El Fondo Fiduciario: 3. ¿Cuánto cuesta resolver la crisis del agua?
Anteriormente analicé la situación del Fondo Fiduciario de Desarrollo y las diversas posibilidades de financiamiento de las inversiones sociales necesarias. Luego analicé la crisis del agua, a cuya solución debieran dedicarse de preferencia los dineros del Fondo.
Al preguntarnos ahora cuánto necesita invertir el IDAAN para resolver la crisis, debemos recordar que, a raíz de la controversia sobre la privatización, se mencionó la suma de B/.500 millones. No se dejó entonces claro que, de acuerdo con el plan, el concesionario debía invertir esta suma durante los 30 años de la concesión y no a corto plazo, es decir un promedio de B/.16 millones por año. Adicionalmente se mantuvo callado que, según el pliego de condiciones para la privatización, las inversiones iniciales que se requerirían para superar las condiciones existentes a la fecha de la concesión, habría tenido que hacerlas el Estado, no el concesionario. Por otra parte, ni el Ministerio de Salud ni el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), que debían asumir el papel de vigilantes y fiscalizadores de la empresa concesionaria, habrían estado efectivamente preparados en personal técnico y recursos para ello. En resumen, por vía de la privatización, el Estado no se habría librado de grandes gastos.
Cuando he preguntado a técnicos cuánto piensan que se necesitaría invertir en los próximos cinco años -durante el próximo Gobierno- para emprender decisivamente la solución del problema del agua, me han respondido que B/.200 millones, un promedio de B/.40 millones por año, a su juicio el 60% en el sistema de alcantarillado sanitario y el 40% en el suministro de agua potable, pues consideran que el primer servicio se encuentra en peores condiciones y representa mayor peligro para la salud.
Un estudio del año 1992 del Ing. Federico Guardia (q.e.p.d.), un experto en estos temas, quien organizó el IDAAN, calcula en B/.272 millones el costo total del saneamiento de la Bahía de Panamá sobre la base de dos sistemas de tratamiento, uno con desembocadura en Boca La Caja y el otro con desembocadura en el Río Juan Díaz. En un período de diez años representaría un costo promedio anual de B/.27 millones.
Estaríamos hablando entonces de una inversión anual de aproximadamente B/.67 millones, o un total de casi B/.335 millones durante los cinco años del período presidencial que se inicia el 1 de septiembre de este año. Esta inversión por parte del Estado es tanto más necesaria que, por la suspensión de la privatización del IDAAN, el BID habría suspendido un préstamo por B/.65 millones que debía cubrir B/.13 millones de la Línea de Oriente y B/.24 millones del programa de "optimización" del sistema.
Pero una inversión masiva en esta índole no se puede justificar si no se reforma la administración del servicio. Estaríamos botando la plata sin garantía de que quienes pueden sufragar los costos lo hagan efectivamente, para que el Estado recupere sus fondos y pueda volver a usarlos en otras inversiones sociales.
Por ello, es urgente realizar el programa de "optimización" del sistema, para Panamá, Arraiján, Chorrera y Colón, que prevé instalar medidores, hacer su lectura, enviar las facturas, cobrarlas, detectar las conexiones ilegales, establecer el catastro de usuarios y el de redes y reparar las fugas, para reducir el agua que se produce y no se factura, del 50% actual a un 20%, en un período de dos a tres años. Si no se pudiera ejecutar , entonces la administración pública del IDAAN no tiene futuro y tendríamos que aceptar el trago amargo de la privatización. Como parte de este programa, debemos establecer por Ley que determinadas urbanizaciones y edificios incluyan, donde sea apropiado, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento. Nada de esto es un lujo.
Es imprescindible, por lo demás, que las licitaciones del IDAAN eviten el carácter dudoso de la licitación para la potabilizadora de Laguna Alta en Nuevo Emperador, destinada a satisfacer las necesidades del área de Arraiján. Doce meses después de otorgada y sin que se hayan emprendido las obras estipuladas, se ha aumentado el agua que el Estado se compromete a comprar de 6.5 millones diarios durante los primeros 5 años a 15 millones de galones durante 3 años y luego a 20,000 millones, sin el visto bueno ni de los técnicos del IDAAN ni de los del Ministerio de Economía. Esta parece ser una decisión de favoritismo en beneficio de una empresa con influencia, a costa del interés del Estado.
Tenemos que preguntarnos si el IDAAN está en condiciones institucionales de ejecutar un programa tan ambicioso de inversiones. La impresión es que la institución está postrada. Ha perdido numerosos técnicos de alto calibre y experiencia, porque sus sueldos no son competitivos y porque su atascamiento y la incertidumbre sobre su futuro desincentivan. Por otra parte es evidente que el IDAAN carece de liderazgo gerencial dinámico y enérgico. Cualquier programa ambicioso para emprender la solución del problema del agua requiere que se declare la institución en estado de emergencia, se nombre un equipo gerencial de primera, se le otorgue plenos poderes, liberándolo de ataduras burocráticas, y se le proporcionen los fondos necesarios.
Por último, se necesita encarar un aspecto fundamental del problema del agua como necesidad humana y social imprescindible. La población más afectada por su carencia es la más pobre, que está en peores condiciones para asumir una responsabilidad financiera por el agua que consume. De hecho en los distritos catalogados dentro del nivel de pobreza, el 70.5% de las viviendas no cuenta ni con agua potable ni con servicio sanitario. Si no se le proporciona agua potable y alcantarillado sanitario a dicha población, aumentan sus enfermedades, se le hace más difícil realizar un trabajo productivo y se le niega un componente de lo mínimo indispensable para su dignidad humana y sus derechos humanos como personas y ciudadanos. Así seguirían pobres.
Lo intolerablemente injusto es que esta población paga más por el agua que el resto. En efecto, en los sectores suburbanos de la capital no es raro que una familia sin acceso al agua potable, tenga que pagar B/.0.25 por una simple lata de agua a otra familia que sí tiene acceso, cuando el IDAAN cobra de B/.0.71 a 0.80 como tarifa máxima por 1000 galones de agua. Se necesita establecer una política de subsidios en virtud de la cual a las familias que vivan en extrema pobreza y no puedan pagar por el agua, se les conceda un subsidio de 8,000 galones mensuales, lo que equivale a B/.6.40 por mes. Considerando que más o menos 18% de las familias o sea unos 120,000 hogares se encuentran en esta situación, este programa de subsidios costaría B/.7,680,000 por año. Esta sería una forma de distribución justa de riqueza. Añadido a los B/.67 millones por año ya mencionados, estaríamos hablando de una inversión de B/.74.8 millones por año.
Si la Presidente electa planteara hacer uso del Fondo Fiduciario con el propósito de resolver el problema del agua, estaría actuando con humanidad y responsabilidad a la vez. Por las posibilidades de financiamiento identificadas, esta cantidad se podría cubrir sin tocar el capital. Pero si para responder a una necesidad social estructural como ésta, fuera necesario usar parte del capital del Fondo, se justificaría moralmente y sin duda se suscitaría el consenso político del país para hacerlo.
Estamos a la espera de un planteamiento de política social serio de la Presidenta electa. De hacerlo, merecería que se le apoye. Si no, merecería que se le critique.
Al preguntarnos ahora cuánto necesita invertir el IDAAN para resolver la crisis, debemos recordar que, a raíz de la controversia sobre la privatización, se mencionó la suma de B/.500 millones. No se dejó entonces claro que, de acuerdo con el plan, el concesionario debía invertir esta suma durante los 30 años de la concesión y no a corto plazo, es decir un promedio de B/.16 millones por año. Adicionalmente se mantuvo callado que, según el pliego de condiciones para la privatización, las inversiones iniciales que se requerirían para superar las condiciones existentes a la fecha de la concesión, habría tenido que hacerlas el Estado, no el concesionario. Por otra parte, ni el Ministerio de Salud ni el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), que debían asumir el papel de vigilantes y fiscalizadores de la empresa concesionaria, habrían estado efectivamente preparados en personal técnico y recursos para ello. En resumen, por vía de la privatización, el Estado no se habría librado de grandes gastos.
Cuando he preguntado a técnicos cuánto piensan que se necesitaría invertir en los próximos cinco años -durante el próximo Gobierno- para emprender decisivamente la solución del problema del agua, me han respondido que B/.200 millones, un promedio de B/.40 millones por año, a su juicio el 60% en el sistema de alcantarillado sanitario y el 40% en el suministro de agua potable, pues consideran que el primer servicio se encuentra en peores condiciones y representa mayor peligro para la salud.
Un estudio del año 1992 del Ing. Federico Guardia (q.e.p.d.), un experto en estos temas, quien organizó el IDAAN, calcula en B/.272 millones el costo total del saneamiento de la Bahía de Panamá sobre la base de dos sistemas de tratamiento, uno con desembocadura en Boca La Caja y el otro con desembocadura en el Río Juan Díaz. En un período de diez años representaría un costo promedio anual de B/.27 millones.
Estaríamos hablando entonces de una inversión anual de aproximadamente B/.67 millones, o un total de casi B/.335 millones durante los cinco años del período presidencial que se inicia el 1 de septiembre de este año. Esta inversión por parte del Estado es tanto más necesaria que, por la suspensión de la privatización del IDAAN, el BID habría suspendido un préstamo por B/.65 millones que debía cubrir B/.13 millones de la Línea de Oriente y B/.24 millones del programa de "optimización" del sistema.
Pero una inversión masiva en esta índole no se puede justificar si no se reforma la administración del servicio. Estaríamos botando la plata sin garantía de que quienes pueden sufragar los costos lo hagan efectivamente, para que el Estado recupere sus fondos y pueda volver a usarlos en otras inversiones sociales.
Por ello, es urgente realizar el programa de "optimización" del sistema, para Panamá, Arraiján, Chorrera y Colón, que prevé instalar medidores, hacer su lectura, enviar las facturas, cobrarlas, detectar las conexiones ilegales, establecer el catastro de usuarios y el de redes y reparar las fugas, para reducir el agua que se produce y no se factura, del 50% actual a un 20%, en un período de dos a tres años. Si no se pudiera ejecutar , entonces la administración pública del IDAAN no tiene futuro y tendríamos que aceptar el trago amargo de la privatización. Como parte de este programa, debemos establecer por Ley que determinadas urbanizaciones y edificios incluyan, donde sea apropiado, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento. Nada de esto es un lujo.
Es imprescindible, por lo demás, que las licitaciones del IDAAN eviten el carácter dudoso de la licitación para la potabilizadora de Laguna Alta en Nuevo Emperador, destinada a satisfacer las necesidades del área de Arraiján. Doce meses después de otorgada y sin que se hayan emprendido las obras estipuladas, se ha aumentado el agua que el Estado se compromete a comprar de 6.5 millones diarios durante los primeros 5 años a 15 millones de galones durante 3 años y luego a 20,000 millones, sin el visto bueno ni de los técnicos del IDAAN ni de los del Ministerio de Economía. Esta parece ser una decisión de favoritismo en beneficio de una empresa con influencia, a costa del interés del Estado.
Tenemos que preguntarnos si el IDAAN está en condiciones institucionales de ejecutar un programa tan ambicioso de inversiones. La impresión es que la institución está postrada. Ha perdido numerosos técnicos de alto calibre y experiencia, porque sus sueldos no son competitivos y porque su atascamiento y la incertidumbre sobre su futuro desincentivan. Por otra parte es evidente que el IDAAN carece de liderazgo gerencial dinámico y enérgico. Cualquier programa ambicioso para emprender la solución del problema del agua requiere que se declare la institución en estado de emergencia, se nombre un equipo gerencial de primera, se le otorgue plenos poderes, liberándolo de ataduras burocráticas, y se le proporcionen los fondos necesarios.
Por último, se necesita encarar un aspecto fundamental del problema del agua como necesidad humana y social imprescindible. La población más afectada por su carencia es la más pobre, que está en peores condiciones para asumir una responsabilidad financiera por el agua que consume. De hecho en los distritos catalogados dentro del nivel de pobreza, el 70.5% de las viviendas no cuenta ni con agua potable ni con servicio sanitario. Si no se le proporciona agua potable y alcantarillado sanitario a dicha población, aumentan sus enfermedades, se le hace más difícil realizar un trabajo productivo y se le niega un componente de lo mínimo indispensable para su dignidad humana y sus derechos humanos como personas y ciudadanos. Así seguirían pobres.
Lo intolerablemente injusto es que esta población paga más por el agua que el resto. En efecto, en los sectores suburbanos de la capital no es raro que una familia sin acceso al agua potable, tenga que pagar B/.0.25 por una simple lata de agua a otra familia que sí tiene acceso, cuando el IDAAN cobra de B/.0.71 a 0.80 como tarifa máxima por 1000 galones de agua. Se necesita establecer una política de subsidios en virtud de la cual a las familias que vivan en extrema pobreza y no puedan pagar por el agua, se les conceda un subsidio de 8,000 galones mensuales, lo que equivale a B/.6.40 por mes. Considerando que más o menos 18% de las familias o sea unos 120,000 hogares se encuentran en esta situación, este programa de subsidios costaría B/.7,680,000 por año. Esta sería una forma de distribución justa de riqueza. Añadido a los B/.67 millones por año ya mencionados, estaríamos hablando de una inversión de B/.74.8 millones por año.
Si la Presidente electa planteara hacer uso del Fondo Fiduciario con el propósito de resolver el problema del agua, estaría actuando con humanidad y responsabilidad a la vez. Por las posibilidades de financiamiento identificadas, esta cantidad se podría cubrir sin tocar el capital. Pero si para responder a una necesidad social estructural como ésta, fuera necesario usar parte del capital del Fondo, se justificaría moralmente y sin duda se suscitaría el consenso político del país para hacerlo.
Estamos a la espera de un planteamiento de política social serio de la Presidenta electa. De hacerlo, merecería que se le apoye. Si no, merecería que se le critique.
