El impuesto de inmuebles
El auge de la construcción durante los últimos años de la administración anterior fue una grata sorpresa. Luego de la adopción de la Ley 61 de 26 de diciembre de 2002, que redujo la exoneración del impuesto de inmuebles de 20 años, todos los promotores se apresuraron a obtener permisos de construcción y a completar sus obras antes de la fecha tope de 31 de diciembre de este año. El nuevo gobierno, sin embargo, rápidamente reconoció que iba a sufrir una severa baja en la construcción si no tomaba medidas al respecto. Por ello, se aprobó aceleradamente la Ley 50 de este año, que modifica la Ley 61, de manera que se conceden extensiones para completar las obras en construcción y se ajustan las exenciones del impuesto de inmuebles.
Hasta la adopción de la Ley 61, todas las mejoras construidas sobre fincas gozaban de una exoneración del impuesto de inmuebles de 20 años. Ese impuesto por mucho tiempo ha sido y permanece siendo progresivo hasta 2.10% del valor superior a 75 mil balboas. La reforma del 2002, promovida por el gobierno anterior, redujo el plazo de la exoneración así: para uso residencial, las mejoras con un valor hasta B/. 100 mil, gozaría de una exoneración de 15 años; de B/. 100 mil a B/. 250 mil, 10 años; y las mejoras con un valor superior a B/. 250 mil, contarían con una exoneración por 5 años. Para otras mejoras (es decir, no residenciales), la exoneración sería de 10 años para mejoras con un valor de hasta B/. 100 mil y de 5 años para aquellas con valor superior a esa suma.
Para la transición, la Ley 61, conocida como la ley de reordenamiento y simplificación del sistema tributario, establecía que continuarían gozando de la exoneración de 20 años aquellas mejoras para las cuales se hubiese obtenido su permiso de construcción antes del 1 de enero de 2004, siempre que la inscripción de las mejoras en el Registro se realizara antes del 31 de diciembre de 2004. Así pues, todo el que tenía un proyecto en bosquejo, procedió a hacerlo realidad con celeridad.
En otras palabras, la construcción comenzó una carrera contra el tiempo, lo que generó el auge en la industria que vimos durante los últimos años. Para cuando el nuevo gobierno entró en septiembre, ya los que iban a gozar de la exoneración por el plazo máximo habían obtenido su permiso de construcción y sólo tenían que lograr inscribir sus mejoras antes de fin de año. Anticiparon una severa caída en esta industria. Amén que los ingresos extra para el Fisco que por este rubro representaría la reforma no se verían sino hasta al menos cinco años.
Por ello, a través de la Ley 50, se mantuvieron los años de exoneración para residencias establecidos en la Ley 61, pero para las mejoras no residenciales se estableció una exoneración de 10 años indistintamente del valor en vez de las categorías de la Ley 61.
Pero más importante aún, la nueva ley establece que gozarán de la exoneración de 20 años las mejoras cuyo permiso de construcción se expida antes del 1 de septiembre de 2005, siempre que la inscripción de las mismas en el Registro Público se realice antes del 31 de agosto de 2006. En efecto, el gobierno ha extendido los plazos para continuar gozando de la exoneración prolongada, apostando a que los constructores y promotores de proyectos sigan activos. La jugada es razonable, pero resultará exitosa si continúa existiendo la demanda. Si esa demanda desaparece, no importará el plazo de la exoneración.
Hasta la adopción de la Ley 61, todas las mejoras construidas sobre fincas gozaban de una exoneración del impuesto de inmuebles de 20 años. Ese impuesto por mucho tiempo ha sido y permanece siendo progresivo hasta 2.10% del valor superior a 75 mil balboas. La reforma del 2002, promovida por el gobierno anterior, redujo el plazo de la exoneración así: para uso residencial, las mejoras con un valor hasta B/. 100 mil, gozaría de una exoneración de 15 años; de B/. 100 mil a B/. 250 mil, 10 años; y las mejoras con un valor superior a B/. 250 mil, contarían con una exoneración por 5 años. Para otras mejoras (es decir, no residenciales), la exoneración sería de 10 años para mejoras con un valor de hasta B/. 100 mil y de 5 años para aquellas con valor superior a esa suma.
Para la transición, la Ley 61, conocida como la ley de reordenamiento y simplificación del sistema tributario, establecía que continuarían gozando de la exoneración de 20 años aquellas mejoras para las cuales se hubiese obtenido su permiso de construcción antes del 1 de enero de 2004, siempre que la inscripción de las mejoras en el Registro se realizara antes del 31 de diciembre de 2004. Así pues, todo el que tenía un proyecto en bosquejo, procedió a hacerlo realidad con celeridad.
En otras palabras, la construcción comenzó una carrera contra el tiempo, lo que generó el auge en la industria que vimos durante los últimos años. Para cuando el nuevo gobierno entró en septiembre, ya los que iban a gozar de la exoneración por el plazo máximo habían obtenido su permiso de construcción y sólo tenían que lograr inscribir sus mejoras antes de fin de año. Anticiparon una severa caída en esta industria. Amén que los ingresos extra para el Fisco que por este rubro representaría la reforma no se verían sino hasta al menos cinco años.
Por ello, a través de la Ley 50, se mantuvieron los años de exoneración para residencias establecidos en la Ley 61, pero para las mejoras no residenciales se estableció una exoneración de 10 años indistintamente del valor en vez de las categorías de la Ley 61.
Pero más importante aún, la nueva ley establece que gozarán de la exoneración de 20 años las mejoras cuyo permiso de construcción se expida antes del 1 de septiembre de 2005, siempre que la inscripción de las mismas en el Registro Público se realice antes del 31 de agosto de 2006. En efecto, el gobierno ha extendido los plazos para continuar gozando de la exoneración prolongada, apostando a que los constructores y promotores de proyectos sigan activos. La jugada es razonable, pero resultará exitosa si continúa existiendo la demanda. Si esa demanda desaparece, no importará el plazo de la exoneración.
