El Estado y la agricultura
Para trazar cualquier política en materia de desarrollo agrícola, se debe tener presente que los problemas de la agricultura únicamente pueden resolverse mediante el fomento de los sectores no agrícolas. Por otra parte, la agricultura es demasiado importante para ser dejada a su propia suerte, mientras los planes de gobierno se concentran en turismo, obras públicas, comercio y servicios.
Por lo tanto, cualquier plan que se elabore para el sector agrícola debe llevarse a cabo una parte integral de la planificación del desarrollo económico general.
Saben los economistas que un crecimiento de la población de un 2-3% anual, hace que el producto interno bruto del país deba crecer por lo menos 5-6% al año para mejorar el ingreso per cápita en los niveles de vida, alcanzar un sentido de progreso y la expansión del capital que se necesita a fin de mantener ese crecimiento.
No importa que tengamos programas con nuevos elementos viables, de políticas y sistemas económicos (que no tenemos aún), que hagan factible su adopción. La necesidad de medios que acerque todo ello a su verdadero ámbito subsiste aún.
El Ministerio, el crédito, la estación experimental y la investigación deben ser llevados a la misma finca. Sin este factor el conjunto es incompleto y los demás elementos seguirán excluidos.
El factor de organización es, quizá, el menos tangible y el menos claramente comprendido en esta ecuación.
La situación entre el agricultor y el burócrata es compleja, ya que el Estado debe desempeñar una parte principal en la canalización del desarrollo agrícola.
La empresa privada puede emprender un papel mayor o menor en el desarrollo agrícola, pero no podemos esperar a que construyan por su cuenta caminos de producción, ni que creen un servicio de extensión agropecuaria.
El Estado sólo puede ayudar al sector privado que permita servir a la agricultura en las actividades de compra-venta, debido a que estimula la flexibilidad de la competencia en vez de sufrir a consecuencia de la rigidez del monopolio.
Por lo anterior, los burócratas son los responsables de un factor de cambio en forma de agentes de extensión; el cooperativista o los administradores deben llevar las innovaciones a las fincas, de manera si esto no presenta beneficio al agricultor, los programas serán inoperantes.
Para clasificar estos aspectos, damos una serie de características que haría que el agricultor acepte las nuevas técnicas. Para ello deben:
Sin darle importancia a los aspectos mencionados, poco avanzaremos.
En consecuencia, todos los sectores deben crecer; y en ese sentido el rural, que comprende buen porcentaje de la población actual, debe lograr un crecimiento estable y constante, situación que no se da en estos momentos.
Si no medimos la efectividad de los programas agropecuarios con el crecimiento del sector, nunca podremos exigir a los ministros y a los burócratas resultados tangibles de su gestión y justificación de los millonarios presupuestos (más préstamos y donaciones extranjeras) que año tras año se solicitan.
Es por ello que la política agropecuaria debe considerarse como un programa de Estado y no de gobiernos, lo que debe entenderse así, sobre todo en esta etapa que negociamos tratados de libre comercio.
Por lo tanto, cualquier plan que se elabore para el sector agrícola debe llevarse a cabo una parte integral de la planificación del desarrollo económico general.
Saben los economistas que un crecimiento de la población de un 2-3% anual, hace que el producto interno bruto del país deba crecer por lo menos 5-6% al año para mejorar el ingreso per cápita en los niveles de vida, alcanzar un sentido de progreso y la expansión del capital que se necesita a fin de mantener ese crecimiento.
No importa que tengamos programas con nuevos elementos viables, de políticas y sistemas económicos (que no tenemos aún), que hagan factible su adopción. La necesidad de medios que acerque todo ello a su verdadero ámbito subsiste aún.
El Ministerio, el crédito, la estación experimental y la investigación deben ser llevados a la misma finca. Sin este factor el conjunto es incompleto y los demás elementos seguirán excluidos.
El factor de organización es, quizá, el menos tangible y el menos claramente comprendido en esta ecuación.
La situación entre el agricultor y el burócrata es compleja, ya que el Estado debe desempeñar una parte principal en la canalización del desarrollo agrícola.
La empresa privada puede emprender un papel mayor o menor en el desarrollo agrícola, pero no podemos esperar a que construyan por su cuenta caminos de producción, ni que creen un servicio de extensión agropecuaria.
El Estado sólo puede ayudar al sector privado que permita servir a la agricultura en las actividades de compra-venta, debido a que estimula la flexibilidad de la competencia en vez de sufrir a consecuencia de la rigidez del monopolio.
Por lo anterior, los burócratas son los responsables de un factor de cambio en forma de agentes de extensión; el cooperativista o los administradores deben llevar las innovaciones a las fincas, de manera si esto no presenta beneficio al agricultor, los programas serán inoperantes.
Para clasificar estos aspectos, damos una serie de características que haría que el agricultor acepte las nuevas técnicas. Para ello deben:
Generar utilidades suficientes.
Que las acciones sean complementarias.
Que sean atractivas y que satisfaga sus necesidades.
Que haya compatibilidad con la cultura ambiente.
Que sea simple, de fácil manejo y con pocos requisitos.
Debe existir disponibilidad (conocimientos, materiales y créditos).
Deben ser de aplicación inmediata, nada de tanta planificación prolongada.
El costo debe ser mínimo para poder que el agricultor pueda participar.
Que haya poco riesgo para el agricultor.
Que el programa pueda ser ampliado.
Que tenga efectos espectaculares.
Que haya visibilidad de los resultados.
Que tenga efecto residual, es decir que proyecte al agricultor confianza en sí mismo.
Sin darle importancia a los aspectos mencionados, poco avanzaremos.
En consecuencia, todos los sectores deben crecer; y en ese sentido el rural, que comprende buen porcentaje de la población actual, debe lograr un crecimiento estable y constante, situación que no se da en estos momentos.
Si no medimos la efectividad de los programas agropecuarios con el crecimiento del sector, nunca podremos exigir a los ministros y a los burócratas resultados tangibles de su gestión y justificación de los millonarios presupuestos (más préstamos y donaciones extranjeras) que año tras año se solicitan.
Es por ello que la política agropecuaria debe considerarse como un programa de Estado y no de gobiernos, lo que debe entenderse así, sobre todo en esta etapa que negociamos tratados de libre comercio.
