¿El Estado regulador o manipulado?
Regalar relojes Cartier y acondicionar una casa en Punta Mala han sido errores que afectaron la autoridad moral de la Presidenta, pero no afectaron la institucionalidad del país. Por lo contrario, el trato del Ejecutivo hacia el Ente Regulador es un error mucho más serio, porque sí afecta la misma institucionalidad.
Todo comenzó con el proyecto de Ley "chorizo", mediante el cual la Presidenta intentó establecer su propio control político sobre varias instituciones cuyos directivos tenían un período legal de servicio que no coincidía con su toma de posesión y, por ello, gozaban de relativa independencia. Originalmente el proyecto incluía a la Superintendencia Bancaria, la Autoridad Portuaria, la Autoridad de la Región Interoceánica, el Registro Público, la Comisión de Libre Competencia y de Asuntos del Consumidor y el Ente Regulador.
A estas instituciones el Gobierno de Pérez Balladares les había otorgado cierta autonomía, porque de una manera u otra respondían a la estrategia según la cual el Estado cesa de ejercer una función intervencionista, privatiza en muchos casos una actividad hasta ese momento estatal y asume un nuevo papel regulador sobre la misma. Es evidente que de este modo Pérez Balladares mantenía una influencia política más allá de su período presidencial. No es menos verdad, si embargo, que así ejecutaba una transformación institucional requerida por la transformación hacia una economía de mercado, intentada bajo la Presidencia de Ardito Barletta, emprendida limitadamente bajo la Presidencia de Endara y desarrollada decididamente bajo su propia Presidencia.
En apoyo al proyecto de Ley "chorizo", el Ejecutivo arremetió de modo muy especial contra los integrantes del Ente Regulador, particularmente contra su Presidente, el Ing. José Guanti. Lo acusó de ser responsable de un eventual aumento en las tasas de los servicios públicos de telefonía y electricidad, con lo cual sabotería el compromiso de la nueva Presidenta con los pobres. Se pretendió ignorar que esta posibilidad estaba establecida a favor de Cable & Wireless, previa una licitación, por el Contrato de Concesión No. 134 del 29 de mayo de 1997, de acuerdo con lo establecido en la Ley no. 5 de 9 de febrero de 1995.
Sorpresivamente, el 29 de diciembre de 1999, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de Gobierno y Justicia a suscribir una Addenda al Contrato de Concesión, tal que fue solicitada por Cable & Wireless. No se le autorizó para negociar los términos de la misma, sino para suscribir lo solicitado por la empresa. El propósito era reducir cinco metas que comprometían a dicha empresa a determinados niveles de rendimiento de servicios a los usuarios, en cuanto a instalación del servicio telefónico básico, reparación de averías del servicio telefónico básico fijo, averías reportadas pendientes de reparación, solicitudes pendientes de servicio telefónico básico y llamadas contestadas vía operadora de larga distancia internacional. El Ejecutivo tomó esta decisión sin informar al Ente Regulador ni someter los cambios en el Contrato a la aprobación de la Asamblea que lo había aprobado originalmente. Se dio así, a espaldas del Ente, la siguiente transacción: Cable & Wireless evitaba el incumplimiento del Contrato, que le hubiera permitido al Ente ejecutar en su contra una fianza de $10 millones e incluso eliminarle desde ya su exclusividad, que según el Contrato habría de vencer el 1 de enero del 2003; a cambio, la empresa postergaba por un año su derecho a plantear un aumento en las tasas de servicio básico local.
El Ente Regulador reaccionó para salvaguardar su independencia de cara al contubernio económico-político entre la empresa y el Ejecutivo. El 11 de enero le advirtió al Ministro las inconveniencias de modificar las metas pactadas. El 18 de enero consultó a la Procuradora de la Administración si la Addenda acordada por el Ejecutivo había cumplido con las formalidades legales. El mismo 18, el Ente por fin recibió del Ministerio un texto de la Addenda y el 31, una copia autenticada. El 3 de febrero la Procuradora opinó que las modificaciones sustantivas del Contrato requerían la aprobación legislativa y también ser consultadas con el Ente. Como resultado, el 9 de febrero el Ente presentó ante la Corte Suprema una demanda contencioso administrativa de nulidad en contra de la Addenda.
Además, "como un mecanismo de compensación al cliente por la disminución de los niveles en la calidad del servicio que reflejan las metas como consecuencia de la Addenda", el Ente, "en atención al interés público", por Resolución del 8 de febrero, decidió que "deben mantenerse para los años 2000 y 2001 los mismos topes de precios señalados para el año 1999 correspondientes a los servicios de telecomunicación básica local y, para el 2002 se apliquen los topes de precios pactados para el año 2001..." En resumen, el Ente decidió evitar los aumentos de tasa durante dos años y reducirlos para el tercer año.
En eso, sorpresivamente, el 15 de febrero, el Ing. José Guanti renunció al Ente. Aunque no proporcionó explicación, es de suponer que el grado de confrontación al que había sido obligado con el Ejecutivo y la empresa coaligados y la imagen que se le había creado, terminaron por hacerle la continuación en el cargo humanamente insoportable. La Presidenta procedió a nombrar en su remplazo al Ing. Alex Anel Arroyo, quien había sido ejecutivo del INTEL y de Cable Onda y quien inmediatamente fue electo Presidente de la institución por sus otros dos colegas. La Presidenta lograba así su objetivo político primario.
Dos meses más tarde, el 7 de abril, ante solicitud de reconsideración de la empresa, el Ente estimó "que la proporción en que se han alterado los topes de precios para los años 2000 y 2001... no parece la más justa y razonable". Decidió "que sea únicamente para el año 2000 donde se mantengan los topes de precios establecidos para el año 1999". En otras palabras, el arreglo entre la empresa y el Ejecutivo se le impuso al Ente: habrá aumento a partir de enero del año 2001.
En este caso como en el de las otras entidades incluidas en el proyecto de Ley "chorizo", la Presidenta logró a las malas la renuncia de sus respectivos jefes. Los cambios en las normas orgánicas de estas entidades, que se mencionaban, se olvidaron. Las preocupaciones sociales que se esgrimían en contra de los anteriores directivos, no se le plantean ya a los nuevos. El Ejecutivo sacrificó la oportunidad de una consolidación del profesionalismo del Estado en su función reguladora. Y cabe preguntase si la influencia política lograda es un fin en sí mismo o es un medio para otras ventajas y beneficios.
En este sentido, es sumamente sospechoso que 24 horas antes de que el Ente Regulador licitara la concesión de varios canales de televisión, el Contralor, pieza clave del Partido Arnulfista en el Estado, haya intervenido intempestivamente para suspender el acto final de licitación. Se sabe que el Ejecutivo quisiera restarle al Ente esta facultad para reasignársela al Ministerio de Gobierno y Justicia, pero no tiene los votos legislativos para aprobar esta regresión al patrimonialismo politiquero del Estado. Se sabe, por lo contrario, que el Ente insiste en completar el proceso que inició, con plena facultad legal, sólo con las empresas que precalificaron originalmente. El Contralor argumenta que se necesita la modificación de un Decreto Ejecutivo para poder completarlo, pero nadie explica la demora en efectuarla. Mientras tanto, el grupo de allegados financieros al Ejecutivo que ha comprado La Estrella de Panamá presiona para que se inicie una nueva licitación en la que ellos puedan participar.
La suerte definitiva de esta licitación nos dirá si el Ente Regulador se salvará, a pesar de todo lo ocurrido, como entidad profesional que pueda ejercer una función estatal de regulación imparcial en el contexto de una economía abierta. O si por lo contrario, el Ente se convertirá, a pesar de la resistencia de sus integrantes, en una institución manipulada por los apetitos de poder y de negocios de los gobernantes de turno.
Amanecerá y veremos. La suerte del Ente prefigura la de las otras instituciones reguladoras del Estado.
Todo comenzó con el proyecto de Ley "chorizo", mediante el cual la Presidenta intentó establecer su propio control político sobre varias instituciones cuyos directivos tenían un período legal de servicio que no coincidía con su toma de posesión y, por ello, gozaban de relativa independencia. Originalmente el proyecto incluía a la Superintendencia Bancaria, la Autoridad Portuaria, la Autoridad de la Región Interoceánica, el Registro Público, la Comisión de Libre Competencia y de Asuntos del Consumidor y el Ente Regulador.
A estas instituciones el Gobierno de Pérez Balladares les había otorgado cierta autonomía, porque de una manera u otra respondían a la estrategia según la cual el Estado cesa de ejercer una función intervencionista, privatiza en muchos casos una actividad hasta ese momento estatal y asume un nuevo papel regulador sobre la misma. Es evidente que de este modo Pérez Balladares mantenía una influencia política más allá de su período presidencial. No es menos verdad, si embargo, que así ejecutaba una transformación institucional requerida por la transformación hacia una economía de mercado, intentada bajo la Presidencia de Ardito Barletta, emprendida limitadamente bajo la Presidencia de Endara y desarrollada decididamente bajo su propia Presidencia.
En apoyo al proyecto de Ley "chorizo", el Ejecutivo arremetió de modo muy especial contra los integrantes del Ente Regulador, particularmente contra su Presidente, el Ing. José Guanti. Lo acusó de ser responsable de un eventual aumento en las tasas de los servicios públicos de telefonía y electricidad, con lo cual sabotería el compromiso de la nueva Presidenta con los pobres. Se pretendió ignorar que esta posibilidad estaba establecida a favor de Cable & Wireless, previa una licitación, por el Contrato de Concesión No. 134 del 29 de mayo de 1997, de acuerdo con lo establecido en la Ley no. 5 de 9 de febrero de 1995.
Sorpresivamente, el 29 de diciembre de 1999, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de Gobierno y Justicia a suscribir una Addenda al Contrato de Concesión, tal que fue solicitada por Cable & Wireless. No se le autorizó para negociar los términos de la misma, sino para suscribir lo solicitado por la empresa. El propósito era reducir cinco metas que comprometían a dicha empresa a determinados niveles de rendimiento de servicios a los usuarios, en cuanto a instalación del servicio telefónico básico, reparación de averías del servicio telefónico básico fijo, averías reportadas pendientes de reparación, solicitudes pendientes de servicio telefónico básico y llamadas contestadas vía operadora de larga distancia internacional. El Ejecutivo tomó esta decisión sin informar al Ente Regulador ni someter los cambios en el Contrato a la aprobación de la Asamblea que lo había aprobado originalmente. Se dio así, a espaldas del Ente, la siguiente transacción: Cable & Wireless evitaba el incumplimiento del Contrato, que le hubiera permitido al Ente ejecutar en su contra una fianza de $10 millones e incluso eliminarle desde ya su exclusividad, que según el Contrato habría de vencer el 1 de enero del 2003; a cambio, la empresa postergaba por un año su derecho a plantear un aumento en las tasas de servicio básico local.
El Ente Regulador reaccionó para salvaguardar su independencia de cara al contubernio económico-político entre la empresa y el Ejecutivo. El 11 de enero le advirtió al Ministro las inconveniencias de modificar las metas pactadas. El 18 de enero consultó a la Procuradora de la Administración si la Addenda acordada por el Ejecutivo había cumplido con las formalidades legales. El mismo 18, el Ente por fin recibió del Ministerio un texto de la Addenda y el 31, una copia autenticada. El 3 de febrero la Procuradora opinó que las modificaciones sustantivas del Contrato requerían la aprobación legislativa y también ser consultadas con el Ente. Como resultado, el 9 de febrero el Ente presentó ante la Corte Suprema una demanda contencioso administrativa de nulidad en contra de la Addenda.
Además, "como un mecanismo de compensación al cliente por la disminución de los niveles en la calidad del servicio que reflejan las metas como consecuencia de la Addenda", el Ente, "en atención al interés público", por Resolución del 8 de febrero, decidió que "deben mantenerse para los años 2000 y 2001 los mismos topes de precios señalados para el año 1999 correspondientes a los servicios de telecomunicación básica local y, para el 2002 se apliquen los topes de precios pactados para el año 2001..." En resumen, el Ente decidió evitar los aumentos de tasa durante dos años y reducirlos para el tercer año.
En eso, sorpresivamente, el 15 de febrero, el Ing. José Guanti renunció al Ente. Aunque no proporcionó explicación, es de suponer que el grado de confrontación al que había sido obligado con el Ejecutivo y la empresa coaligados y la imagen que se le había creado, terminaron por hacerle la continuación en el cargo humanamente insoportable. La Presidenta procedió a nombrar en su remplazo al Ing. Alex Anel Arroyo, quien había sido ejecutivo del INTEL y de Cable Onda y quien inmediatamente fue electo Presidente de la institución por sus otros dos colegas. La Presidenta lograba así su objetivo político primario.
Dos meses más tarde, el 7 de abril, ante solicitud de reconsideración de la empresa, el Ente estimó "que la proporción en que se han alterado los topes de precios para los años 2000 y 2001... no parece la más justa y razonable". Decidió "que sea únicamente para el año 2000 donde se mantengan los topes de precios establecidos para el año 1999". En otras palabras, el arreglo entre la empresa y el Ejecutivo se le impuso al Ente: habrá aumento a partir de enero del año 2001.
En este caso como en el de las otras entidades incluidas en el proyecto de Ley "chorizo", la Presidenta logró a las malas la renuncia de sus respectivos jefes. Los cambios en las normas orgánicas de estas entidades, que se mencionaban, se olvidaron. Las preocupaciones sociales que se esgrimían en contra de los anteriores directivos, no se le plantean ya a los nuevos. El Ejecutivo sacrificó la oportunidad de una consolidación del profesionalismo del Estado en su función reguladora. Y cabe preguntase si la influencia política lograda es un fin en sí mismo o es un medio para otras ventajas y beneficios.
En este sentido, es sumamente sospechoso que 24 horas antes de que el Ente Regulador licitara la concesión de varios canales de televisión, el Contralor, pieza clave del Partido Arnulfista en el Estado, haya intervenido intempestivamente para suspender el acto final de licitación. Se sabe que el Ejecutivo quisiera restarle al Ente esta facultad para reasignársela al Ministerio de Gobierno y Justicia, pero no tiene los votos legislativos para aprobar esta regresión al patrimonialismo politiquero del Estado. Se sabe, por lo contrario, que el Ente insiste en completar el proceso que inició, con plena facultad legal, sólo con las empresas que precalificaron originalmente. El Contralor argumenta que se necesita la modificación de un Decreto Ejecutivo para poder completarlo, pero nadie explica la demora en efectuarla. Mientras tanto, el grupo de allegados financieros al Ejecutivo que ha comprado La Estrella de Panamá presiona para que se inicie una nueva licitación en la que ellos puedan participar.
La suerte definitiva de esta licitación nos dirá si el Ente Regulador se salvará, a pesar de todo lo ocurrido, como entidad profesional que pueda ejercer una función estatal de regulación imparcial en el contexto de una economía abierta. O si por lo contrario, el Ente se convertirá, a pesar de la resistencia de sus integrantes, en una institución manipulada por los apetitos de poder y de negocios de los gobernantes de turno.
Amanecerá y veremos. La suerte del Ente prefigura la de las otras instituciones reguladoras del Estado.
