El desamparado consumidor
En unas de mis clases de Derecho Comercial en la Nacional tuve como invitado al abogado Pedro Meilán, director Nacional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, quien con indescriptible maestría y dominio del tema explicó a los estudiantes lo que hace la entidad a su cargo. Ahora hasta la dañina grasa de los restaurantes de comida rápida la está controlando esa entidad. Sin embargo, parte de las preguntas formuladas hubo de responderlas con negativas sobre la competencia que tiene la entidad a su cargo para atender ciertos asuntos.
Si se trata de un banco, hay que ir a la Superintendencia de Bancos. Si el reclamo es sobre seguros, quien es competente es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Si tiene una queja sobre un tiquete de avión o un maltrato en una aerolínea, tiene que ir a la Autoridad de Aeronáutica Civil. Si el reclamo versa sobre luz, agua y teléfono se debe acudir a la Autoridad de los Servicios Públicos.
No en todas partes te atienden con la diligencia de la antigua CLICAC. Según explicó el Lic. Meilán, muchas de estas entidades carecen de la estructura para atender reclamos de los usuarios, razón por la cual, usando un ejemplo, los pasajeros de Air Madrid no pudieran ser atendidos adecuadamente cuando tal empresa clausuró sus operaciones en Panamá y tantas personas se quedaron en tierra sin poder viajar. En Aeronáutica, simplemente no tienen a nadie especializado para atender quejas; tan simple como eso.
Observo que la nueva legislación sobre esta materia, aprobada durante el presente gobierno (Decreto Ley 9 de 20 de febrero de 2006), si bien trae mejoras en lo relativo a la competencia de la entidad (conoce y decide ahora sobre casos hasta B/. 2,500.00 cuando antes era sólo hasta B/. 500.00), se quedó corta en lo relativo a las otras áreas antes mencionadas, en donde se dan muchos abusos en contra de los desprotegidos consumidores.
Hice la prueba hace unos meses con COPA en vuelo de regreso de Caracas, Venezuela. Llené el formulario que dan en el avión para formular quejas por el servicio deficiente, el cual remití por correo, tal cual te dicen en grandes letras, como si les importara lo que tienes que decir. Además, envié un detallado correo electrónico de lo ocurrido a los cuatro ejecutivos principales de la aerolínea, alguno de ellos hasta pariente mío, del que aún espero respuesta de alguno de ellos. Hace unos días me encontré con uno de esos ejecutivos, quien me preguntó si alguien me había dado respuesta de la queja presentada, lo que confirmó que la habían recibido y leído, pero como decimos aquí, a nadie le importó un pito.
Igual experiencia negativa tuve en la Superintendencia Bancaria, donde sentí que allí la protección funciona no a favor del usuario bancario sino en su contra. En esa entidad, en la administración anterior, después de discutir mi caso con el entonces Asesor Legal de la Superintendencia, quien estuvo a favor de lo que reclamaba porque jurídicamente tenía todos los fundamentos, posteriormente, sin argumento válido, la Dirección de la entidad desestimó lo que cuestionaba. Se trataba de caso en donde un banco de la localidad había expedido dos estados de cuentas de una misma cuenta y un mismo mes, completamente distintos entre los dos, tratándose evidentemente de una falsificación de documento privado.
En donde tampoco la experiencia ha sido positiva ha sido en la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP). A pesar de dos fallos de la Corte Suprema de Justicia en donde indican que la información financiera de las empresas de capital mixto, caso Unión Fenosa y Cable & Wireless Panamá, es de acceso público, fallos que se lograron por sendos recursos ante la Corte del entonces Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, no ha habido manera de que se cumpla con el mandato de la Suprema Corte y tales documentos, tan importantes para ser analizados por ser una empresa donde supuestamente los panameños tenemos el 49% de sus acciones e igualmente deberíamos tener el 49% de sus ganancias, nadie tiene acceso a los mismos.
Urge, pues, si lo que se quiere es darle la protección adecuada al consumidor, unificar toda la legislación vigente sobre esta importante materia de beneficio ciudadano para evitar que entidades sin la adecuada infraestructura para hacerlo, ocupados en otro tipo de tareas, sigan protegiendo a las grandes empresas, que en muchos casos son las que impiden se legisle en forma abarcadora sobre el tema. Prefieren que nadie se meta con ellos en todo lo que hacen o no hacen o lo que dejen de hacer. En esa forma hacen mejor negocios. Al ciudadano común se le está ayudando bastante en lo que hace la entidad a cargo del amigo Pedro Meilán, tal como todos coincidimos, pero como bien él dice, es preciso darle más ayuda al consumidor, siempre el más débil y desprotegido en la relación comercial.
gcochez@cableonda.net
Si se trata de un banco, hay que ir a la Superintendencia de Bancos. Si el reclamo es sobre seguros, quien es competente es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Si tiene una queja sobre un tiquete de avión o un maltrato en una aerolínea, tiene que ir a la Autoridad de Aeronáutica Civil. Si el reclamo versa sobre luz, agua y teléfono se debe acudir a la Autoridad de los Servicios Públicos.
No en todas partes te atienden con la diligencia de la antigua CLICAC. Según explicó el Lic. Meilán, muchas de estas entidades carecen de la estructura para atender reclamos de los usuarios, razón por la cual, usando un ejemplo, los pasajeros de Air Madrid no pudieran ser atendidos adecuadamente cuando tal empresa clausuró sus operaciones en Panamá y tantas personas se quedaron en tierra sin poder viajar. En Aeronáutica, simplemente no tienen a nadie especializado para atender quejas; tan simple como eso.
Observo que la nueva legislación sobre esta materia, aprobada durante el presente gobierno (Decreto Ley 9 de 20 de febrero de 2006), si bien trae mejoras en lo relativo a la competencia de la entidad (conoce y decide ahora sobre casos hasta B/. 2,500.00 cuando antes era sólo hasta B/. 500.00), se quedó corta en lo relativo a las otras áreas antes mencionadas, en donde se dan muchos abusos en contra de los desprotegidos consumidores.
Hice la prueba hace unos meses con COPA en vuelo de regreso de Caracas, Venezuela. Llené el formulario que dan en el avión para formular quejas por el servicio deficiente, el cual remití por correo, tal cual te dicen en grandes letras, como si les importara lo que tienes que decir. Además, envié un detallado correo electrónico de lo ocurrido a los cuatro ejecutivos principales de la aerolínea, alguno de ellos hasta pariente mío, del que aún espero respuesta de alguno de ellos. Hace unos días me encontré con uno de esos ejecutivos, quien me preguntó si alguien me había dado respuesta de la queja presentada, lo que confirmó que la habían recibido y leído, pero como decimos aquí, a nadie le importó un pito.
Igual experiencia negativa tuve en la Superintendencia Bancaria, donde sentí que allí la protección funciona no a favor del usuario bancario sino en su contra. En esa entidad, en la administración anterior, después de discutir mi caso con el entonces Asesor Legal de la Superintendencia, quien estuvo a favor de lo que reclamaba porque jurídicamente tenía todos los fundamentos, posteriormente, sin argumento válido, la Dirección de la entidad desestimó lo que cuestionaba. Se trataba de caso en donde un banco de la localidad había expedido dos estados de cuentas de una misma cuenta y un mismo mes, completamente distintos entre los dos, tratándose evidentemente de una falsificación de documento privado.
En donde tampoco la experiencia ha sido positiva ha sido en la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP). A pesar de dos fallos de la Corte Suprema de Justicia en donde indican que la información financiera de las empresas de capital mixto, caso Unión Fenosa y Cable & Wireless Panamá, es de acceso público, fallos que se lograron por sendos recursos ante la Corte del entonces Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, no ha habido manera de que se cumpla con el mandato de la Suprema Corte y tales documentos, tan importantes para ser analizados por ser una empresa donde supuestamente los panameños tenemos el 49% de sus acciones e igualmente deberíamos tener el 49% de sus ganancias, nadie tiene acceso a los mismos.
Urge, pues, si lo que se quiere es darle la protección adecuada al consumidor, unificar toda la legislación vigente sobre esta importante materia de beneficio ciudadano para evitar que entidades sin la adecuada infraestructura para hacerlo, ocupados en otro tipo de tareas, sigan protegiendo a las grandes empresas, que en muchos casos son las que impiden se legisle en forma abarcadora sobre el tema. Prefieren que nadie se meta con ellos en todo lo que hacen o no hacen o lo que dejen de hacer. En esa forma hacen mejor negocios. Al ciudadano común se le está ayudando bastante en lo que hace la entidad a cargo del amigo Pedro Meilán, tal como todos coincidimos, pero como bien él dice, es preciso darle más ayuda al consumidor, siempre el más débil y desprotegido en la relación comercial.
gcochez@cableonda.net
Las casas involucradas en las solicitudes de extensión del metraje suman 50.
El costo de la obra se estima en B/.130 millones.
La segunda etapa del Corredor Norte comprende desde Tinajitas hasta Tocumen.
La construcción del corredor debe terminar en diciembre del 2008.
El día de hoy se estarán reuniendo los moradores con el alcalde y las autoridades pertinentes a las 6: 00 de la tarde.
