El error de los incautos
Hay quienes sinceramente creen que el PRD no constituye una amenaza para la democracia, pues, según ellos, el desempeño de este partido desde 1990 indica que ha aceptado las reglas del sistema democrático. La noción de democracia que estas personas tienen se reduce a un entendimiento meramente electoral del concepto.
Según este entendimiento, es de suponer que, porque admitió la derrota en el referéndum del 30 de agosto pasado, el PRD actúa de conformidad con los principios de la democracia. Este error está ejemplificado en un reciente artículo de Alvaro Alemán, partidario de Alberto Vallarino, que en una de sus secciones dice así:
"El argumento de que el votante opositor tiene que votar "en contra" tuvo validez en los procesos electorales de 1984 y 1989, cuando no existía un régimen democrático en nuestro país. A partir de 1990 nuestro país goza de un sistema democrático, por lo que el votante debe votar en conciencia, es decir, a favor de quien él considere que es el mejor candidato presidencial" (La Prensa, 9 de abril de 1999).
Declaraciones como ésta revelan un profundo desconocimiento de la historia política del país - inclusive, de la historia reciente - al igual que de lo que entraña el concepto de democracia. Nadie que reflexione, con un mínimo de cuidado, sobre las implicaciones y características del régimen democrático puede decir que en Panamá "gozamos" de democracia.
Quienes nos hemos dedicado a estudiar a fondo el período de la dictadura y el desarrollo político de la Nación a partir de 1990, podemos afirmar, con fundamento, y sustentarlo en cualquier foro, y debatirlo con quien sea, que en Panamá no impera un régimen democrático, que el PRD es anatema para la democracia y que su permanencia en el poder menoscabará, significativamente, las esperanzas de la ciudadanía en materia de democratización y desarrollo humano sostenible.
En su primera gestión (1968-1989), los dirigentes del PRD (quienes hoy aspiran a que el electorado les renueve el mandato por cinco años más) se dedicaron, sistemáticamente, a destruir las instituciones democráticas que nos legaron los fundadores de la República. Accedieron al poder luego del violento derrocamiento de un presidente legítimamente elegido. Inauguraron su gobierno espurio con la clausura de la Asamblea Nacional, que a pesar de sus obvios defectos cumplía una función deliberativa y fiscalizadora esencial.
Luego aniquilaron el sistema de partidos, que no obstante sus limitaciones manifiestas, ejercía una importante función representativa. Expropiaron los medios independientes de comunicación, como la Editora Panamá América, Radio Impacto y otros. Suprimieron la libertad de expresión, a través de la imposición de antidemocráticas "leyes mordaza". Cerraron y posteriormente inutilizaron la Universidad de Panamá, foro democrático por excelencia. Y encarcelaron, torturaron, exiliaron y asesinaron a quienes se les oponían.
Además de violar los derechos fundamentales del pueblo panameño, a través de sus atracos y malos manejos financieros, los dirigentes del PRD, que entonces estaban al servicio de una cúpula militar prepotente y corrupta, arruinaron la economía nacional, lo que redujo apreciablemente el nivel de vida de la mayoría de la población y condenó a una porción significativa de la ciudadanía a la pobreza y la miseria.
Al respecto, la extraordinaria columna de Betty Brannan Jaén, publicada el 21 de abril, proporciona valiosos elementos de juicio que conducen a esta misma conclusión, que la corresponsal de La Prensa en Washington resume así: "lo que el torrijismo trajo a Panamá fue que algunos se hicieran más ricos mientras que los pobres se hacían más pobres y todos -ricos y pobres juntos- perdíamos nuestras libertades fundamentales y nuestra soberanía como pueblo".
Desalojada la dictadura, la dirigencia del PRD jamás asumió su responsabilidad por el descalabro sufrido bajo la dictadura militar. De su parte no hubo, siquiera, una sola petición pública de perdón por el sufrimiento masivo que los líderes del partido de la dictadura le causaron a la población, como atinadamente lo apuntó hace unos días, en un artículo de opinión, Paulina Jácome de la Guardia (La Prensa, 7 de abril de 1999).
De vuelta al poder, entre 1994-1999, a través de la usurpación de poderes, el chantaje y el soborno, el PRD ha reducido a la Asamblea a niveles de vileza, indignidad e incompetencia que creímos superados luego del desalojo de la dictadura. Ha minado la autonomía de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público, la Fiscalía Electoral, la Autoridad de la Región Interoceánica, la Autoridad del Canal y otras entidades fundamentales del Estado panameño.
Ha abusado del poder público, a través de la imposición de medidas inconsultas, el despilfarro escandaloso de fondos nacionales y el uso arbitrario de la fuerza, como en el asalto a la Universidad de Panamá de diciembre de 1998. Ha manifestado un desprecio inaudito hacia la ciudadanía y la opinión pública, negándose a revelar asuntos básicos del manejo del Estado, que a todos nos competen, como la política económica en general y la asignación de fondos nacionales y el endeudamiento público, en particular.
Ha gobernado según criterios absolutamente sectarios y particularistas, como lo indica, mejor que cualquier otro ejemplo, la propuesta de cambiar la Constitución para permitirle al actual presidente permanecer en el poder por cinco años más. Y ha violado los derechos ciudadanos y políticos de la población, al perseguir, a quienes protestan, a través de demandas por "calumnia e injuria" y amenazas públicas y privadas de toda índole.
A la luz de semejante historial, argüir que "nuestro país goza de un sistema democrático", como lo hacen Alvaro Alemán y otros comentaristas políticos, y que el PRD no amenaza el afianzamiento de la democracia, constituye, cuando menos, una ligereza imperdonable.
En la coyuntura en que nos encontramos, la prioridad del país es robustecer y consolidar el sistema democrático. Sin democracia no serán posibles ni el desarrollo, ni la equidad, ni la justicia social, ni el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a todo lo cual aspira el mayoritario segmento civilista de la ciudadanía. Correspondía, entonces, a todas las facciones de la oposición política unirse para derrotar al PRD e inaugurar un gobierno democrático el 1 de septiembre próximo. Los dirigentes y partidos agrupados en Acción Opositora, sin embargo, más preocupados por garantizar su propia supervivencia política, en vías de extinción, prefirieron dividir a la oposición, decisión que han justificado en términos de una seudo superioridad y moralidad que no corresponde, de manera alguna, a la realidad de los hechos.
Ante este panorama, queda claro que el voto civilista debe ejercerse para apoyar a Mireya Moscoso. De los tres candidatos presidenciales, la de la Unión por Panamá es la que mayor experiencia política posee, la que más completo plan de gobierno ha presentado, la que de mejores asesores se ha rodeado y la que ha demostrado auténtica sensibilidad social. Además de lo anterior, es la única que entiende que la coyuntura electoral de 1999 constituye una oportunidad, que no podemos dejar pasar, para reencauzar al país por la senda del afianzamiento y la consolidación de la democracia.
En aras de este objetivo, exhorto al sector civilista del país a votar por Mireya Moscoso y los candidatos idóneos a puestos de elección, propuestos por la Unión por Panamá, como Miguel Antonio Bernal, aspirante a la Alcaldía del Distrito Capital y José Blandón Figueroa, candidato a legislador (circuito 8-8). Exhorto también a la población a defender la pureza del sufragio de las pretensiones continuistas del PRD, que han adquirido un cariz más agresivo en los últimos días, particularmente con la emisión de declaraciones amenazantes y el intento por sacar de circulación el suplemento "El pulso de la Nación" del jueves 22 de abril, que ubica a Mireya Moscoso a la cabeza de las preferencias del electorado.
Y, proclamado el triunfo de la Unión por Panamá, exhorto la ciudadanía a mantenerse en permanente vigilia para asegurar que, independientemente del partido o grupo de partidos que lo dirijan, el gobierno del país se ejerza, de ahora en adelante, de manera vertical, transparente y democrática, que es lo mínimo a que tenemos derecho como ciudadanos, miembros plenos de la comunidad política.
Según este entendimiento, es de suponer que, porque admitió la derrota en el referéndum del 30 de agosto pasado, el PRD actúa de conformidad con los principios de la democracia. Este error está ejemplificado en un reciente artículo de Alvaro Alemán, partidario de Alberto Vallarino, que en una de sus secciones dice así:
"El argumento de que el votante opositor tiene que votar "en contra" tuvo validez en los procesos electorales de 1984 y 1989, cuando no existía un régimen democrático en nuestro país. A partir de 1990 nuestro país goza de un sistema democrático, por lo que el votante debe votar en conciencia, es decir, a favor de quien él considere que es el mejor candidato presidencial" (La Prensa, 9 de abril de 1999).
Declaraciones como ésta revelan un profundo desconocimiento de la historia política del país - inclusive, de la historia reciente - al igual que de lo que entraña el concepto de democracia. Nadie que reflexione, con un mínimo de cuidado, sobre las implicaciones y características del régimen democrático puede decir que en Panamá "gozamos" de democracia.
Quienes nos hemos dedicado a estudiar a fondo el período de la dictadura y el desarrollo político de la Nación a partir de 1990, podemos afirmar, con fundamento, y sustentarlo en cualquier foro, y debatirlo con quien sea, que en Panamá no impera un régimen democrático, que el PRD es anatema para la democracia y que su permanencia en el poder menoscabará, significativamente, las esperanzas de la ciudadanía en materia de democratización y desarrollo humano sostenible.
En su primera gestión (1968-1989), los dirigentes del PRD (quienes hoy aspiran a que el electorado les renueve el mandato por cinco años más) se dedicaron, sistemáticamente, a destruir las instituciones democráticas que nos legaron los fundadores de la República. Accedieron al poder luego del violento derrocamiento de un presidente legítimamente elegido. Inauguraron su gobierno espurio con la clausura de la Asamblea Nacional, que a pesar de sus obvios defectos cumplía una función deliberativa y fiscalizadora esencial.
Luego aniquilaron el sistema de partidos, que no obstante sus limitaciones manifiestas, ejercía una importante función representativa. Expropiaron los medios independientes de comunicación, como la Editora Panamá América, Radio Impacto y otros. Suprimieron la libertad de expresión, a través de la imposición de antidemocráticas "leyes mordaza". Cerraron y posteriormente inutilizaron la Universidad de Panamá, foro democrático por excelencia. Y encarcelaron, torturaron, exiliaron y asesinaron a quienes se les oponían.
Además de violar los derechos fundamentales del pueblo panameño, a través de sus atracos y malos manejos financieros, los dirigentes del PRD, que entonces estaban al servicio de una cúpula militar prepotente y corrupta, arruinaron la economía nacional, lo que redujo apreciablemente el nivel de vida de la mayoría de la población y condenó a una porción significativa de la ciudadanía a la pobreza y la miseria.
Al respecto, la extraordinaria columna de Betty Brannan Jaén, publicada el 21 de abril, proporciona valiosos elementos de juicio que conducen a esta misma conclusión, que la corresponsal de La Prensa en Washington resume así: "lo que el torrijismo trajo a Panamá fue que algunos se hicieran más ricos mientras que los pobres se hacían más pobres y todos -ricos y pobres juntos- perdíamos nuestras libertades fundamentales y nuestra soberanía como pueblo".
Desalojada la dictadura, la dirigencia del PRD jamás asumió su responsabilidad por el descalabro sufrido bajo la dictadura militar. De su parte no hubo, siquiera, una sola petición pública de perdón por el sufrimiento masivo que los líderes del partido de la dictadura le causaron a la población, como atinadamente lo apuntó hace unos días, en un artículo de opinión, Paulina Jácome de la Guardia (La Prensa, 7 de abril de 1999).
De vuelta al poder, entre 1994-1999, a través de la usurpación de poderes, el chantaje y el soborno, el PRD ha reducido a la Asamblea a niveles de vileza, indignidad e incompetencia que creímos superados luego del desalojo de la dictadura. Ha minado la autonomía de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público, la Fiscalía Electoral, la Autoridad de la Región Interoceánica, la Autoridad del Canal y otras entidades fundamentales del Estado panameño.
Ha abusado del poder público, a través de la imposición de medidas inconsultas, el despilfarro escandaloso de fondos nacionales y el uso arbitrario de la fuerza, como en el asalto a la Universidad de Panamá de diciembre de 1998. Ha manifestado un desprecio inaudito hacia la ciudadanía y la opinión pública, negándose a revelar asuntos básicos del manejo del Estado, que a todos nos competen, como la política económica en general y la asignación de fondos nacionales y el endeudamiento público, en particular.
Ha gobernado según criterios absolutamente sectarios y particularistas, como lo indica, mejor que cualquier otro ejemplo, la propuesta de cambiar la Constitución para permitirle al actual presidente permanecer en el poder por cinco años más. Y ha violado los derechos ciudadanos y políticos de la población, al perseguir, a quienes protestan, a través de demandas por "calumnia e injuria" y amenazas públicas y privadas de toda índole.
A la luz de semejante historial, argüir que "nuestro país goza de un sistema democrático", como lo hacen Alvaro Alemán y otros comentaristas políticos, y que el PRD no amenaza el afianzamiento de la democracia, constituye, cuando menos, una ligereza imperdonable.
En la coyuntura en que nos encontramos, la prioridad del país es robustecer y consolidar el sistema democrático. Sin democracia no serán posibles ni el desarrollo, ni la equidad, ni la justicia social, ni el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a todo lo cual aspira el mayoritario segmento civilista de la ciudadanía. Correspondía, entonces, a todas las facciones de la oposición política unirse para derrotar al PRD e inaugurar un gobierno democrático el 1 de septiembre próximo. Los dirigentes y partidos agrupados en Acción Opositora, sin embargo, más preocupados por garantizar su propia supervivencia política, en vías de extinción, prefirieron dividir a la oposición, decisión que han justificado en términos de una seudo superioridad y moralidad que no corresponde, de manera alguna, a la realidad de los hechos.
Ante este panorama, queda claro que el voto civilista debe ejercerse para apoyar a Mireya Moscoso. De los tres candidatos presidenciales, la de la Unión por Panamá es la que mayor experiencia política posee, la que más completo plan de gobierno ha presentado, la que de mejores asesores se ha rodeado y la que ha demostrado auténtica sensibilidad social. Además de lo anterior, es la única que entiende que la coyuntura electoral de 1999 constituye una oportunidad, que no podemos dejar pasar, para reencauzar al país por la senda del afianzamiento y la consolidación de la democracia.
En aras de este objetivo, exhorto al sector civilista del país a votar por Mireya Moscoso y los candidatos idóneos a puestos de elección, propuestos por la Unión por Panamá, como Miguel Antonio Bernal, aspirante a la Alcaldía del Distrito Capital y José Blandón Figueroa, candidato a legislador (circuito 8-8). Exhorto también a la población a defender la pureza del sufragio de las pretensiones continuistas del PRD, que han adquirido un cariz más agresivo en los últimos días, particularmente con la emisión de declaraciones amenazantes y el intento por sacar de circulación el suplemento "El pulso de la Nación" del jueves 22 de abril, que ubica a Mireya Moscoso a la cabeza de las preferencias del electorado.
Y, proclamado el triunfo de la Unión por Panamá, exhorto la ciudadanía a mantenerse en permanente vigilia para asegurar que, independientemente del partido o grupo de partidos que lo dirijan, el gobierno del país se ejerza, de ahora en adelante, de manera vertical, transparente y democrática, que es lo mínimo a que tenemos derecho como ciudadanos, miembros plenos de la comunidad política.
