El entierro de las mujeres
"El derecho de expresar sus pensamientos y opiniones de palabra, por escrito, o de cualquier otro modo, es el primero y más inestimable don de la naturaleza. Ni aún la ley misma podrá jamás prohibirlo." Simón Bolívar. Se lo advierto, si usted es uno de esos fanáticos partidistas del arnulfismo, de esas (o esos) militantes que se visten de pies a cabeza de morado, rojo y amarillo y excitada grita, suda, manotea, gesticula y se zarandea hasta llegar a perder la postura, la serenidad física y emocional por tratar de defender la mediocre y corrupta administración de Moscoso, le sugiero no lea este artículo. Si usted es de los miembros arnulfistas que rebusca en el gobierno de Pérez Balladares y en los 21 años de dictadura militar del PRD, las razones para justificar el nepotismo que hoy aplaude Moscoso y el patrocinio de los empresarios vestidos de maleantes que siguen enquistados en el gobierno tal como reiteró el ex asesor I. Roberto Eisenmann, Jr., durante la presentación del Informe sobre Desarrollo Humano 2002 (La Prensa, 20/oct/02), es, muy recomendable, que no lea este artículo. Si es de los irracionales e irreflexivos seguidores de Moscoso, de esos que se descomponen de adentro hacia fuera, pues no resisten las irrefutables y directas críticas del desgobierno que rige Panamá desde el 1 de septiembre de 1999, es saludable que no insista y es mejor no lea este artículo. Si pertenece al grupo de emplanillados y se jacta de portar uno de los tantos nombramientos o cargos diplomáticos porque su único mérito fue trabajar buscando votos para la presidenta del cambio pero su salario mensual, privilegios, guardaespaldas y goce del poder le impiden comprender por qué la última encuesta del Pulso de la Nación (La Prensa, 12/nov/02) confirma que la mala imagen del 73.2% de Moscoso y sus ministros es el reflejo del repudio nacional como resultado del profundo sentimiento de frustración que domina hoy el espíritu de una gran mayoría de panameños, entonces, estoy segura, no comprenderá jamás este artículo. Si es de esas mujeres y hombres que ayer escribían y señalaban con valentía los actos impropios del PRD pero que hoy ignoran y callan con cobardía inexcusable, pues los actos de hoy son del gobierno arnulfista al cual pertenecen, entonces, su falta de coherencia le prohíbe leer este artículo. Si es de los que carecen de la serenidad suficiente para asimilar las denuncias, críticas y señalamientos de la notable e insuperable incompetencia que distingue el desempeño de la mandataria y le invaden profundos sentimientos de hostilidad convirtiéndose en víctima de una visceral rabia hacia quienes nos atrevemos a emitir opiniones en ese sentido, no tengo duda que usted no tendrá el temple necesario para leer este artículo. Si es de los defensores arnulfistas que al portar una exigua cuota de visión patriótica no pueden ver la realidad de los panameños y no admiten -con humildad- el fiasco que representa el gobierno de la primera mujer presidenta, por favor, no insista...¡no lea este artículo!
No me incluyo en el grupo de féminas que estima y promueve que a la mujer, por su condición de género, hay que invisibilizarle y hasta justificarle sus errores. No pertenezco al grupo de quienes patrocinan que cuando una mujer llega a un cargo público o alcanza poder, el resto debemos ser mudas, ciegas y sordas ante los desatinos, los caprichosos, los errores, los fracasos, las mentiras, las arbitrariedades y abusos que cometen una vez disfrutan del goce del poder. No comparto con aquellas que insisten en que a las mujeres, por ser mujeres, hay que permitirles, auspiciarles o ignorarles los mismos vicios y errores que a los hombres se les censura y cuestiona. No me uno a quienes consideran que no importa cómo y de qué manera se comporte y conduzca una mujer en el ámbito de lo público, cuán contradictoria pueda ser, qué valores antidemocráticos auspicie, qué mentiras y estilos copie de los hombres, ésta debe ser apoyada -sólo- porque es mujer. Tengo claro que la responsabilidad, la honestidad, la integridad, la capacidad de ejecución y trabajo, el ejercicio de la autoridad no es una cuestión de género.
Por todas estas razones y muchas más, el desempeño de Moscoso como gobernante se ha constituido en el entierro de las mujeres en política, por lo menos en este siglo. La mandataria ha demostrado ser cautelosa con el profesionalismo, ha puesto distancia con la excelencia y prefiere estar alejada de quienes tienen probada experiencia y sustentan con orgullo méritos académicos. Este artículo, pensado desde hace muchos meses, encuentra su luz en el mes de la Patria cuando al ritmo de tambores y cornetas, los panameños nos enteramos que la primera mujer presidenta de esta nación, menospreció, otra vez, el profesionalismo de la mujer panameña, pero sí recurrió a pedirle el voto en campaña. Durante la campaña política, Moscoso supo encontrarle el lado bueno al voto femenino y con su singular astucia supo refugiarse en él y capitalizarlo para su beneficio electoral. Con la acostumbrada demagogia prometió que su gobierno estaría compuesto por un 50% de mujeres. Las feministas que la acompañaban así lo repetían. Sin haber tomado posesión, pudo comprobarse que su estilo de gobernar sería el de incumplir sus promesas de campaña.
222...el desempeño de Moscoso como gobernante se ha constituido en el entierro de las mujeres en política, por lo menos en este siglo.
De 12 ministros sólo nombró a 3 mujeres; es decir, un 25%. Para agravar el asunto, las ministras que la acompañan desde hace 3 años en su gabinete, no sólo han tenido un desempeño opaco y mediocre, sino que, parecieran contar con el mismo perfil de incompetencia que distingue a la mandataria, pues es obvio que Moscoso no conoce y no cree en la excelencia profesional. Tampoco le interesa distinguir en cargos de poder, de mando y de gran visibilidad nacional o internacional a otras mujeres, mucho menos si son verdaderas profesionales y de trayectoria comprobada. Así lo demostró cuando no postuló a ninguna mujer para ocupar uno de los cinco puestos vacantes en el Organo Judicial y donde prefirió reconocer no necesariamente méritos, pero sí historias y amistad personal. Nombró cinco magistrados, cercanos amigos varones. Ello me demuestra que el compromiso de Moscoso con el sector profesional de las mujeres en Panamá es meramente cosmético. Dudo que hubiese manipulado o intervenido políticamente el Organo Legislativo de la forma como lo hizo para obtener los nombramientos de Spadafora y Cigarruista o hubiese estado dispuesta a crear la crisis institucional que generó entre los poderes, con tal de lograr el cargo de magistrada para una de las tantas mujeres abogadas idóneas que podían ocupar el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. En una singular forma de iniciar el centenario, le envió otro mensaje diáfano a las panameñas especialistas en derecho penal cuando prefirió las recomendaciones de su entrañable amiga y asesora personal, la política costarricense Anabela Rodríguez, quien abogó para que la mandataria le diera apoyo a la candidatura de su amiga y copartidaria, la costarricense Elizabeth Odio para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Penal Internacional. Odio, como declaró el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, no cuenta con la postulación de su país (La Prensa, 7/nov/02).
Muchos de los que consiguieron el voto para Moscoso sabían que lo único que tenía para gobernar era eso, sólo votos. Hoy, ya la abandonaron; sin embargo, eso no los exime del fracaso que todos experimentamos como Nación; tampoco los exonera del grado de culpabilidad que llevarán durante todo este siglo, al haber contribuido con practicar y hacer visible en la mandataria el famoso Principio de Peters y haber ayudado de forma indirecta y exitosa al ¡entierro político de las mujeres panameñas!
En estos programas todos deberán participar en un determinado número de horas, en las que se abarquen las áreas donde se dan grandes descubrimientos y avances tecnológicos, procurando "que no se regalen los certificados". Entonces, el profesional deberá ser orientado y hasta obligado a actualizarse.
La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras (ANEP), Melva de Small, manifestó su respaldo al anteproyecto por considerar que establece lo que esta organización ha venido haciendo desde 1954, pero también objeta el papel otorgado a la UP.
Según Small, el proceso de certificación debe darse en cada gremio profesional y no a nivel de la UP, en su caso particular en la Facultad de Enfermería, como propone el anteproyecto. Small recomendó conceder el proceso de elaboración y aplicación de los exámenes a un organismo independiente, como podría ser un grupo de personas acreditables, con un perfil académico y profesional y que concursen para ser parte del mismo.
Para Amalia Rodríguez de French, asesora del Ministro de Salud y propulsora del anteproyecto aclaró que aunque cada comisión va a administrar el examen, respondiendo a la necesidad nacional, durante un periodo de tiempo aún no determinado, las pruebas van a ser elaboradas por el National Board Examines de los Estados Unidos, entidad que tiene gran experiencia en este proceso.
Rodríguez de French negó que la UP vaya a convertirse en juez y parte, pues en la actualidad el examen de reválida de profesionales que egresan de universidades extranjeras lo aplica la universidad oficial. "No se le puede quitar el papel rector que tiene la Universidad de Panamá en la educación superior", acotó.
El anteproyecto de ley establece que para cada área profesional o técnica existirá una Comisión Interinstitucional para la certificación de la disciplina respectiva, con sede en la Universidad de Panamá (UP). Estará conformada por un mínimo de cinco miembros y un máximo de nueve y tendrán un coordinador, quien la presidirá, y un secretario. Todos serán escogidos de entre los representantes de la UP. La creación de estas comisiones ha sido uno de los puntos más criticados por quienes consideran que éstas podrían prestarse para perseguir a profesionales y técnicos.
En ese sentido, Gloria Moreno de López, ex legisladora de la república y destacada profesional de la medicina, considera que esta materia -las comisiones- debe ser bien reglamentada, pues no se debe olvidar que en Panamá todo adquiere cariz político partidista y si esto ocurre, se prestaría a persecución. Por ello, recomendó dejar claramente establecido cómo va a estar formada cada comisión, con qué periodicidad se van a realizar los exámenes y demás aspectos relacionados con su funcionamiento. Moreno de López valoró como positivo que la unidad coordinadora sea la UP, no obstante, advierte que se le debe dar un papel representativo a las otras universidades, situación que debe definirse a tiempo, pues las comisiones interinstitucionales son la base del anteproyecto.
Para Carlos Staff, coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina, la desconfianza frente a la propuesta del MINSA está directamente vinculada al papel de "rectoría del sector salud" que se le otorga a la UP en la conformación y funcionamiento de las comisiones.
El docente considera que el anteproyecto partió desde un punto crítico, pues se confunden las funciones de rectoría del sector salud con las de formación de recursos humanos, que son evidentemente muy diferentes, pues lo primero le corresponde por ley al Estado panameño, a través del MINSA, mientras que lo segundo le atañe directamente a las universidades.
A su juicio, esta confusión de funciones se presenta en tres aspectos básicos del anteproyecto, siendo uno de estos haber ubicado a las referidas comisiones en la Universidad de Panamá, "lo que ya le da un sesgo que pone en duda su objetividad".
Por otro lado, el anteproyecto establece que la comisión estará formada por nueve miembros, de los cuales cinco deben ser de la universidad oficial, lo que le da a la UP poder de decisión, "por su propia cuenta y a sus mejores intereses". Expresó Staff que también dispone que las presidencias y secretarías de las comisiones serán seleccionadas de entre los representantes de la UP, con lo que no sólo garantizan una mayoría, sino que también aseguran el manejo administrativo.
Estos tres aspectos, agregó, sesgan la ley, le quitan objetividad y credibilidad, lo que la va a hacer inoperante, porque la UP estaría asumiendo un papel de "juez y parte" en un proceso que, aunque tiene un propósito muy noble, no podrá cumplirse con una ley diseñada en esos términos.
Para corregir estos aspectos que ponen en riesgo el futuro del anteproyecto, Staff recomendó que a quien le corresponde el papel rector - el MINSA -- lo asuma, y que designe una comisión técnica en la que participen en una situación de equilibrio las universidades y otras instancias, como son las direcciones de docencia e investigación de los hospitales, lo que fortalecerá la objetividad y la eficiencia de cada comisión.
No me incluyo en el grupo de féminas que estima y promueve que a la mujer, por su condición de género, hay que invisibilizarle y hasta justificarle sus errores. No pertenezco al grupo de quienes patrocinan que cuando una mujer llega a un cargo público o alcanza poder, el resto debemos ser mudas, ciegas y sordas ante los desatinos, los caprichosos, los errores, los fracasos, las mentiras, las arbitrariedades y abusos que cometen una vez disfrutan del goce del poder. No comparto con aquellas que insisten en que a las mujeres, por ser mujeres, hay que permitirles, auspiciarles o ignorarles los mismos vicios y errores que a los hombres se les censura y cuestiona. No me uno a quienes consideran que no importa cómo y de qué manera se comporte y conduzca una mujer en el ámbito de lo público, cuán contradictoria pueda ser, qué valores antidemocráticos auspicie, qué mentiras y estilos copie de los hombres, ésta debe ser apoyada -sólo- porque es mujer. Tengo claro que la responsabilidad, la honestidad, la integridad, la capacidad de ejecución y trabajo, el ejercicio de la autoridad no es una cuestión de género.
Por todas estas razones y muchas más, el desempeño de Moscoso como gobernante se ha constituido en el entierro de las mujeres en política, por lo menos en este siglo. La mandataria ha demostrado ser cautelosa con el profesionalismo, ha puesto distancia con la excelencia y prefiere estar alejada de quienes tienen probada experiencia y sustentan con orgullo méritos académicos. Este artículo, pensado desde hace muchos meses, encuentra su luz en el mes de la Patria cuando al ritmo de tambores y cornetas, los panameños nos enteramos que la primera mujer presidenta de esta nación, menospreció, otra vez, el profesionalismo de la mujer panameña, pero sí recurrió a pedirle el voto en campaña. Durante la campaña política, Moscoso supo encontrarle el lado bueno al voto femenino y con su singular astucia supo refugiarse en él y capitalizarlo para su beneficio electoral. Con la acostumbrada demagogia prometió que su gobierno estaría compuesto por un 50% de mujeres. Las feministas que la acompañaban así lo repetían. Sin haber tomado posesión, pudo comprobarse que su estilo de gobernar sería el de incumplir sus promesas de campaña.
222...el desempeño de Moscoso como gobernante se ha constituido en el entierro de las mujeres en política, por lo menos en este siglo.
De 12 ministros sólo nombró a 3 mujeres; es decir, un 25%. Para agravar el asunto, las ministras que la acompañan desde hace 3 años en su gabinete, no sólo han tenido un desempeño opaco y mediocre, sino que, parecieran contar con el mismo perfil de incompetencia que distingue a la mandataria, pues es obvio que Moscoso no conoce y no cree en la excelencia profesional. Tampoco le interesa distinguir en cargos de poder, de mando y de gran visibilidad nacional o internacional a otras mujeres, mucho menos si son verdaderas profesionales y de trayectoria comprobada. Así lo demostró cuando no postuló a ninguna mujer para ocupar uno de los cinco puestos vacantes en el Organo Judicial y donde prefirió reconocer no necesariamente méritos, pero sí historias y amistad personal. Nombró cinco magistrados, cercanos amigos varones. Ello me demuestra que el compromiso de Moscoso con el sector profesional de las mujeres en Panamá es meramente cosmético. Dudo que hubiese manipulado o intervenido políticamente el Organo Legislativo de la forma como lo hizo para obtener los nombramientos de Spadafora y Cigarruista o hubiese estado dispuesta a crear la crisis institucional que generó entre los poderes, con tal de lograr el cargo de magistrada para una de las tantas mujeres abogadas idóneas que podían ocupar el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. En una singular forma de iniciar el centenario, le envió otro mensaje diáfano a las panameñas especialistas en derecho penal cuando prefirió las recomendaciones de su entrañable amiga y asesora personal, la política costarricense Anabela Rodríguez, quien abogó para que la mandataria le diera apoyo a la candidatura de su amiga y copartidaria, la costarricense Elizabeth Odio para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Penal Internacional. Odio, como declaró el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, no cuenta con la postulación de su país (La Prensa, 7/nov/02).
Muchos de los que consiguieron el voto para Moscoso sabían que lo único que tenía para gobernar era eso, sólo votos. Hoy, ya la abandonaron; sin embargo, eso no los exime del fracaso que todos experimentamos como Nación; tampoco los exonera del grado de culpabilidad que llevarán durante todo este siglo, al haber contribuido con practicar y hacer visible en la mandataria el famoso Principio de Peters y haber ayudado de forma indirecta y exitosa al ¡entierro político de las mujeres panameñas!
En estos programas todos deberán participar en un determinado número de horas, en las que se abarquen las áreas donde se dan grandes descubrimientos y avances tecnológicos, procurando "que no se regalen los certificados". Entonces, el profesional deberá ser orientado y hasta obligado a actualizarse.
La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras (ANEP), Melva de Small, manifestó su respaldo al anteproyecto por considerar que establece lo que esta organización ha venido haciendo desde 1954, pero también objeta el papel otorgado a la UP.
Según Small, el proceso de certificación debe darse en cada gremio profesional y no a nivel de la UP, en su caso particular en la Facultad de Enfermería, como propone el anteproyecto. Small recomendó conceder el proceso de elaboración y aplicación de los exámenes a un organismo independiente, como podría ser un grupo de personas acreditables, con un perfil académico y profesional y que concursen para ser parte del mismo.
Para Amalia Rodríguez de French, asesora del Ministro de Salud y propulsora del anteproyecto aclaró que aunque cada comisión va a administrar el examen, respondiendo a la necesidad nacional, durante un periodo de tiempo aún no determinado, las pruebas van a ser elaboradas por el National Board Examines de los Estados Unidos, entidad que tiene gran experiencia en este proceso.
Rodríguez de French negó que la UP vaya a convertirse en juez y parte, pues en la actualidad el examen de reválida de profesionales que egresan de universidades extranjeras lo aplica la universidad oficial. "No se le puede quitar el papel rector que tiene la Universidad de Panamá en la educación superior", acotó.
El anteproyecto de ley establece que para cada área profesional o técnica existirá una Comisión Interinstitucional para la certificación de la disciplina respectiva, con sede en la Universidad de Panamá (UP). Estará conformada por un mínimo de cinco miembros y un máximo de nueve y tendrán un coordinador, quien la presidirá, y un secretario. Todos serán escogidos de entre los representantes de la UP. La creación de estas comisiones ha sido uno de los puntos más criticados por quienes consideran que éstas podrían prestarse para perseguir a profesionales y técnicos.
En ese sentido, Gloria Moreno de López, ex legisladora de la república y destacada profesional de la medicina, considera que esta materia -las comisiones- debe ser bien reglamentada, pues no se debe olvidar que en Panamá todo adquiere cariz político partidista y si esto ocurre, se prestaría a persecución. Por ello, recomendó dejar claramente establecido cómo va a estar formada cada comisión, con qué periodicidad se van a realizar los exámenes y demás aspectos relacionados con su funcionamiento. Moreno de López valoró como positivo que la unidad coordinadora sea la UP, no obstante, advierte que se le debe dar un papel representativo a las otras universidades, situación que debe definirse a tiempo, pues las comisiones interinstitucionales son la base del anteproyecto.
Para Carlos Staff, coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina, la desconfianza frente a la propuesta del MINSA está directamente vinculada al papel de "rectoría del sector salud" que se le otorga a la UP en la conformación y funcionamiento de las comisiones.
El docente considera que el anteproyecto partió desde un punto crítico, pues se confunden las funciones de rectoría del sector salud con las de formación de recursos humanos, que son evidentemente muy diferentes, pues lo primero le corresponde por ley al Estado panameño, a través del MINSA, mientras que lo segundo le atañe directamente a las universidades.
A su juicio, esta confusión de funciones se presenta en tres aspectos básicos del anteproyecto, siendo uno de estos haber ubicado a las referidas comisiones en la Universidad de Panamá, "lo que ya le da un sesgo que pone en duda su objetividad".
Por otro lado, el anteproyecto establece que la comisión estará formada por nueve miembros, de los cuales cinco deben ser de la universidad oficial, lo que le da a la UP poder de decisión, "por su propia cuenta y a sus mejores intereses". Expresó Staff que también dispone que las presidencias y secretarías de las comisiones serán seleccionadas de entre los representantes de la UP, con lo que no sólo garantizan una mayoría, sino que también aseguran el manejo administrativo.
Estos tres aspectos, agregó, sesgan la ley, le quitan objetividad y credibilidad, lo que la va a hacer inoperante, porque la UP estaría asumiendo un papel de "juez y parte" en un proceso que, aunque tiene un propósito muy noble, no podrá cumplirse con una ley diseñada en esos términos.
Para corregir estos aspectos que ponen en riesgo el futuro del anteproyecto, Staff recomendó que a quien le corresponde el papel rector - el MINSA -- lo asuma, y que designe una comisión técnica en la que participen en una situación de equilibrio las universidades y otras instancias, como son las direcciones de docencia e investigación de los hospitales, lo que fortalecerá la objetividad y la eficiencia de cada comisión.
