El Estado molusco
EL ESTADO es un mal administrador, es el apotegma que ha justificado una y otra vez el redimensionamiento del sector público. La caña de azúcar, el cemento, la telefonía, la distribución de energía y los puertos, son algunos de los bienes o servicios que a lo largo de los años han sido "privatizados", siempre con la consigna de que hay que hacer de dichos sectores un renglón más productivo y que el Estado es incapaz de lograrlo.
En otros países el empuje "privatizador" ha ido más lejos que en Panamá, donde la tesis del mal administrador no ha tenido las mismas consecuencias para la distribución de agua potable y alcantarillados, ni para la seguridad social, pese a que los numeritos de estas entidades dicen que, en efecto, ambas han sufrido históricamente de la mala administración estatal. Habría que concluir entonces que hay sectores condenados a una mala gerencia, porque un cambio de administración no es (políticamente) viable. O quizás nuestra conclusión deba girar en otra dirección y plantearse que no es ética ni políticamente correcto quedarse con los brazos cruzados ante la mala gestión del Estado, porque sencillamente no todo puede ser privatizado.
Independientemente de la decisión de transferir ciertas actividades lucrativas al sector privado, lo que puede sustentarse por medio de una racionalidad económica o política, hay buenas razones para hacer del "ogro filantrópico" un ejecutivo con mejores hábitos de los que ha exhibido hasta ahora. Esas razones consisten en que, por más alejado que el Estado se encuentre de la producción de bienes y servicios que compiten en el mercado con los que produce el sector privado, siempre quedan funciones sensitivas, delicadas, cuyo desempeño no puede ser deficiente, negligente, o perverso, sin que se genere una dinámica dañina para los intereses de las empresas y los particulares, en general.
Comparemos dos caso extremos: las funciones más viejas del Estado con las más nuevas. El mantenimiento del orden público es una de las clásicas funciones del Estado. ¿Se puede aceptar que el Estado administre mal estos recursos? Ante la percepción de una creciente violencia que amenaza a la sociedad, se ha reducido mucho la tolerancia a la corrupción y el desgreño en materia de seguridad pública y las exigencias que pesan sobre la nueva jefatura de la Policía Nacional tienen que ver más con una gerencia efectiva de los recursos de la institución que con una dedicación a las artes marciales, a pesar de que en el mundo mediático los mensajes hayan sido desproporcionadamente dirigidos más a las percepciones que a las realidades.
Lo mismo puede decirse de las instituciones surgidas de la reforma económica de los 90, cuyas funciones consisten básicamente en un tipo de control sobre operaciones o actividades realizadas por particulares. Tanto el Ente Regulador de los Servicios Públicos, como la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, son entes técnicos a los que se les dotó de una autonomía funcional, para que los devaneos de los gobernantes no mermaran su capacidad de trabajo en la delicada de tarea de control asignada. Aunque no se puede saber cómo evolucionarán, lo cierto es que los estándares de calidad de la gestión en estas nuevas instituciones son más altos que los que ofrecen los ministerios.
¿Cuál es la enseñanza? Que la administración pública necesita una estructura gerencial efectiva, si es que pretende ser eficiente en las delicadas funciones que tiene que desempeñar. Una estructura gerencial efectiva está hecha más de hábitos y comportamientos diseñados alrededor de unos valores que de leyes. Las normas jurídicas son apenas una plataforma que permite construir la gerencia efectiva. Un diseño normativo defectuoso puede constituir un serio obstáculo para la gerencia efectiva, pero nunca es una justificación del pobre desempeño.
Un despacho público en donde el personal no cuenta con procedimientos claros, fácilmente se desliza hacia la arbitrariedad. Si los recursos humanos tienen un bajo nivel de capacitación y el reclutamiento no se hace en forma profesional, una institución tiene posibilidades muy reducidas de ser eficaz. Un jefe de despacho, que no tiene mando porque sus subalternos tienen conexiones políticas que los exoneran de las consecuencias ante el desempeño pobre, deficiente, o incluso mal intencionado, es un chiste que no causa gracia. Una organización que no tiene metas definidas no puede saber si va en el camino correcto o se ha extraviado, no tiene nada que medir y, si lo hace, lo hará en forma caprichosa. En fin, una administración pública sin una estructura orientada a la producción de resultados es un despilfarro, produce una mala imagen ante el público, y desánimo y frustración para aquellos funcionarios que en algún momento pensaron que podían aportar algo con su trabajo.
Un Estado invertebrado malamente cumple con alguna función, se presta para las corruptelas de toda índole, es una carga ilegítima para la sociedad y un riesgo para la democracia. El problema no es de ahora, viene de arrastre. Los gobernantes actuales deben hacer un esfuerzo para convertir al Estado en un "buen administrador" en todos los sectores y no sólo en los que están más directamente relacionados con las actividades económicas. Panamá tiene buenas razones para esgrimir la tesis de que el Estado puede ser un buen administrador, dadas ciertas condiciones. Recordemos que el Canal es una empresa pública, con una administración independiente del gobierno central, pero que por su naturaleza también califica como parte del Estado.
El Estado "molusco" podría encontrar sus aliados ideológicos en los que creen en la tesis del Estado mal administrador en forma absoluta. Pero esta alianza y esta creencia van en contra de sus propios intereses como ciudadanos. ¿O será que sólo se trata de apropiarse de los tentáculos más apetitosos del monstruo?
En otros países el empuje "privatizador" ha ido más lejos que en Panamá, donde la tesis del mal administrador no ha tenido las mismas consecuencias para la distribución de agua potable y alcantarillados, ni para la seguridad social, pese a que los numeritos de estas entidades dicen que, en efecto, ambas han sufrido históricamente de la mala administración estatal. Habría que concluir entonces que hay sectores condenados a una mala gerencia, porque un cambio de administración no es (políticamente) viable. O quizás nuestra conclusión deba girar en otra dirección y plantearse que no es ética ni políticamente correcto quedarse con los brazos cruzados ante la mala gestión del Estado, porque sencillamente no todo puede ser privatizado.
Independientemente de la decisión de transferir ciertas actividades lucrativas al sector privado, lo que puede sustentarse por medio de una racionalidad económica o política, hay buenas razones para hacer del "ogro filantrópico" un ejecutivo con mejores hábitos de los que ha exhibido hasta ahora. Esas razones consisten en que, por más alejado que el Estado se encuentre de la producción de bienes y servicios que compiten en el mercado con los que produce el sector privado, siempre quedan funciones sensitivas, delicadas, cuyo desempeño no puede ser deficiente, negligente, o perverso, sin que se genere una dinámica dañina para los intereses de las empresas y los particulares, en general.
Comparemos dos caso extremos: las funciones más viejas del Estado con las más nuevas. El mantenimiento del orden público es una de las clásicas funciones del Estado. ¿Se puede aceptar que el Estado administre mal estos recursos? Ante la percepción de una creciente violencia que amenaza a la sociedad, se ha reducido mucho la tolerancia a la corrupción y el desgreño en materia de seguridad pública y las exigencias que pesan sobre la nueva jefatura de la Policía Nacional tienen que ver más con una gerencia efectiva de los recursos de la institución que con una dedicación a las artes marciales, a pesar de que en el mundo mediático los mensajes hayan sido desproporcionadamente dirigidos más a las percepciones que a las realidades.
Lo mismo puede decirse de las instituciones surgidas de la reforma económica de los 90, cuyas funciones consisten básicamente en un tipo de control sobre operaciones o actividades realizadas por particulares. Tanto el Ente Regulador de los Servicios Públicos, como la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, son entes técnicos a los que se les dotó de una autonomía funcional, para que los devaneos de los gobernantes no mermaran su capacidad de trabajo en la delicada de tarea de control asignada. Aunque no se puede saber cómo evolucionarán, lo cierto es que los estándares de calidad de la gestión en estas nuevas instituciones son más altos que los que ofrecen los ministerios.
¿Cuál es la enseñanza? Que la administración pública necesita una estructura gerencial efectiva, si es que pretende ser eficiente en las delicadas funciones que tiene que desempeñar. Una estructura gerencial efectiva está hecha más de hábitos y comportamientos diseñados alrededor de unos valores que de leyes. Las normas jurídicas son apenas una plataforma que permite construir la gerencia efectiva. Un diseño normativo defectuoso puede constituir un serio obstáculo para la gerencia efectiva, pero nunca es una justificación del pobre desempeño.
Un despacho público en donde el personal no cuenta con procedimientos claros, fácilmente se desliza hacia la arbitrariedad. Si los recursos humanos tienen un bajo nivel de capacitación y el reclutamiento no se hace en forma profesional, una institución tiene posibilidades muy reducidas de ser eficaz. Un jefe de despacho, que no tiene mando porque sus subalternos tienen conexiones políticas que los exoneran de las consecuencias ante el desempeño pobre, deficiente, o incluso mal intencionado, es un chiste que no causa gracia. Una organización que no tiene metas definidas no puede saber si va en el camino correcto o se ha extraviado, no tiene nada que medir y, si lo hace, lo hará en forma caprichosa. En fin, una administración pública sin una estructura orientada a la producción de resultados es un despilfarro, produce una mala imagen ante el público, y desánimo y frustración para aquellos funcionarios que en algún momento pensaron que podían aportar algo con su trabajo.
Un Estado invertebrado malamente cumple con alguna función, se presta para las corruptelas de toda índole, es una carga ilegítima para la sociedad y un riesgo para la democracia. El problema no es de ahora, viene de arrastre. Los gobernantes actuales deben hacer un esfuerzo para convertir al Estado en un "buen administrador" en todos los sectores y no sólo en los que están más directamente relacionados con las actividades económicas. Panamá tiene buenas razones para esgrimir la tesis de que el Estado puede ser un buen administrador, dadas ciertas condiciones. Recordemos que el Canal es una empresa pública, con una administración independiente del gobierno central, pero que por su naturaleza también califica como parte del Estado.
El Estado "molusco" podría encontrar sus aliados ideológicos en los que creen en la tesis del Estado mal administrador en forma absoluta. Pero esta alianza y esta creencia van en contra de sus propios intereses como ciudadanos. ¿O será que sólo se trata de apropiarse de los tentáculos más apetitosos del monstruo?
