El falso paradigma de "mano dura"
El Derecho Penal, como rama del Derecho Público y que se adscribe en la Enciclopedia Jurídica Universal, tiene sus orígenes allí, en donde se ha realizado un acto o acontecimiento causal, voluntario, humano, que ha sido reseñado en la ley o norma jurídica como sancionable o punible. Según el maestro vienés Hans Kelsen, el hecho siempre precede al Derecho. Legislar y sancionar, en cualquier materia jurídica, pero sobre todo en la penal, sin la prescripción del hecho o acto, conducta o comportamiento humano cuya tipicidad se previene en una ley al mismo tiempo que su pena o sanción, es tanto como poner la carreta por delante de los bueyes.
Creemos que no se necesitan mayores ejemplos, como el expuesto, para poner en evidencia la falacia del discurso de un "Derecho Penal de Enemigo".
La dogmática penal, es decir, la que teoriza todo cuanto atañe a la definición de la palabra delito, la teoría de la pena, de los elementos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad penal, etc., sostiene que no puede existir delito, ni pena, tampoco la culpa, si no hay una norma jurídica que prescriba, con claridad y certeza, de modo taxativo, la acción o conducta que se quiere elevar a la categoría de delito; también es menester que la pena esté precisada en la ley y que la culpa sea probada.
El aforismo latino, que aun cuando se formula en esa lengua muerta, no indica que pertenezca a la antigüedad romana ni que haya sido el Derecho romano el que lo haya sugerido, reza así: nullum crimen nulla poena et nulla culpa sine previa et certa lege. El complemento judicial o procesal del antes expresado postulado -principio de legalidad criminal- que lo plantea, Anselmo Von Feurbach en su célebre Lerbruch, se encuentra en otro aforismo latino que dice "nemo iudicium et nullum iudiciio sine praevia lege et actoris" (no hay juicio y nulo es el juicio sin acusador o actor y sin que el juicio lo prevea la ley).
Estos dos grandes postulados de la reflexión iluminada de grandes penalistas, han traído tanto bien a la democracia que son los que introducen, realmente, el debate profundo del tema referido a los derechos humanos.
De no haber sido por la lucha que los pueblos han realizado para exigir el fiel respeto al debido proceso y al principio de legalidad criminal, ante el trato despiadado, inmisericorde, arbitrario, que en no pocas ocasiones los que detentan el poder se ven tentados a hacer uso de él en contra de hombres y mujeres que no hacen otra cosa que protestar ante la puesta en marcha de la prepotencia, la persecución, el exilio, los procesos amañados, la siembra de evidencias inculpatorias en cuerpos humanos, en residencias y hogares; o plantar noticias de supuestos iter criminis en diarios del extranjero y luego desatar supuestas investigaciones en lo interno del Estado de los respectivos nacionales acusados, las penas sin sentencias, los traros crueles e inhumanos, la violación de la dignidad del acusado en la secuela del proceso, el quebrantamiento de sus legítimos derechos humanos, etc., ponen de relieve que la lucha de la humanidad siempre ha sido por el predominio de uno u otro concepto: razón y fuerza.
Cuando la razón se impone sobre la fuerza ilegítima, surge el proceso, el debate judicial con cargos probados, respetando el principio de inocencia, hoy dogma universal, y todo es discutido ante la figura de un juez que respete su propia independencia e imparcialidad.
No podemos condescender con el embrujo denominado "manos duras". La racionalidad de la humanidad, su estabilidad y permanencia, la paz de los Estados, depende del pleno respeto de estas conquistas que aunque parecieran ser meramente teoréticas son las que han permitido la evolución de la humanidad que se ha montado en los rieles de la racionalidad pura, de los aportes de las ciencias y de los saberes humanísticos, para enrumbar a los hombres que poblamos la tierra hacia nortes de paz, progreso, desarrollo social, dignidad humana, etc. Cada vez que se irracionalizan los principios que orientan la aplicación del derecho y de sus denominadas garantías constitucionales y legales, se deslegitima, en ese mismo orden, el concepto del Estado de Derecho.
Para los que defenestran el orden jurídico, para los que creen que se pueden improvisar las políticas criminales, que se puede salir a la palestra pública sorteando el concepto del ser ciudadano, independientemente de la condición social, racial, política, económica, etc., se equivocan, están trasnochados de lecturas, de estudios, no leen, son, al decir de Torres Gudiño auténticos "lectofobos".
Preocupa que sean abogados quienes redacten semejantes mamotretos pseudo jurídicos, como el del proyecto de ley antipandillas que eleva a categoría de delito el concepto "pandilla"; pero no dice cuál es el verbo rector que describe la conducta o la acción que se desea penar.
El Estado disciplinador es peligroso, amedrenta, sugestiona y siembra el pánico y el terror entre los ciudadanos. Por otra parte, los que creen, hoy, escapar de la mano dura, pierden de perspectiva que la ley alcanza a todos.
Preferimos seguir creyendo en la democracia y en los gobiernos, que con actitud responsable, enfrentan los problemas de la seguridad social, de la inseguridad ciudadana, de la criminalidad, etc., con políticas pensadas -no trasnochadas o improvisadas- y con la asistencia de expertos, de hombres de ciencia y de experiencias.
Los proyectos de leyes de mano dura están condenados al fracaso y quedarán en la historia como un gran elogio a la mediocridad e irracionalidad que legitiman a la fuerza por encima de la razón. Panamá no puede parodiar el discurso del fascismo o de la doctrina de la seguridad nacional para pretextar la miseria en la que la han sucumbido gobernantes mediocres y todos aquellos que han sido sus cómplices. Cuando Hitler empieza sus políticas del nacionalsocialismo y el pangermanismo, gran parte del pueblo alemán lo aplaudió y no fueron pocos los que se fueron tras de él para luego sucumbir ante el fango del repudio universal de sus acciones y que hasta el día de hoy persiste. La democracia no es un sueño, es un ideal que nos orienta hacia la paz entre los hombres.
Creemos que no se necesitan mayores ejemplos, como el expuesto, para poner en evidencia la falacia del discurso de un "Derecho Penal de Enemigo".
La dogmática penal, es decir, la que teoriza todo cuanto atañe a la definición de la palabra delito, la teoría de la pena, de los elementos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad penal, etc., sostiene que no puede existir delito, ni pena, tampoco la culpa, si no hay una norma jurídica que prescriba, con claridad y certeza, de modo taxativo, la acción o conducta que se quiere elevar a la categoría de delito; también es menester que la pena esté precisada en la ley y que la culpa sea probada.
El aforismo latino, que aun cuando se formula en esa lengua muerta, no indica que pertenezca a la antigüedad romana ni que haya sido el Derecho romano el que lo haya sugerido, reza así: nullum crimen nulla poena et nulla culpa sine previa et certa lege. El complemento judicial o procesal del antes expresado postulado -principio de legalidad criminal- que lo plantea, Anselmo Von Feurbach en su célebre Lerbruch, se encuentra en otro aforismo latino que dice "nemo iudicium et nullum iudiciio sine praevia lege et actoris" (no hay juicio y nulo es el juicio sin acusador o actor y sin que el juicio lo prevea la ley).
Estos dos grandes postulados de la reflexión iluminada de grandes penalistas, han traído tanto bien a la democracia que son los que introducen, realmente, el debate profundo del tema referido a los derechos humanos.
De no haber sido por la lucha que los pueblos han realizado para exigir el fiel respeto al debido proceso y al principio de legalidad criminal, ante el trato despiadado, inmisericorde, arbitrario, que en no pocas ocasiones los que detentan el poder se ven tentados a hacer uso de él en contra de hombres y mujeres que no hacen otra cosa que protestar ante la puesta en marcha de la prepotencia, la persecución, el exilio, los procesos amañados, la siembra de evidencias inculpatorias en cuerpos humanos, en residencias y hogares; o plantar noticias de supuestos iter criminis en diarios del extranjero y luego desatar supuestas investigaciones en lo interno del Estado de los respectivos nacionales acusados, las penas sin sentencias, los traros crueles e inhumanos, la violación de la dignidad del acusado en la secuela del proceso, el quebrantamiento de sus legítimos derechos humanos, etc., ponen de relieve que la lucha de la humanidad siempre ha sido por el predominio de uno u otro concepto: razón y fuerza.
Cuando la razón se impone sobre la fuerza ilegítima, surge el proceso, el debate judicial con cargos probados, respetando el principio de inocencia, hoy dogma universal, y todo es discutido ante la figura de un juez que respete su propia independencia e imparcialidad.
No podemos condescender con el embrujo denominado "manos duras". La racionalidad de la humanidad, su estabilidad y permanencia, la paz de los Estados, depende del pleno respeto de estas conquistas que aunque parecieran ser meramente teoréticas son las que han permitido la evolución de la humanidad que se ha montado en los rieles de la racionalidad pura, de los aportes de las ciencias y de los saberes humanísticos, para enrumbar a los hombres que poblamos la tierra hacia nortes de paz, progreso, desarrollo social, dignidad humana, etc. Cada vez que se irracionalizan los principios que orientan la aplicación del derecho y de sus denominadas garantías constitucionales y legales, se deslegitima, en ese mismo orden, el concepto del Estado de Derecho.
Para los que defenestran el orden jurídico, para los que creen que se pueden improvisar las políticas criminales, que se puede salir a la palestra pública sorteando el concepto del ser ciudadano, independientemente de la condición social, racial, política, económica, etc., se equivocan, están trasnochados de lecturas, de estudios, no leen, son, al decir de Torres Gudiño auténticos "lectofobos".
Preocupa que sean abogados quienes redacten semejantes mamotretos pseudo jurídicos, como el del proyecto de ley antipandillas que eleva a categoría de delito el concepto "pandilla"; pero no dice cuál es el verbo rector que describe la conducta o la acción que se desea penar.
El Estado disciplinador es peligroso, amedrenta, sugestiona y siembra el pánico y el terror entre los ciudadanos. Por otra parte, los que creen, hoy, escapar de la mano dura, pierden de perspectiva que la ley alcanza a todos.
Preferimos seguir creyendo en la democracia y en los gobiernos, que con actitud responsable, enfrentan los problemas de la seguridad social, de la inseguridad ciudadana, de la criminalidad, etc., con políticas pensadas -no trasnochadas o improvisadas- y con la asistencia de expertos, de hombres de ciencia y de experiencias.
Los proyectos de leyes de mano dura están condenados al fracaso y quedarán en la historia como un gran elogio a la mediocridad e irracionalidad que legitiman a la fuerza por encima de la razón. Panamá no puede parodiar el discurso del fascismo o de la doctrina de la seguridad nacional para pretextar la miseria en la que la han sucumbido gobernantes mediocres y todos aquellos que han sido sus cómplices. Cuando Hitler empieza sus políticas del nacionalsocialismo y el pangermanismo, gran parte del pueblo alemán lo aplaudió y no fueron pocos los que se fueron tras de él para luego sucumbir ante el fango del repudio universal de sus acciones y que hasta el día de hoy persiste. La democracia no es un sueño, es un ideal que nos orienta hacia la paz entre los hombres.
