El financiamiento panameño de PYCSA
Asiste la razón a José Batista, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) quien critica el financiamiento por el Banco Nacional y la Caja de Ahorros de la segunda fase del Corredor Norte que comprende el trecho de autopista situado entre Tinajitas y Tocumen que involucra un monto de B/57 millones.
En efecto, la idea original era atraer capital extranjero para financiar la obra, con préstamos y fondos propios obtenidos por la concesionaria mexicana PYCSA. Y así se hizo con la primera fase del corredor. La CEPAL acaba precisamente de advertir una disminución preocupante de la inversión extranjera, sin la cual sería ilusorio soñar en desarrollarnos un día. Y lo que se está haciendo hoy marcha en sentido opuesto.
El cambiar ahora el concepto, involucrando capital nacional, perteneciente a bancos estatales, presenta varios inconvenientes que saltan a simple vista. Para empezar, se descapitaliza al país, invirtiendo dineros que podrían ocuparse en otros rubros urgentes del desarrollo nacional, tales como la vivienda, la industria, la agricultura y la construcción de obras sociales (escuelas, hospitales, caminos de penetración) que son mucho más difíciles para conseguir financiamiento y frente a los cuales no tenemos más alternativas que costearlos con fondos propios.
La Caja de Ahorros en particular, no fue diseñada para financiar carreteras de peajes, sino viviendas para estratos bajos y medios. Incluso es discutible la actual destinación de recursos que se hace para el consumo por jubilados. Que lo haga el Seguro Social, es acaso comprensible, como un servicio a sus pensionados, no así la que suponemos debiera ser la primera entidad popular de ahorros del país.
Otro inconveniente son los riesgos. PYCSA ha tenido obvia dificultad en conseguir financiamiento externo para el proyecto, debido acaso a su adversa experiencia con los préstamos suscritos para la primera fase. En pocas palabras, a duras penas debe estar honrando sus préstamos. De otro modo, no habría conseguido una prórroga de último momento del gobierno saliente de Ernesto Pérez Balladares.
Otro riesgo es el prestarse ambos bancos nacionales - pertenecientes a los contribuyentes panameños, no al Estado - a la facilitación de negocios inmobiliarios por parte de allegados al actual régimen y de la propia constructora; a lo cual no nos oponemos en principio, con tal que lo hagan con su propio dinero y a su propio riesgo, no con el de nuestros bancos. ¿Piensa alguien con algún grado de conocimiento de negocios que PYCSA está o estará en condiciones de honrar el multimillonario préstamo? ¿O quedarán ambos bancos panameños administrando peajes en el nuevo tramo del Corredor Norte? ¿Para cobrar los B/.57 millones cuándo? ¿Y en ese lapso quién va a financiar la vivienda social y a la mediana industria panameña?
Por último, la fórmula tiene el inconveniente de obviar la licitación pública, tratándose de una supuesta obra privada. Si es dinero nacional el que la hará posible, lo menos que debiera es adjudicarse, previo concurso público o privado, su construcción a una o varias empresas panameñas para que el dinero quede y circule aquí.
En efecto, la idea original era atraer capital extranjero para financiar la obra, con préstamos y fondos propios obtenidos por la concesionaria mexicana PYCSA. Y así se hizo con la primera fase del corredor. La CEPAL acaba precisamente de advertir una disminución preocupante de la inversión extranjera, sin la cual sería ilusorio soñar en desarrollarnos un día. Y lo que se está haciendo hoy marcha en sentido opuesto.
El cambiar ahora el concepto, involucrando capital nacional, perteneciente a bancos estatales, presenta varios inconvenientes que saltan a simple vista. Para empezar, se descapitaliza al país, invirtiendo dineros que podrían ocuparse en otros rubros urgentes del desarrollo nacional, tales como la vivienda, la industria, la agricultura y la construcción de obras sociales (escuelas, hospitales, caminos de penetración) que son mucho más difíciles para conseguir financiamiento y frente a los cuales no tenemos más alternativas que costearlos con fondos propios.
La Caja de Ahorros en particular, no fue diseñada para financiar carreteras de peajes, sino viviendas para estratos bajos y medios. Incluso es discutible la actual destinación de recursos que se hace para el consumo por jubilados. Que lo haga el Seguro Social, es acaso comprensible, como un servicio a sus pensionados, no así la que suponemos debiera ser la primera entidad popular de ahorros del país.
Otro inconveniente son los riesgos. PYCSA ha tenido obvia dificultad en conseguir financiamiento externo para el proyecto, debido acaso a su adversa experiencia con los préstamos suscritos para la primera fase. En pocas palabras, a duras penas debe estar honrando sus préstamos. De otro modo, no habría conseguido una prórroga de último momento del gobierno saliente de Ernesto Pérez Balladares.
Otro riesgo es el prestarse ambos bancos nacionales - pertenecientes a los contribuyentes panameños, no al Estado - a la facilitación de negocios inmobiliarios por parte de allegados al actual régimen y de la propia constructora; a lo cual no nos oponemos en principio, con tal que lo hagan con su propio dinero y a su propio riesgo, no con el de nuestros bancos. ¿Piensa alguien con algún grado de conocimiento de negocios que PYCSA está o estará en condiciones de honrar el multimillonario préstamo? ¿O quedarán ambos bancos panameños administrando peajes en el nuevo tramo del Corredor Norte? ¿Para cobrar los B/.57 millones cuándo? ¿Y en ese lapso quién va a financiar la vivienda social y a la mediana industria panameña?
Por último, la fórmula tiene el inconveniente de obviar la licitación pública, tratándose de una supuesta obra privada. Si es dinero nacional el que la hará posible, lo menos que debiera es adjudicarse, previo concurso público o privado, su construcción a una o varias empresas panameñas para que el dinero quede y circule aquí.
