El lavado de dinero y su castigo en Panamá
Sabido es que la República de Panamá, ha logrado construir un centro bancario que brinda una serie de servicios de banca tanto a nivel nacional como internacional, en virtud de las facilidades que brinda a las personas naturales y jurídicas que requieren de servicios tales como aceptaciones bancarias, transferencias internacionales, giros, garantías de propuesta, cartas de garantía, cotizaciones de divisas, remesas extranjeras, tarjetas de crédito, cheques de gerencia y certificados, transferencias locales, cajilla de seguridad, depósitos externos, pago de planillas, custodios de valores, servicios de transporte de valores, pago de peajes del Canal de Panamá, entre otras facilidades que sería largo enumerar.
Las actividades de la banca en Panamá, sin duda, propiciaron el incremento de la inversión privada, así como del comercio nacional e internacional, lo que redundó en el mejoramiento de la economía del país.
Desde luego, como todo país en vías de desarrollo, el nuestro confronta varios problemas sociales, como el desempleo y la pobreza, como secuela del aumento de la población panameña y extranjera, que ha incidido en la gran demanda de servicios públicos, sobre todo en las nuevas urbanizaciones y asentamientos que se han ido formando.
Otro de los problemas que padece la sociedad panameña es sin duda el auge de la delincuencia en toda sus modalidades, incluyendo la más nefasta que es el relativo a la venta y consumo de drogas heroicas, incluso en las escuelas de los principales centros urbanos, provocando un daño a la salud de los niños y adolescentes, que por ser los más indefensos merecen que las autoridades educativas y sanitarias redoblen sus esfuerzos para minimizar y, si es posible, erradicar las causas de tan despreciable flagelo social.
Afortunadamente contamos con una organización institucional que combate el tráfico de drogas, el secuestro de personas, la trata de blancas, el contrabando y otras conductas delictivas, mediante el trabajo conjunto de la Policía Técnica Judicial, la Fiscalía Auxiliar, las Fiscalías Especializadas en delitos de narcotráfico y lavado de dinero sucio, la Dirección de Aduanas, la Policía Nacional que combate a la delincuencia organizada por aire, tierra y mar, entre otros estamentos represivos del Estado.
En ese sentido la acción profesional de las autoridades se ha hecho sentir y lo prueba el hecho del número plural de allanamientos, pesquisas, investigaciones y procesos penales, además de las condenas contra las bandas de delincuentes que han sido sometidos a la justicia penal.
De acuerdo con el artículo 258 del Código Penal vigente, se sanciona con pena de cinco a diez años de prisión a la persona que con fines ilícitos compre, venda o traspase drogas a cualquier título, y dicha pena se duplicará (1) cuando se utilice a un menor de edad o persona con trastornos mentales, (2) cuando se realice en centro de educación, deportivo, cultural, lugares públicos o en sitios aledaños, (3) cuando lo realicen personas que se desempeñen como educadores, docentes o empleados de centros de educación públicos o privados (4) cuando se haga utilizando violencia o con armas, y (5) cuando sea un servidor público el sujeto activo del delito.
Igualmente existen normas en los artículos 263B y 263C del Código Penal, que sancionan el lavado de dinero sucio, creadas mediante la Ley 23 de 1986, modificada por la Ley 13 de 1994, que establecen penas severas de cinco a diez años de prisión para la persona que, aun cuando no haya participado en los delitos de narcotráfico que sanciona el Código Penal, realice a sabiendas transacciones por sí o por interpuesta persona, natural o jurídica, en establecimientos bancarios, financieros, comerciales o de cualquier índole, con dinero, títulos, valores u otros recursos financieros provenientes de las actividades ilícitas previstas en los artículos 255, 257, 258, 259, 260 y 262 del Código Penal.
Con igual pena se sanciona a la persona natural o jurídica que suministre información falsa para la apertura de cuentas o para la realización de transacciones con dineros provenientes del narcotráfico.
No obstante, se ha incluido a Panamá, sin ser oída en ningún previo juicio o encuesta objetiva y seria, en la lista negra de los países que no han cooperado en la lucha contra el lavado de dinero, por obra del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero, organismo del Grupo de los 7 conocido como la GAFI, lo que a mi parecer resulta injusto e inmerecido, ya que nuestro país ha venido desarrollando una serie de operativos tendientes a reprimir y minimizar las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, aun cuando no se le han brindado suficientes recursos financieros, tecnológicos, logísticos o los equipos y personal suficiente que se requieren para obtener los resultados apetecidos para erradicar las causas del mencionado flagelo, que ha colapsado en otros países del orbe.
Sin embargo, Panamá ha dado muestras palpables de que sus instituciones seguirán cooperando en la lucha frontal contra dicho tipo de delincuencia, como bien lo han señalado recientemente Delia Cárdenas, actual Superintendente de Bancos, y el Canciller José Miguel Alemán, al manifestar que se está trabajando en proyectos de leyes para incluir en las normas penales vigentes la sanción del lavado de dinero cuando se relacione con el tráfico ilegal de armas, de personas, corrupción de funcionarios públicos, peculado, contrabando de vehículos, actos de terrorismo y con otras conductas antisociales estrechamente vinculadas con las actividades de las organizaciones dedicadas a lucrar con dicho quehacer delictivo. Incluso para establecer un marco de relaciones más estrechas con los organismos internacionales que tienen que ver con la prevención de la delincuencia organizada y su tratamiento legal.
Confiamos, por lo expuesto, en que nuestro país saldrá de la lista negra en este mes de octubre en Madrid, España, cuando se reúna con los integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero (GAFI).
Las actividades de la banca en Panamá, sin duda, propiciaron el incremento de la inversión privada, así como del comercio nacional e internacional, lo que redundó en el mejoramiento de la economía del país.
Desde luego, como todo país en vías de desarrollo, el nuestro confronta varios problemas sociales, como el desempleo y la pobreza, como secuela del aumento de la población panameña y extranjera, que ha incidido en la gran demanda de servicios públicos, sobre todo en las nuevas urbanizaciones y asentamientos que se han ido formando.
Otro de los problemas que padece la sociedad panameña es sin duda el auge de la delincuencia en toda sus modalidades, incluyendo la más nefasta que es el relativo a la venta y consumo de drogas heroicas, incluso en las escuelas de los principales centros urbanos, provocando un daño a la salud de los niños y adolescentes, que por ser los más indefensos merecen que las autoridades educativas y sanitarias redoblen sus esfuerzos para minimizar y, si es posible, erradicar las causas de tan despreciable flagelo social.
Afortunadamente contamos con una organización institucional que combate el tráfico de drogas, el secuestro de personas, la trata de blancas, el contrabando y otras conductas delictivas, mediante el trabajo conjunto de la Policía Técnica Judicial, la Fiscalía Auxiliar, las Fiscalías Especializadas en delitos de narcotráfico y lavado de dinero sucio, la Dirección de Aduanas, la Policía Nacional que combate a la delincuencia organizada por aire, tierra y mar, entre otros estamentos represivos del Estado.
En ese sentido la acción profesional de las autoridades se ha hecho sentir y lo prueba el hecho del número plural de allanamientos, pesquisas, investigaciones y procesos penales, además de las condenas contra las bandas de delincuentes que han sido sometidos a la justicia penal.
De acuerdo con el artículo 258 del Código Penal vigente, se sanciona con pena de cinco a diez años de prisión a la persona que con fines ilícitos compre, venda o traspase drogas a cualquier título, y dicha pena se duplicará (1) cuando se utilice a un menor de edad o persona con trastornos mentales, (2) cuando se realice en centro de educación, deportivo, cultural, lugares públicos o en sitios aledaños, (3) cuando lo realicen personas que se desempeñen como educadores, docentes o empleados de centros de educación públicos o privados (4) cuando se haga utilizando violencia o con armas, y (5) cuando sea un servidor público el sujeto activo del delito.
Igualmente existen normas en los artículos 263B y 263C del Código Penal, que sancionan el lavado de dinero sucio, creadas mediante la Ley 23 de 1986, modificada por la Ley 13 de 1994, que establecen penas severas de cinco a diez años de prisión para la persona que, aun cuando no haya participado en los delitos de narcotráfico que sanciona el Código Penal, realice a sabiendas transacciones por sí o por interpuesta persona, natural o jurídica, en establecimientos bancarios, financieros, comerciales o de cualquier índole, con dinero, títulos, valores u otros recursos financieros provenientes de las actividades ilícitas previstas en los artículos 255, 257, 258, 259, 260 y 262 del Código Penal.
Con igual pena se sanciona a la persona natural o jurídica que suministre información falsa para la apertura de cuentas o para la realización de transacciones con dineros provenientes del narcotráfico.
No obstante, se ha incluido a Panamá, sin ser oída en ningún previo juicio o encuesta objetiva y seria, en la lista negra de los países que no han cooperado en la lucha contra el lavado de dinero, por obra del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero, organismo del Grupo de los 7 conocido como la GAFI, lo que a mi parecer resulta injusto e inmerecido, ya que nuestro país ha venido desarrollando una serie de operativos tendientes a reprimir y minimizar las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, aun cuando no se le han brindado suficientes recursos financieros, tecnológicos, logísticos o los equipos y personal suficiente que se requieren para obtener los resultados apetecidos para erradicar las causas del mencionado flagelo, que ha colapsado en otros países del orbe.
Sin embargo, Panamá ha dado muestras palpables de que sus instituciones seguirán cooperando en la lucha frontal contra dicho tipo de delincuencia, como bien lo han señalado recientemente Delia Cárdenas, actual Superintendente de Bancos, y el Canciller José Miguel Alemán, al manifestar que se está trabajando en proyectos de leyes para incluir en las normas penales vigentes la sanción del lavado de dinero cuando se relacione con el tráfico ilegal de armas, de personas, corrupción de funcionarios públicos, peculado, contrabando de vehículos, actos de terrorismo y con otras conductas antisociales estrechamente vinculadas con las actividades de las organizaciones dedicadas a lucrar con dicho quehacer delictivo. Incluso para establecer un marco de relaciones más estrechas con los organismos internacionales que tienen que ver con la prevención de la delincuencia organizada y su tratamiento legal.
Confiamos, por lo expuesto, en que nuestro país saldrá de la lista negra en este mes de octubre en Madrid, España, cuando se reúna con los integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero (GAFI).
