El informe del Departamento de Estado
Reacciones adversas de la Cancillería y la Corte Suprema de Justicia tuvo el último informe del Departamento de Estado sobre la administración de justicia y la situación de los derechos humanos en nuestro país. Eso es comprensible porque, en términos generales, el contenido del documento resulta muy crítico en los aspectos que toca. Pero, ¿constituye realmente una intervención en nuestros asuntos? No.
Puede que el informe incomode y no sea diplomático, entendido en su sentido adjetivo de trato amistoso, pero en estricto análisis no constituye intromisión alguna sino que tan sólo recoge la opinión de uno de los tantos despachos que integran esa maraña burocrática que se conoce como gobierno de los Estados Unidos. Seguramente, el Departamento de Estado y algunos de sus funcionarios o dependencias tienen la facultad y el deber legal y constitucional de preparar y presentar esos informes al Congreso y, por ende, no hace más que cumplir su función.
Por lo demás, se trata de un ejercicio rutinario, que se repite desde hace décadas y que concierne a multitud de países que se mueven en la esfera de los intereses de esa potencia, y no sólo a Panamá. Durante la época de Noriega, por ejemplo, los punzantes informes del mismo despacho sobre la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país, fue determinante para que Estados Unidos rompiera la relación idílica que hasta entonces mantenía con la dictadura y emprendiera a partir de ese momento una política de retorno a la restauración de la democracia en nuestro suelo.
Estos informes, por más que incomoden a veces y halaguen en otras, no se van a parar porque protestemos o no por su contenido. Ellos son soberanos de opinar como quieran, el nuestro es hacer internamente los correctivos que nos correspondan.
Fuera de eso, son documentos de gran utilidad para ilustrar a sus embajadores o aspirantes a serlo que deben conocer la situación del lugar donde han de servir. Igual son útiles para tomar decisiones de voto en los organismos internacionales y para programar la destinación o privación de ayuda, la firma de convenios y, en general, para orientar la política exterior de Estados Unidos que, por su posición predominante, no puede ni debe conducirse a ciegas.
En el fondo y en la forma, sin embargo, guardando las proporciones, el informe revela una pobre opinión que no está divorciada de la realidad de los temas que aborda. Es un hecho notorio, que padecemos de corrupción judicial, que el Ejecutivo interfiere en la administración de justicia y politiza su máximo tribunal, que las cárceles están hacinadas, que existe una represión judicial contra el periodismo crítico, que se ha burlado la ley de transparencia y que existen grupos marginales a quienes no se les reportan sus derechos.
Y en cuanto a la forma, no se diferencia mucho de la opinión que nuestras autoridades suelen exteriorizar sobre problemas ajenos tales como los recientes casos de Venezuela con el gobierno de Chávez y el de Irak con el de Husseim. Como dice el refrán: "Si uno tiene su tejado de vidrio, lo mejor es no arrojar piedras al vecino" y la frase bíblica: "Con la misma vara que midas, serás medido y una cuarta más". No está de más de vez en cuando probar de la propia medicina.
Puede que el informe incomode y no sea diplomático, entendido en su sentido adjetivo de trato amistoso, pero en estricto análisis no constituye intromisión alguna sino que tan sólo recoge la opinión de uno de los tantos despachos que integran esa maraña burocrática que se conoce como gobierno de los Estados Unidos. Seguramente, el Departamento de Estado y algunos de sus funcionarios o dependencias tienen la facultad y el deber legal y constitucional de preparar y presentar esos informes al Congreso y, por ende, no hace más que cumplir su función.
Por lo demás, se trata de un ejercicio rutinario, que se repite desde hace décadas y que concierne a multitud de países que se mueven en la esfera de los intereses de esa potencia, y no sólo a Panamá. Durante la época de Noriega, por ejemplo, los punzantes informes del mismo despacho sobre la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país, fue determinante para que Estados Unidos rompiera la relación idílica que hasta entonces mantenía con la dictadura y emprendiera a partir de ese momento una política de retorno a la restauración de la democracia en nuestro suelo.
Estos informes, por más que incomoden a veces y halaguen en otras, no se van a parar porque protestemos o no por su contenido. Ellos son soberanos de opinar como quieran, el nuestro es hacer internamente los correctivos que nos correspondan.
Fuera de eso, son documentos de gran utilidad para ilustrar a sus embajadores o aspirantes a serlo que deben conocer la situación del lugar donde han de servir. Igual son útiles para tomar decisiones de voto en los organismos internacionales y para programar la destinación o privación de ayuda, la firma de convenios y, en general, para orientar la política exterior de Estados Unidos que, por su posición predominante, no puede ni debe conducirse a ciegas.
En el fondo y en la forma, sin embargo, guardando las proporciones, el informe revela una pobre opinión que no está divorciada de la realidad de los temas que aborda. Es un hecho notorio, que padecemos de corrupción judicial, que el Ejecutivo interfiere en la administración de justicia y politiza su máximo tribunal, que las cárceles están hacinadas, que existe una represión judicial contra el periodismo crítico, que se ha burlado la ley de transparencia y que existen grupos marginales a quienes no se les reportan sus derechos.
Y en cuanto a la forma, no se diferencia mucho de la opinión que nuestras autoridades suelen exteriorizar sobre problemas ajenos tales como los recientes casos de Venezuela con el gobierno de Chávez y el de Irak con el de Husseim. Como dice el refrán: "Si uno tiene su tejado de vidrio, lo mejor es no arrojar piedras al vecino" y la frase bíblica: "Con la misma vara que midas, serás medido y una cuarta más". No está de más de vez en cuando probar de la propia medicina.
