El ejemplo de nuestros vecinos (II)
Al mismo tiempo, tenemos en Panamá un buen sistema de demarcación de áreas protegidas y zonas comarcales. Lo que delimita la acción de la industria minera muy claramente. Sin embargo, también existe una moratoria minera de hecho en todo el país a consecuencia del retraso en la tramitación desolicitudes de concesión o por falta de cancelación de antiguas solicitudes que están inactivas y que conjuntamente vedan estas áreas a quienes realmente quieren invertir en ellas.
Entre 1990 y 2004 fueron admitidas un total de 310 solicitudes mineras que no han sido otorgadas ni canceladas a la fecha, siendo su período de vigencia de tres años. Los más de 2 millones de hectáreas que esto representa, habrían sido evaluadas y podríamos conocer su potencial en este momento, además de que el Estado ha dejado de percibir la no despreciable suma de B/. 10 millones entre 2004 y la fecha de hoy, a causa de mantener esta moratoria de hecho.
Paradójicamente, existe un manifiesto interés por parte de varias comunidades para que se desarrolle la industria minera en el país. Representantes Ngobe Bugle, Emberá y Teribe han demandado la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos en sus comarcas y están buscando el apoyo de países con trayectoria minera para capacitar a pobladores de sus comunidades para eventualmente acceder a puestos de trabajo con mayor calificación y remuneración.
Igualmente, más de 250 pobladores de Cañazas y ex trabajadores de la mina Santa Rosa reunidos en cabildo abierto a principios de este año, exigieron la reapertura de la mina porque desde el cierre de aquélla están desocupados y sin poder llevar el sustento diario a sus familias. También, 150 trabajadores y sus familias se apersonaron al Consejo Municipal de Tonosí, a pedir a los representantes que ya que habían decidido emitir una resolución en contra de la ejecución de cualquier actividad minera, les proporcionaran puestos de trabajo acordes a los que actualmente tienen en el Proyecto Cerro Quema, con acceso a todas las prestaciones remuneraciones por encima del salario mínimo.
Debemos seguir el ejemplo de nuestros dos vecinos y exigir la implementación de una política minera de Estado, actualizar nuestro Código de Recursos Minerales, agilizar los trámites de concesión o cancelación con la mirada puesta en convertirnos en una potencia minera en Centro y Suramérica. Tenemos con qué hacerlo, sólo hay que mirar más allá de nuestras narices y entender que la minería bien llevada y bien fiscalizada, como cualquier otra industria, puede convertirse en una herramienta para aliviar la pobreza en nuestras regiones más apartadas y en un instrumento de protección del medio ambiente.
