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El gobierno vs la Universidad


La agresividad de las relaciones entre el gobierno y la Universidad de Panamá tienen la forma de una escalada in crescendo que no se sabe en qué punto culminará. El primer problema surgió por el insuficiente presupuesto de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica. El foso siguió ensanchándose con el comentario del Presidente de la República Ernesto Pérez Balladares sobre la ínfima proporción de estudiantes que, según cifras que han sido negadas y rebatidas, llegan a graduarse.
A continuación llegó el polémico comentario sobre cómo el ámbito universitario representa un espacio de flirteo y compromisos matrimoniales. Finalmente arribó la etapa de enfrentamientos entre unidades antimotines y estudiantes contestatarios de la privatización del IDAAN y los días-puentes que ha llegado al clímax con la invasión policial. En esta línea de irracionalidad y violencia, ¿cuáles serán los siguientes pasos gubernamentales?
¿Por qué razones el gobierno se ha lanzado a los riesgos y consecuencias políticas de agredir uno de los tabús más acatados, -la inviolabilidad del claustro universitario-, desde la Reforma de la Universidad de Córdoba a principios del siglo XX? El Defensor del Pueblo, Italo Antinori, dice que hay la intención de crear condiciones para alterar el orden constitucional. Otros insisten en que no existe diálogo cultural entre la universidad y el gobierno y que la intromisión y la violencia es la única expresión de la relación.
A tenor de los mensajes insistentes y no concretados de reformar el sistema educativo, el gobierno ha prescindido de la universidad como sistema en los planes de modernización pedagógica. Se dice que la universidad está divorciada de la realidad nacional, pero no notamos que el gobierno poco o nada ha hecho para lograr el apoyo de la universidad en la formulación y ejecución de programas. El régimen se ha obstinado en proyectos rimbombantes como la llamada Ciudad del Saber, que ofrece terrenos a universidades extranjeras, pero casi no toma en cuenta al sistema universitario panameño en el planteamiento de una coordinación entre programas de estudios y proyectos en las áreas revertidas.
Resulta deprimente que, a poco tiempo de recibir la totalidad de la administración canalera, gobierno y universidad se encarrilen por vías paralelas y divergentes y que la comunicación se lleve a cabo con gases lacrimógenos, toletes, detenidos, por lado del gobierno, y con denuncias, protestas, enjuiciamientos y renuncias, por el lado universitario. La responsabilidad política inmediata recae sobre la ministra de gobierno y el gobernador. Pero la responsabilidad constitucional corresponde al Presidente. Si durante su período gubernamental el mandatario no mostró vocación de diálogo con la universidad para debatir temas como la masificación y pérdida de calidad y modernidad de los programas de estudios y en general el apoyo entre gobierno y universidad en el análisis de la realidad nacional, lo que reclama la ciudadanía es que defienda el orden público, pero no solo con gases y perdigones, sino a través de un diálogo respetuoso y constructivo. Escuchar las propuestas de otros sectores en temas polémicos como las privatizaciones es más conveniente que recurrir a las versiones remozadas doberman que traen reminiscencias ingratas y sospechosas.

101 años de Panamá América

 
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