El escándalo del Rayo X para contenedores
Al margen de otras consideraciones, ¿para qué quieren tanto dinero, si no les alcanzará vida, ni generaciones, ni el país entero para gastarlo? Seguramente estarán más cerca del infierno y la cárcel que del paraíso, no importa lo bien que lo hagan. En el exilio, la fortuna más inmensa es pequeña.
Fuera de eso, ¿por qué obviar la licitación, por qué la prisa, por qué el manejo subrepticio? Además, ¿y qué de Panamá y su frágil competitividad respecto a otros centros próximos de redistribución de mercancía contenerizada? Cualquiera sea lo que se cobre por el servicio, estropeará años de esfuerzo de los empresarios de Zona Libre y los puertos, por atraer hacia acá así sea una parte pequeña del flujo de contenedores de la Maersk, Evergreen y Cosco. Si subimos los costos de manejo, así sea en cinco balboas por unidad, sin ningún valor agregado en términos de rapidez y eficiencia, se irán.
Shanghai por ejemplo, en cosa de dos años ha ascendido desde un lejano catorceavo puesto en número de contenedores manejados en el mundo a cuarto lugar, pese a que su calado no permite atender los enormes barcos Post-Panamax. Pero tienen en cambio la virtud de compensar esa deficiencia con un eficiente servicio de trasbordo en alta mar a naves menores. Y en ese proceso, obviamente, no se les ocurre ceder competitividad frente a Hong Kong, Singapur y Taiwan. Pero a nuestros "vivos" sí. Y después de todo, ¿es viveza o tontería?
Encarecer además la mercancía que se importa al país, tampoco contribuye a aliviar su actual situación económica. Mucho menos hacerlo con la que se reexporta hacia países que debieran asumir el costo y servicio de verificar la que les entra, y no asumirlo los contribuyentes panameños que bastante tenemos con la que importamos. ¿O es que pretendemos convertimos en guardianes gratuitos de la mercancía que se destina a terceros países? Paremos este disparate ya. Y esperamos aprendan de la experiencia. Los negocios de este tipo, como aquellos que amenazan la flota mercante nacional con el cobro de abusivos costos consulares, atentan contra el centro de servicios panameño. Y frente a ello, el gobierno debe dar las explicaciones más claras y categóricas; y la Contraloría, investigar tamaña irregularidad.
Fuera de eso, ¿por qué obviar la licitación, por qué la prisa, por qué el manejo subrepticio? Además, ¿y qué de Panamá y su frágil competitividad respecto a otros centros próximos de redistribución de mercancía contenerizada? Cualquiera sea lo que se cobre por el servicio, estropeará años de esfuerzo de los empresarios de Zona Libre y los puertos, por atraer hacia acá así sea una parte pequeña del flujo de contenedores de la Maersk, Evergreen y Cosco. Si subimos los costos de manejo, así sea en cinco balboas por unidad, sin ningún valor agregado en términos de rapidez y eficiencia, se irán.
Shanghai por ejemplo, en cosa de dos años ha ascendido desde un lejano catorceavo puesto en número de contenedores manejados en el mundo a cuarto lugar, pese a que su calado no permite atender los enormes barcos Post-Panamax. Pero tienen en cambio la virtud de compensar esa deficiencia con un eficiente servicio de trasbordo en alta mar a naves menores. Y en ese proceso, obviamente, no se les ocurre ceder competitividad frente a Hong Kong, Singapur y Taiwan. Pero a nuestros "vivos" sí. Y después de todo, ¿es viveza o tontería?
Encarecer además la mercancía que se importa al país, tampoco contribuye a aliviar su actual situación económica. Mucho menos hacerlo con la que se reexporta hacia países que debieran asumir el costo y servicio de verificar la que les entra, y no asumirlo los contribuyentes panameños que bastante tenemos con la que importamos. ¿O es que pretendemos convertimos en guardianes gratuitos de la mercancía que se destina a terceros países? Paremos este disparate ya. Y esperamos aprendan de la experiencia. Los negocios de este tipo, como aquellos que amenazan la flota mercante nacional con el cobro de abusivos costos consulares, atentan contra el centro de servicios panameño. Y frente a ello, el gobierno debe dar las explicaciones más claras y categóricas; y la Contraloría, investigar tamaña irregularidad.
