El Estado competidor frente al Estado facilitador
En encuentro reciente del Ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, con la prensa local sirvió para divulgar el aporte del gobierno en la lucha por reducir el déficit habitacional, cifrado en 14,999 soluciones a partir del 1". de septiembre de 1999 a la vigencia fiscal del 2000; pero más que todo, el tema volvió a revivir una realidad insoslayable que gravita como una verdad de a puño. El Estado por sí solo no podrá eliminar la carencia de viviendas en los sectores de estratos más bajos de la población panameña, por lo que se requiere la acción de una empresa privada más agresiva y participativa, dotada, desde luego, de instrumentos y oportunidades que debe brindarle un estado facilitador y no competidor.
Si algún experto en estadísticas esbozara un recuento de lo que se ha hecho en materia de vivienda de interés social en las últimas décadas, verá que el esfuerzo ha sido de profundo contenido humano y social, pero que la solución definitiva está muy lejos de ser alcanzada, tal como lo acepta sin demagogia el ministro Cárdenas.
Sin embargo, algunos pasos positivos se han dado en la dirección correcta con iniciativas como la ley de interés preferencial, la Ley de Arrendamiento Financiero de Bienes Inmuebles con Promesa de Compra Venta (Leasing habitacional), que busca que el sector informal de la economía sea sujeto de crédito en la consecución de una vivienda digna y la Ley, por medio de la cual se incentiva la construcción de inmuebles de interés social al poner a disposición de los inversionistas terrenos de propiedad estatal que han estado ociosos por muchos años sin ningún rendimiento.
Todas estas legislaciones lo que buscan es sumar el impulso de ambas instancias con el propósito de lograr un clima propicio y no otra cosa, para que la inversión privada encuentre los canales favorables que la lleven a involucrarse en una tarea de grandes proporciones, si se toma en cuenta que el déficit de viviendas actual es del orden de las 187 mil unidades residenciales. Como indicador del problema, al Ministerio de Vivienda le corresponde atacar el 32 .7 por ciento del déficit global, de manera que tendría que atender unas 56 mil familias.
Otras cifras que contribuyen a dibujar una panorámica del asunto serían las siguientes: el mayor faltante está en la provincia de Panamá con 81,345 unidades, mientras que el segundo y tercer lugar lo ocupan Chiriquí con 31,790 y Colón con 15,895.
Ofrecer viviendas al sector informal de la economía parece ser uno de los grandes dilemas a que se enfrenta la inversión privada, a pesar de que en muchos casos, quienes se agitan en ese ámbito obtienen ingresos que, totalizados a veces, sobrepasan a lo que puedan obtener quienes cobran con regularidad salarios fijos y pagan impuestos regularmente, de allí que las fórmulas financieras innovadoras pueden encontrar aquí campo propicio para su desarrollo.
Entendiendo que la vivienda es más que un simple techo, sino que está compuesta por otros elementos como el terreno, la propia vivienda, los materiales de construcción y el equipamiento básico, es que el Gobierno ideó la ley que permite poner en uso los terrenos ociosos con que cuenta el Estado.
Actualmente son numerosas las instituciones dentro del engranaje gubernamental que tienen terrenos con vocación residencial sin uso, a saber el Banco Hipotecario, los municipios, la ARI, Reforma Agraria y el propio MIVI, por citar unos.
Al final de cuentas debemos entender que la vivienda es un bien inmueble sujeto a las reglas del mercado de compra y venta y que, de la estabilidad económica del conjunto del país va a depender en gran medida su consecución por parte de los sectores de menores ingresos.
Si algún experto en estadísticas esbozara un recuento de lo que se ha hecho en materia de vivienda de interés social en las últimas décadas, verá que el esfuerzo ha sido de profundo contenido humano y social, pero que la solución definitiva está muy lejos de ser alcanzada, tal como lo acepta sin demagogia el ministro Cárdenas.
Sin embargo, algunos pasos positivos se han dado en la dirección correcta con iniciativas como la ley de interés preferencial, la Ley de Arrendamiento Financiero de Bienes Inmuebles con Promesa de Compra Venta (Leasing habitacional), que busca que el sector informal de la economía sea sujeto de crédito en la consecución de una vivienda digna y la Ley, por medio de la cual se incentiva la construcción de inmuebles de interés social al poner a disposición de los inversionistas terrenos de propiedad estatal que han estado ociosos por muchos años sin ningún rendimiento.
Todas estas legislaciones lo que buscan es sumar el impulso de ambas instancias con el propósito de lograr un clima propicio y no otra cosa, para que la inversión privada encuentre los canales favorables que la lleven a involucrarse en una tarea de grandes proporciones, si se toma en cuenta que el déficit de viviendas actual es del orden de las 187 mil unidades residenciales. Como indicador del problema, al Ministerio de Vivienda le corresponde atacar el 32 .7 por ciento del déficit global, de manera que tendría que atender unas 56 mil familias.
Otras cifras que contribuyen a dibujar una panorámica del asunto serían las siguientes: el mayor faltante está en la provincia de Panamá con 81,345 unidades, mientras que el segundo y tercer lugar lo ocupan Chiriquí con 31,790 y Colón con 15,895.
Ofrecer viviendas al sector informal de la economía parece ser uno de los grandes dilemas a que se enfrenta la inversión privada, a pesar de que en muchos casos, quienes se agitan en ese ámbito obtienen ingresos que, totalizados a veces, sobrepasan a lo que puedan obtener quienes cobran con regularidad salarios fijos y pagan impuestos regularmente, de allí que las fórmulas financieras innovadoras pueden encontrar aquí campo propicio para su desarrollo.
Entendiendo que la vivienda es más que un simple techo, sino que está compuesta por otros elementos como el terreno, la propia vivienda, los materiales de construcción y el equipamiento básico, es que el Gobierno ideó la ley que permite poner en uso los terrenos ociosos con que cuenta el Estado.
Actualmente son numerosas las instituciones dentro del engranaje gubernamental que tienen terrenos con vocación residencial sin uso, a saber el Banco Hipotecario, los municipios, la ARI, Reforma Agraria y el propio MIVI, por citar unos.
Al final de cuentas debemos entender que la vivienda es un bien inmueble sujeto a las reglas del mercado de compra y venta y que, de la estabilidad económica del conjunto del país va a depender en gran medida su consecución por parte de los sectores de menores ingresos.
