El embajador y el magistrado
El embajador de Estados Unidos, William Eaton, reiteró recientemente en Bocas del Toro, que su país entregaría pruebas de corrupción, si nuestro país inicia una investigación y enjuiciamiento del magistrado de la Corte Suprema, Winston Spadafora. Tiempo atrás, su despacho había informado del retiro de la visa al magistrado, por la misma causa, aunque su gobierno respondió lacónicamente, sin dar detalles, a un pedido del material probatorio que le hiciera el Canciller panameño, Samuel Lewis Navarro.
Recientemente, la fiscal Antidrogas de Colón, Aminta Corro, fue separada del cargo para ser investigada, luego que, en un confuso incidente, fuera devuelta al país desde Miami, adonde intentaba ingresar en visita privada. Al igual que con Spadafora, el gobierno de Estados Unidos informó que la visa de la fiscal había sido retirada, tras comprobar su implicación en actos de corrupción relacionados con el manejo de varios expedientes de liberación de narcotraficantes y lavadores de dinero, los cuales están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación. , Panamá América
Tanto el magistrado Spadafora como la fiscal Corro, han negado los cargos, pero de los dos, sólo la última está siendo investigada, no así el primero de quien la Asamblea Nacional archivó una denuncia en su contra, por falta de prueba indiciaria, a raíz de los serios cargos que le imputara su colega del máximo tribunal panameño, Adán Arnulfo Arjona. En esa ocasión, un grupo de organizaciones independientes de la sociedad civil, encabezada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, examinó los seis expedientes mencionados por Arjona, que supuestamente implicaban a Spadafora en actos investigables, y dijo haber encontrado irregularidades y cuestionamientos. La Asamblea, en cambio, se abstuvo de nombrar siquiera una comisión investigadora.
Frente a las más recientes declaraciones del embajador Eaton, el presidente de la República, Martín Torrijos, reiteró su postura de que su gobierno no estaba en condiciones de investigar los cargos contra Spadafora, por respeto a la separación de los poderes; y añadió que esa tarea correspondía a la Procuraduría General de la Nación. En este sentido, pasó por alto, que tal facultad es exclusiva de la Asamblea Nacional, por virtud del artículo 160 de la Constitución, correspondiéndole "conocer de las acusaciones o denuncias" contra los magistrados de la Corte "y juzgarlos si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las leyes", y agregamos, ya sea que entrañen o no la comisión de un delito.
Recientemente, la fiscal Antidrogas de Colón, Aminta Corro, fue separada del cargo para ser investigada, luego que, en un confuso incidente, fuera devuelta al país desde Miami, adonde intentaba ingresar en visita privada. Al igual que con Spadafora, el gobierno de Estados Unidos informó que la visa de la fiscal había sido retirada, tras comprobar su implicación en actos de corrupción relacionados con el manejo de varios expedientes de liberación de narcotraficantes y lavadores de dinero, los cuales están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación. , Panamá América
Tanto el magistrado Spadafora como la fiscal Corro, han negado los cargos, pero de los dos, sólo la última está siendo investigada, no así el primero de quien la Asamblea Nacional archivó una denuncia en su contra, por falta de prueba indiciaria, a raíz de los serios cargos que le imputara su colega del máximo tribunal panameño, Adán Arnulfo Arjona. En esa ocasión, un grupo de organizaciones independientes de la sociedad civil, encabezada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, examinó los seis expedientes mencionados por Arjona, que supuestamente implicaban a Spadafora en actos investigables, y dijo haber encontrado irregularidades y cuestionamientos. La Asamblea, en cambio, se abstuvo de nombrar siquiera una comisión investigadora.
Frente a las más recientes declaraciones del embajador Eaton, el presidente de la República, Martín Torrijos, reiteró su postura de que su gobierno no estaba en condiciones de investigar los cargos contra Spadafora, por respeto a la separación de los poderes; y añadió que esa tarea correspondía a la Procuraduría General de la Nación. En este sentido, pasó por alto, que tal facultad es exclusiva de la Asamblea Nacional, por virtud del artículo 160 de la Constitución, correspondiéndole "conocer de las acusaciones o denuncias" contra los magistrados de la Corte "y juzgarlos si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las leyes", y agregamos, ya sea que entrañen o no la comisión de un delito.
