El explotado usuario. Un caso real
Las quejas se han convertido en el pan de cada día de los panameños. Nos suben descomunalmente el servicio eléctrico; nos aparecen llamadas internacionales que no hemos hecho. La gasolina cada vez esta más cara; el agua nos escasea todo un fin de semana. Poco nos interesa conocer los nombres de los comisionados de la CLICAC o del Ente Regulador, porque tenemos la sensación de que poco o nada hacen para protegernos de las transnacionales que operan y administran la mayoría de los servicios públicos. No hay nadie que efectivamente proteja al usuario o consumidor panameño. Sin embargo, hay otras entidades que supuestamente deberían velar por asuntos específicos de los ciudadanos para evitar los abusos de los poderosos operadores frente a los débiles y desamparados usuarios. Es el caso los bancos y los seguros, en donde esta protección debería facilitarse a través de las Superintendencias Bancaria y de Seguros y Reaseguros, respectivamente.
Hoy nos referiremos a un insólito caso, ocurrido en un banco panameño que, de seguro, debe repetirse con regularidad en nuestro sistema bancario, sin que las autoridades pongan coto alguno a estos abusos. En el caso que nos ocupa salvamos a una familia de perder su casa, valorada en más de B/. 50 mil, por una deuda de tarjeta de crédito que no superaba los B/. 900. Creo que Ripley"s le hubiera gustado la historia.
Un banco, que es como ninguno, interpuso en junio de 2002 demanda ejecutiva de menor cuantía, con acción de secuestro, ante juez municipal civil, por deuda de B/. 1.372.27, suma ésta que incluía las correspondientes costas. En la demanda se pidió el secuestro de la finca de nuestro cliente, cuyo nombre por no ser relevante reservamos. En mayo del 2005, la propiedad fue rematada por menos de la mitad de su valor, por B/. 23.000.01. Inmediatamente los diligentes abogados de los compradores comenzaron el proceso de lanzamiento por intruso a través de la respectiva corregiduría, con el fin de desalojar a sus antiguos dueños de la propiedad rematada; todo por una deuda de B/. 900.
Entramos en el caso en julio de 2005. Impugnamos el remate efectuado por una serie de anomalías que presentaba, como por ejemplo: el auto de secuestro fue notificado tres años después de su emisión; la publicación del remate no se hizo conforme a lo establecido. Nos metimos en el proceso de lanzamiento por intruso solicitando la corrección de la demanda, ya que mostraba otra cantidad importante de errores. Me imagino que como todo les había sido tan fácil y no pensaron que nadie les objetaría lo que hacían tan de prisa, se les pasaron todas esas cosas que al final sirvieron de palanca para resolver el entuerto creado, y poder nuestros clientes, con un costo mínimo, recuperar su propiedad, de la cual disfrutan pacíficamente hoy.
¿A cuántas personas no le habrán hecho semejante atraco otros bancos del sistema? ¿Hasta cuándo la población seguirá siendo esquilmada con esta proliferación de ventas de tarjetas de crédito sin que la gente tenga siquiera capacidad de pagar por sus deudas? ¿Qué entidad estatal le pone el cascabel al gato a estas empresas que inundan el mercado vendiéndole tarjetas de crédito a todo el mundo? ¿Qué hace la CLICAC para educar a los usuarios para que se enfrenten a estos "amigos", al concederles las tarjetas, pero "desalmados", cuando cobran lo que se les debe de las mismas? ¿Adónde están las autoridades que, como la Superintendecia de Bancos, deben impedir que estas cosas ocurran? ¿O es qué la Superintendecia, incluyendo a su rectora y a su Junta Directiva, están únicamente para beneficiar a los bancos establecidos en Panamá?
Vivimos en una sociedad totalmente saturada por el consumismo. Vemos cómo se hace dinero de la forma más rápida, no importa que para hacerlo desplumemos a los demás, sobre todo a los que menos tienen. Tarjetas de créditos a tutiplén, financieras con exhorbitantes intereses, casinos por doquier, chinguia por todas partes; bancos inescrupulosos; aguardiente por donde uno vea. En fin, todo hecho, no para que el panameño se mejore y se eduque más; por el contrario, para que siga siendo más pobre, menos educado y todo le termine costando el doble.
Ojalá que el caso que hoy hemos relatado sirva de motivación para que las correspondientes autoridades tomen conciencia de la necesidad de regular estas materias para impedir que los poderosos sigan acometiendo con tanta dureza en contra de los sufridos usuarios y consumidores de sus servicios y bienes, muchas veces innecesarios e inútiles. La sociedad panameña exige de la ayuda estatal para que se le respete.
Hoy nos referiremos a un insólito caso, ocurrido en un banco panameño que, de seguro, debe repetirse con regularidad en nuestro sistema bancario, sin que las autoridades pongan coto alguno a estos abusos. En el caso que nos ocupa salvamos a una familia de perder su casa, valorada en más de B/. 50 mil, por una deuda de tarjeta de crédito que no superaba los B/. 900. Creo que Ripley"s le hubiera gustado la historia.
Un banco, que es como ninguno, interpuso en junio de 2002 demanda ejecutiva de menor cuantía, con acción de secuestro, ante juez municipal civil, por deuda de B/. 1.372.27, suma ésta que incluía las correspondientes costas. En la demanda se pidió el secuestro de la finca de nuestro cliente, cuyo nombre por no ser relevante reservamos. En mayo del 2005, la propiedad fue rematada por menos de la mitad de su valor, por B/. 23.000.01. Inmediatamente los diligentes abogados de los compradores comenzaron el proceso de lanzamiento por intruso a través de la respectiva corregiduría, con el fin de desalojar a sus antiguos dueños de la propiedad rematada; todo por una deuda de B/. 900.
Entramos en el caso en julio de 2005. Impugnamos el remate efectuado por una serie de anomalías que presentaba, como por ejemplo: el auto de secuestro fue notificado tres años después de su emisión; la publicación del remate no se hizo conforme a lo establecido. Nos metimos en el proceso de lanzamiento por intruso solicitando la corrección de la demanda, ya que mostraba otra cantidad importante de errores. Me imagino que como todo les había sido tan fácil y no pensaron que nadie les objetaría lo que hacían tan de prisa, se les pasaron todas esas cosas que al final sirvieron de palanca para resolver el entuerto creado, y poder nuestros clientes, con un costo mínimo, recuperar su propiedad, de la cual disfrutan pacíficamente hoy.
¿A cuántas personas no le habrán hecho semejante atraco otros bancos del sistema? ¿Hasta cuándo la población seguirá siendo esquilmada con esta proliferación de ventas de tarjetas de crédito sin que la gente tenga siquiera capacidad de pagar por sus deudas? ¿Qué entidad estatal le pone el cascabel al gato a estas empresas que inundan el mercado vendiéndole tarjetas de crédito a todo el mundo? ¿Qué hace la CLICAC para educar a los usuarios para que se enfrenten a estos "amigos", al concederles las tarjetas, pero "desalmados", cuando cobran lo que se les debe de las mismas? ¿Adónde están las autoridades que, como la Superintendecia de Bancos, deben impedir que estas cosas ocurran? ¿O es qué la Superintendecia, incluyendo a su rectora y a su Junta Directiva, están únicamente para beneficiar a los bancos establecidos en Panamá?
Vivimos en una sociedad totalmente saturada por el consumismo. Vemos cómo se hace dinero de la forma más rápida, no importa que para hacerlo desplumemos a los demás, sobre todo a los que menos tienen. Tarjetas de créditos a tutiplén, financieras con exhorbitantes intereses, casinos por doquier, chinguia por todas partes; bancos inescrupulosos; aguardiente por donde uno vea. En fin, todo hecho, no para que el panameño se mejore y se eduque más; por el contrario, para que siga siendo más pobre, menos educado y todo le termine costando el doble.
Ojalá que el caso que hoy hemos relatado sirva de motivación para que las correspondientes autoridades tomen conciencia de la necesidad de regular estas materias para impedir que los poderosos sigan acometiendo con tanta dureza en contra de los sufridos usuarios y consumidores de sus servicios y bienes, muchas veces innecesarios e inútiles. La sociedad panameña exige de la ayuda estatal para que se le respete.
