efecto sobre la moral del Ejército de Colombia que reconoce en estos dos generales, a los dos comandantes de brigada más exitosos en la lucha contra la subversión. Millán asestó duros golpes contra el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en la región noreste de Colombia. Sus tropas dieron de baja a importantes jefes del ELN y en su jurisdicción se descubrió el vínculo entre el ELN y cinco Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos (ONG). Estas recibían dinero de la Unión Europea y lo canalizaban hacia el grupo subversivo. El General Rito Alejo del Río logró un éxito sin precedentes en la región de Urabá, productora de banano de exportación. En esta región logró un entendimiento entre el sindicato de trabajadores del banano, dominado por los ex guerilleros del EPL (Ejército Popular de Liberación) y los empresarios. Las FARC perdieron su apoyo político en la zona y el índice de asesinatos cayó dramáticamente. Millán y del Río eran una amenaza para la subversión.
La campaña contra Millán y del Río siguió un proceso ya conocido que se ha denominado la "Guerra de la Desinformación" y la "Guerra Jurídica". Las ONG consiguen testimonios pagados contra los oficiales y luego aparecen las acusaciones contra ellos en el informe del Departamento de Estado.
FINALMENTE VIENE LA DESTITUCION
Existe evidencia clara de compra de testimonios contra los oficiales.
Tres testigos que se negaron a atestiguar han afirmado ante la Fiscalía que se les ofreció el equivalente de 1,200 dólares por su testimonio falso contra los generales. Aparecen comprometidos con este intento de soborno los reconocidos marxistas Ana Teresa Bernal, de la Red de Iniciativas por la Paz, Hernando Hernández, de la Unión Sindical Obrera y funcionarios del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), una ONG dirigida por eclesiásticos influidos por la Teología de la Liberación. Esta ONG, junto con Justicia y Paz y la Comisión Colombiana de Juristas son las fuentes, supuestamente fidedignas e independientes entre sí, que alimentan el informe del Departamento de Estado.
En Colombia pocos creen que el Departamento de Estado sea una víctima inocente de la campaña de desinformación. La posición sesgada de la oficina que dirige el Secretario Asistente Harold Koh, la Oficina para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, refleja los intereses de filo-marxistas y aislacionistas. La acción de los simpatizantes de la subversión marxista es consecuente con su moral, o más bien su carencia de ella. Pero es miope la posición de los aislacionistas norteamericanos. Al debilitar al Ejército de Colombia sólo se prolongará el conflicto y se alejará la paz. Los Estados Unidos de todas maneras, tarde o temprano, se verán involucrado en el conflicto, pero en circunstancias cada vez más difíciles. El tráfico de drogas y el terrorismo no reconocen fronteras y la guerrilla marxista colombiana, enriquecida con dineros de la droga, se convertirá en un problema cada vez más serio en el hemisferio. No sería ciertamente aconsejable que intervinieran en Colombia combatientes americanos, pero sí se puede ayudar con armamento y equipo de detección y comunicaciones a las Fuerzas Militares de Colombia. Al fin y al cabo, es la demanda de drogas por parte de ciudadanos de los Estados Unidos y Europa la que enriquece y fortalece a la subversión marxista.
