El impuesto a las llamadas
La Asamblea Legislativa tiene pendiente de discusión, por segunda ocasión, el proyecto de ley que recarga en un 12% por concepto de impuestos, el costo de cada llamada telefónica internacional.
Su promotor, el legislador Manuel De La Hoz lo ha defendido argumentando que "no se trata de un nuevo impuesto sino de un mero cambio de la forma de tributar, dado que antes se pagaba un Balboa de gravamen por cada llamada, sin importar su duración, y ahora se pretende sustituirlo con una tasa del 12% de su costo. Así, a mayor tiempo de la llamada, habrá más costos y más impuestos para el usuario.
El principal opositor al proyecto, el legislador Marco Ameglio, ha explicado que la nueva forma del impuesto implicará un aumento del costo, en comparación con el sistema anterior, para cada llamada que tenga un precio en minutos superior a B/.8.33, es decir, casi todas; siendo, por ejemplo, que si tal llamada tiene un precio de B/.10, a su costo habría que sumarle B/.1.20 de impuesto equivalente al 12% del costo de la llamada, excediendo de ese modo en 20 centésimos la tarifa fija original de un Balboa.
Obviamente, se argumentará que las llamadas internacionales de breve duración, digamos una que cueste seis Balboas, pagarían sólo 60 centésimos de tasa contra un Balboa, que paga bajo el viejo sistema. Pero en la práctica el argumento resulta falaz, considerando que ninguna llamada internacional, salvo para preguntar si alguien está, y colgar, costaría seis Balboas.
El impuesto, a más de ser más oneroso respecto a la tasa fija anterior, resulta inoportuno, considerando que los usuarios aún no se acostumbran al nuevo método de costo telefónico por minuto para el servicio local, que impone la necesidad de un uso racional del servicio para evitar que se transforme en pesada carga para los hogares y las empresas. No se ha terminado de asimilar uno, para entrar ya en otro.
Moralmente el gravamen tampoco se justifica para favorecer a un Estado que ya percibió jugosos réditos por la venta de los activos del antiguo INTEL y que continúa recibiendo dividendos por su participación como dueño del 49% de las acciones del capital corporativo de la nueva sociedad anónima propietaria de la empresa que presta el servicio, la británica Cables & Wireless.
Además, desde otro ángulo, el impuesto resulta también inconveniente, considerando que el mismo aumenta los costos del sector servicios del país, que constituye puntal de la economía nacional y que cada vez se ve más confrontado por la competencia internacional, bajo cuyo concepto es contradictorio que se baje, por ejemplo, el impuesto al banano de exportación, mientras se lo elevan a las llamadas internacionales.
Su promotor, el legislador Manuel De La Hoz lo ha defendido argumentando que "no se trata de un nuevo impuesto sino de un mero cambio de la forma de tributar, dado que antes se pagaba un Balboa de gravamen por cada llamada, sin importar su duración, y ahora se pretende sustituirlo con una tasa del 12% de su costo. Así, a mayor tiempo de la llamada, habrá más costos y más impuestos para el usuario.
El principal opositor al proyecto, el legislador Marco Ameglio, ha explicado que la nueva forma del impuesto implicará un aumento del costo, en comparación con el sistema anterior, para cada llamada que tenga un precio en minutos superior a B/.8.33, es decir, casi todas; siendo, por ejemplo, que si tal llamada tiene un precio de B/.10, a su costo habría que sumarle B/.1.20 de impuesto equivalente al 12% del costo de la llamada, excediendo de ese modo en 20 centésimos la tarifa fija original de un Balboa.
Obviamente, se argumentará que las llamadas internacionales de breve duración, digamos una que cueste seis Balboas, pagarían sólo 60 centésimos de tasa contra un Balboa, que paga bajo el viejo sistema. Pero en la práctica el argumento resulta falaz, considerando que ninguna llamada internacional, salvo para preguntar si alguien está, y colgar, costaría seis Balboas.
El impuesto, a más de ser más oneroso respecto a la tasa fija anterior, resulta inoportuno, considerando que los usuarios aún no se acostumbran al nuevo método de costo telefónico por minuto para el servicio local, que impone la necesidad de un uso racional del servicio para evitar que se transforme en pesada carga para los hogares y las empresas. No se ha terminado de asimilar uno, para entrar ya en otro.
Moralmente el gravamen tampoco se justifica para favorecer a un Estado que ya percibió jugosos réditos por la venta de los activos del antiguo INTEL y que continúa recibiendo dividendos por su participación como dueño del 49% de las acciones del capital corporativo de la nueva sociedad anónima propietaria de la empresa que presta el servicio, la británica Cables & Wireless.
Además, desde otro ángulo, el impuesto resulta también inconveniente, considerando que el mismo aumenta los costos del sector servicios del país, que constituye puntal de la economía nacional y que cada vez se ve más confrontado por la competencia internacional, bajo cuyo concepto es contradictorio que se baje, por ejemplo, el impuesto al banano de exportación, mientras se lo elevan a las llamadas internacionales.
