El juicio a Miguel A. Bernal
Ciertamente hemos tenido profundas diferencias de opinión con el doctor Miguel Antonio Bernal en diversos tópicos de la vida nacional, sin que ello varíe un ápice el respeto que nos merecen su persona y sus puntos de vista.
En particular recordamos nuestras discrepancias respecto a la Administración de Justicia, el Centro Multinacional Antidrogas, el asilo a Cedras, los balseros cubanos, las reformas laborales y el proceso de privatización.
El doctor Bernal se distingue por su crítica dura, muchas veces mordaz y atrevida, algunas veces justificada y otras no, pero siempre honesta y valiente. Y aunque muchos lo consideremos equivocado a veces y exagerado otras, siempre hemos apreciado su aporte al debate de los temas públicos, lo cual contribuye a formar opinión y a la consideración de correctivos.
Desde ese punto de vista, resulta contraproducente y absurdo atacarlo personalmente o acallarlo con presiones y acciones judiciales, sobre todo cuando sus críticas afectan a funcionarios públicos cuya conducta está bajo el escrutinio ciudadano que paga sus emolumentos.
El que unos pocos tengan la iniciativa o facilidad de formular críticas o denuncias públicas al gobierno, no es deseable. Ellos son una especie de levadura que hace mejor el pan de nuestro sistema democrático, porque con su accionar compensan en parte la indiferencia de la mayoría de la comunidad frente a quienes recibieron su mandato para administrar la cosa pública.
De allí que nos parezca absurdo la causa criminal que le ha sido abierta debido a la imputación de responsabilidad que hizo contra el Jefe de la Policía, por la decapitación en Coiba de cuatro reclusos.
Porque, así como opinamos cuando el expresidente Endara formuló igual acusación contra el Director del Seguro Social por la muerte irregular de varios pacientes de hemodiálisis, nadie interpreta el cargo sino bajo la óptica de la responsabilidad que corresponde a todo aquél que dirija, administre o sea el máximo titular de una entidad, por los yerros, acciones u omisiones de sus subalternos.
Si hubo una falla en el sistema carcelario que propició la muerte de los reclusos, es razonable inferir que la responsabilidad mediata recaerá a fin de cuentas en la autoridad encargada. Así ocurrió en Bélgica, cuando un pederasta abusador de niños escapó de la Policía, causando la inmediata renuncia del Jefe del Interior quien, aunque no tenía culpa directa en el hecho, era el máximo responsable del ramo.
Pero aquí, país de Ripley, el ciudadano que denuncia a los funcionarios por el incumplimiento de sus obligaciones, queda acusado, mientras los hechos y responsabilidades a quienes realmente corresponde, nunca les son requeridos. Por ese camino, luce más probable que Bernal sea enjuiciado, a que lo sean quienes propiciaron la masacre de Coiba.
En particular recordamos nuestras discrepancias respecto a la Administración de Justicia, el Centro Multinacional Antidrogas, el asilo a Cedras, los balseros cubanos, las reformas laborales y el proceso de privatización.
El doctor Bernal se distingue por su crítica dura, muchas veces mordaz y atrevida, algunas veces justificada y otras no, pero siempre honesta y valiente. Y aunque muchos lo consideremos equivocado a veces y exagerado otras, siempre hemos apreciado su aporte al debate de los temas públicos, lo cual contribuye a formar opinión y a la consideración de correctivos.
Desde ese punto de vista, resulta contraproducente y absurdo atacarlo personalmente o acallarlo con presiones y acciones judiciales, sobre todo cuando sus críticas afectan a funcionarios públicos cuya conducta está bajo el escrutinio ciudadano que paga sus emolumentos.
El que unos pocos tengan la iniciativa o facilidad de formular críticas o denuncias públicas al gobierno, no es deseable. Ellos son una especie de levadura que hace mejor el pan de nuestro sistema democrático, porque con su accionar compensan en parte la indiferencia de la mayoría de la comunidad frente a quienes recibieron su mandato para administrar la cosa pública.
De allí que nos parezca absurdo la causa criminal que le ha sido abierta debido a la imputación de responsabilidad que hizo contra el Jefe de la Policía, por la decapitación en Coiba de cuatro reclusos.
Porque, así como opinamos cuando el expresidente Endara formuló igual acusación contra el Director del Seguro Social por la muerte irregular de varios pacientes de hemodiálisis, nadie interpreta el cargo sino bajo la óptica de la responsabilidad que corresponde a todo aquél que dirija, administre o sea el máximo titular de una entidad, por los yerros, acciones u omisiones de sus subalternos.
Si hubo una falla en el sistema carcelario que propició la muerte de los reclusos, es razonable inferir que la responsabilidad mediata recaerá a fin de cuentas en la autoridad encargada. Así ocurrió en Bélgica, cuando un pederasta abusador de niños escapó de la Policía, causando la inmediata renuncia del Jefe del Interior quien, aunque no tenía culpa directa en el hecho, era el máximo responsable del ramo.
Pero aquí, país de Ripley, el ciudadano que denuncia a los funcionarios por el incumplimiento de sus obligaciones, queda acusado, mientras los hechos y responsabilidades a quienes realmente corresponde, nunca les son requeridos. Por ese camino, luce más probable que Bernal sea enjuiciado, a que lo sean quienes propiciaron la masacre de Coiba.
