El escándalo del Seguro Social
Antes de que la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa desatara el escándalo de la provisión de medicamentos en la Caja de Seguro Social, incluyendo denuncias de corrupción, todo parecía normal, salvo las quejas por escasez y uno que otro proveedor que señalaba que se favorecía a quienes no lo merecían, en perjuicio de los asegurados.
Pero bajo la superficie se sabía que los logros de Martinelli en términos de mejora del servicio habían retrocedido al punto de partida, y las deficiencias y denuncias de los usuarios volvieron a multiplicarse. Cierto que cesaron los forcejeos entre médicos y directivos, pero ello al precio de retornar al desorden.
La OIT no tiene prisa en confirmar, como si la matemáticas fuera un secreto universal, que el fondo de vejez, invalidez y muerte marcha hacia una quiebra segura, con fecha anunciada incluso. Pero nada se hace para sortear el abismo, aunque sus directivos saben que van hacia el despeñadero.
En el resto de América Latina, México, modelo de leyes laborales y sociales en el continente, fue el último en dar pasos hacia la privatización de su fondo de pensiones. Y nadie arrojó una sola piedra, ni un solo átomo de gas lacrimógeno para evitarlo. La gente fue informada de que si ello no se hacía, ocurriría como con los bancos, la quiebra y riesgo de perder las jubilaciones.
Aquí sugerimos empezar privatizando algunos servicios, como por ejemplo, la administración de algunos hospitales. De ese modo, el operario particular se vería forzado a dar un buen servicio y a no dilapidar recursos, so pena de perder hasta la forma de andar y la concesión.
El siguiente paso sería asignar a hospitales privados la atención de cuotas de asegurados, por cuenta del Seguro, convencidos de que al fin y al cabo el usuario recibiría un mejor servicio, el hospital privado ganaría pacientes y el Seguro Social ahorraría dinero, porque más caro le saldría hacerlo él mismo. Pero nada hicieron. Ni siquiera lo pensaron.
El nuevo escándalo de los medicamentos no nos sorprende. Se gastan 200 millones de balboas cada año, casi el presupuesto de mantenimiento del Canal, y sin embargo no hay suficientes medicinas. Se adjudican ventas de productos peores y más caros, se hacen adquisiciones excesivas de unos mientras faltan otros y se atrasan los pagos a proveedores. Por todos los rincones huele mal.
La CLICAC ha acusado a la entidad de violar las normas de libre competencia, esto es de propiciar monopolios y oligopolios de suministro, mientras los proveedores se quejan de irregularidades. Ambos apuntan a la Junta Médica como villana. Pero la cuestión no es tan simple. Todo el sistema debe ser revisado, la estructura misma del Seguro Social incluso, desde sus cimientos.
Pero bajo la superficie se sabía que los logros de Martinelli en términos de mejora del servicio habían retrocedido al punto de partida, y las deficiencias y denuncias de los usuarios volvieron a multiplicarse. Cierto que cesaron los forcejeos entre médicos y directivos, pero ello al precio de retornar al desorden.
La OIT no tiene prisa en confirmar, como si la matemáticas fuera un secreto universal, que el fondo de vejez, invalidez y muerte marcha hacia una quiebra segura, con fecha anunciada incluso. Pero nada se hace para sortear el abismo, aunque sus directivos saben que van hacia el despeñadero.
En el resto de América Latina, México, modelo de leyes laborales y sociales en el continente, fue el último en dar pasos hacia la privatización de su fondo de pensiones. Y nadie arrojó una sola piedra, ni un solo átomo de gas lacrimógeno para evitarlo. La gente fue informada de que si ello no se hacía, ocurriría como con los bancos, la quiebra y riesgo de perder las jubilaciones.
Aquí sugerimos empezar privatizando algunos servicios, como por ejemplo, la administración de algunos hospitales. De ese modo, el operario particular se vería forzado a dar un buen servicio y a no dilapidar recursos, so pena de perder hasta la forma de andar y la concesión.
El siguiente paso sería asignar a hospitales privados la atención de cuotas de asegurados, por cuenta del Seguro, convencidos de que al fin y al cabo el usuario recibiría un mejor servicio, el hospital privado ganaría pacientes y el Seguro Social ahorraría dinero, porque más caro le saldría hacerlo él mismo. Pero nada hicieron. Ni siquiera lo pensaron.
El nuevo escándalo de los medicamentos no nos sorprende. Se gastan 200 millones de balboas cada año, casi el presupuesto de mantenimiento del Canal, y sin embargo no hay suficientes medicinas. Se adjudican ventas de productos peores y más caros, se hacen adquisiciones excesivas de unos mientras faltan otros y se atrasan los pagos a proveedores. Por todos los rincones huele mal.
La CLICAC ha acusado a la entidad de violar las normas de libre competencia, esto es de propiciar monopolios y oligopolios de suministro, mientras los proveedores se quejan de irregularidades. Ambos apuntan a la Junta Médica como villana. Pero la cuestión no es tan simple. Todo el sistema debe ser revisado, la estructura misma del Seguro Social incluso, desde sus cimientos.
