El legado de muerte que nos ha dejado EU
Con el Dr. John Lindsay-Poland, autor del recién publicado libro "Emperadores en la jungla: la historia escondida de Estados Unidos en Panamá" (Duke University Press, y con la organización a la cual pertenece, Fellowship of Reconciliation, FOR), los panameños tenemos pendiente una deuda de gratitud. La lucha que han librado y los recursos que han dedicado por lograr que Estados Unidos (EU) cumpla con su obligación legal y moral de remover las amenazas a la vida, salud y seguridad humana en las tierras que les facilitamos para la defensa del Canal, superan, en muchos casos, lo que hemos hecho nosotros mismos.
Tuve el placer de recibir de John, capítulos del libro mientras lo escribía y puedo asegurar la veracidad de los hechos narrados, por haber sido testigo de primera mano de muchos de ellos y, en no pocas veces, actor.
Es cierto, como dice Lindsay-Poland, que en el ámbito del gobierno hubo muchas indecisiones, temores y, a veces contradicciones sobre el manejo del tema. Consideraciones, tales como "no tiene sentido presionar si estamos considerando permitirles seguir utilizando los campos de tiro"; "No debemos enturbiar las relaciones con los Estados Unidos que están en su mejor momento"; "vamos a espantar a los inversionistas en las áreas revertidas que pensarán que los explosivos están en todas partes; "no debemos dar la impresión de que estamos enfrascados en una confrontación y que eso empañe los actos de traspaso del Canal a Panamá"; debilitaron los esfuerzos de FOR y de los que estuvimos representando al gobierno en las conversaciones con los Estados Unidos.
No obstante, estoy seguro que el propio Lindsay-Poland reconoce que por muy enérgicos y racionales que hubiésemos sido en nuestros planteamientos no se iba a lograr cambiar las directrices que había impartido el Departamento de Defensa: sólo se removerían las amenazas visibles que constituían un peligro inminente, siempre y cuando que, a discreción del Comandante encargado de los trabajos, no constituyese un riesgo para su personal o un daño al medio ambiente. Entre los factores a ser tomados en cuenta era el costo (esto era comparar el valor de los terrenos con el gasto de remoción), la disposición de fondos presupuestarios y el tiempo que requerirían los trabajos. (El tiempo se vencía con la terminación de la vigencia del Tratado).
Los factores antes descritos dejaban por fuera la remoción de las amenazas en el subsuelo, en el fondo de los ríos y quebradas y en todas las áreas de impacto de los proyectiles y bombas.
El Departamento de Defensa nos estuvo engañando prometiéndonos acceso a la información histórica sobre el uso dado a los campos de tiro y bombardeo, el tipo y la cantidad de municiones disparadas. Documentos sobre pruebas que se realizaron en Panamá con materiales radioactivos y biológicos nos fue negada. Al final salieron con la excusa de que los documentos no existían porque era política de ellos destruirlos cada dos o tres años y que, en el caso nuestro, algunos se perdieron durante la invasión a Panamá.
El Comité Conjunto era el organismo establecido por el Tratado para manejar el tema de la remoción de las amenazas. La parte estadounidense estaba representada por un Coronel del Ejército y todo su personal de apoyo era militar.
A fines de 1997, en el Comité Conjunto se había llegado a un impasse. El Embajador de los Estados Unidos estaba preocupado por la repercusión que esa situación podría tener en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Sabía, por experiencia, que mientras fuesen los militares quienes representaran a Estados Unidos no se podría lograr avances y buscó una fórmula para que las conversaciones quedaran a cargo de la Embajada.
El Embajador propuso a nuestro canciller que, en atención a lo que señalaba el Tratado en caso de que en los mecanismos binacionales surgieran disputas, se elevara el tema de la limpieza de los campos de tiro al ámbito diplomático. También le propuso la creación de un mecanismo binacional de apoyo técnico para que buscase soluciones y les propusiese acuerdos. Así nació el Grupo de Trabajo Binacional de Alto Nivel para la Remoción de las Amenazas en los Campos de Tiro. El Embajador designó a un funcionario civil de la Embajada como Co-Presidente y un equipo de cuatro personas que lo acompañaban, dos eran funcionario de la Embajada, uno el representante del AID y el Coronel que participaba en el Comité Conjunto.
Por la parte nuestra, el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores me designaron como Co-Presidente del Grupo de Trabajo Conjunto y me acompañaban funcionarios de las entidades gubernamentales que tenían interés en el tema. Fui escogido porque aportaba una larga experiencia sobre el tema, adquirida cuando fui contratado por el consorcio Nathan-Intercarib para la preparación del Plan General de Usos de Area de la Antigua Zona del Canal. Uno de los obstáculos al uso era la contaminación ambiental, en especial los peligros en los campos de tiro que se mantenían en uso y a mí se me asignó ese tema.
Cuando el Departamento de Defensa se enteró de lo que había hecho, el Embajador expresó su descontento y ordenó que se "desestableciera" el Grupo de Trabajo, recordándole al Embajador que "los temas militares dentro y fuera de los Estados Unidos eran de competencia exclusiva del Pentágono."
La estrategia para cumplir con las órdenes del Pentágono fue el tratar que los panameños nos levantásemos de la mesa de conversaciones. Para tal efecto, a partir de la primera reunión se nos trató con rudeza, se nos faltó el respeto y se ofendió a nuestro país.
No obstante, nuestra estrategia era la de aprovechar la oportunidad para conocer más del tema y para plantear nuestros argumentos. La mayor desventaja que teníamos fue la falta de conocimientos sobre el problema y lo restringido del espacio para presentar nuestra posición. Por lo tanto, no caímos en la trampa.
Cuando se dieron cuenta que no podían lograr su propósito, decidieron unilateralmente no asistir a las reuniones. Posteriormente, las cosas tomarían otro rumbo. El Gobierno de Estados Unidos reemplazó al embajador y un nuevo gobierno en nuestro país me reemplazo a mí y al resto de los miembros del grupo de trabajo. En ese momento se perdió el inventario de conocimientos y de experiencias que habíamos logrado acumular, con mucho esfuerzo y sacrificio.
Lo anterior no debe de extrañar; es lo que normalmente ocurre cuando hay un cambio de gobierno, forma parte integral de nuestra arraigada cultura política.
En cuanto a las últimas declaraciones divulgadas por televisión por el representante de la familia Guerra, Carrillo sostuvo que se trata de una de las versiones más contradictorias y alejadas de lo que consta en el expediente y "lo que está tratando este abogado es de hacer un daño por encima de las garantías procesales que debatiremos ante los tribunales".
Subrayó además que la menor está siendo sometida a una investigación que se está adelantando y serán los peritos de tránsito, el fiscal y la juez de adolescencia, quienes determinen si la menor tiene responsabilidades.
Y es que, según dijo, "existe la responsabilidad por el hecho ocurrido y la responsabilidad por la actitud asumida después por mi representada" y se trata de dos aspectos diferentes.
Por otro lado, indicó que existen pruebas en el expediente de la evidencia física en el carro, puesto que contrario a lo que se ha dicho, únicamente se le hicieron cambios en el parabrisas, porque "era imposible utilizarlo como estaba", aunque prefirió no dar más detalles por respeto a la ley.
No obstante, aclaró que es totalmente falso que el carro circulara con otra placa o ésta le hubiera sido retirada, en tanto, detalló que "lo que sucedió fue que las propias autoridades movieron el vehículo que estaba bajo su custodia".
Tuve el placer de recibir de John, capítulos del libro mientras lo escribía y puedo asegurar la veracidad de los hechos narrados, por haber sido testigo de primera mano de muchos de ellos y, en no pocas veces, actor.
Es cierto, como dice Lindsay-Poland, que en el ámbito del gobierno hubo muchas indecisiones, temores y, a veces contradicciones sobre el manejo del tema. Consideraciones, tales como "no tiene sentido presionar si estamos considerando permitirles seguir utilizando los campos de tiro"; "No debemos enturbiar las relaciones con los Estados Unidos que están en su mejor momento"; "vamos a espantar a los inversionistas en las áreas revertidas que pensarán que los explosivos están en todas partes; "no debemos dar la impresión de que estamos enfrascados en una confrontación y que eso empañe los actos de traspaso del Canal a Panamá"; debilitaron los esfuerzos de FOR y de los que estuvimos representando al gobierno en las conversaciones con los Estados Unidos.
No obstante, estoy seguro que el propio Lindsay-Poland reconoce que por muy enérgicos y racionales que hubiésemos sido en nuestros planteamientos no se iba a lograr cambiar las directrices que había impartido el Departamento de Defensa: sólo se removerían las amenazas visibles que constituían un peligro inminente, siempre y cuando que, a discreción del Comandante encargado de los trabajos, no constituyese un riesgo para su personal o un daño al medio ambiente. Entre los factores a ser tomados en cuenta era el costo (esto era comparar el valor de los terrenos con el gasto de remoción), la disposición de fondos presupuestarios y el tiempo que requerirían los trabajos. (El tiempo se vencía con la terminación de la vigencia del Tratado).
Los factores antes descritos dejaban por fuera la remoción de las amenazas en el subsuelo, en el fondo de los ríos y quebradas y en todas las áreas de impacto de los proyectiles y bombas.
El Departamento de Defensa nos estuvo engañando prometiéndonos acceso a la información histórica sobre el uso dado a los campos de tiro y bombardeo, el tipo y la cantidad de municiones disparadas. Documentos sobre pruebas que se realizaron en Panamá con materiales radioactivos y biológicos nos fue negada. Al final salieron con la excusa de que los documentos no existían porque era política de ellos destruirlos cada dos o tres años y que, en el caso nuestro, algunos se perdieron durante la invasión a Panamá.
El Comité Conjunto era el organismo establecido por el Tratado para manejar el tema de la remoción de las amenazas. La parte estadounidense estaba representada por un Coronel del Ejército y todo su personal de apoyo era militar.
A fines de 1997, en el Comité Conjunto se había llegado a un impasse. El Embajador de los Estados Unidos estaba preocupado por la repercusión que esa situación podría tener en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Sabía, por experiencia, que mientras fuesen los militares quienes representaran a Estados Unidos no se podría lograr avances y buscó una fórmula para que las conversaciones quedaran a cargo de la Embajada.
El Embajador propuso a nuestro canciller que, en atención a lo que señalaba el Tratado en caso de que en los mecanismos binacionales surgieran disputas, se elevara el tema de la limpieza de los campos de tiro al ámbito diplomático. También le propuso la creación de un mecanismo binacional de apoyo técnico para que buscase soluciones y les propusiese acuerdos. Así nació el Grupo de Trabajo Binacional de Alto Nivel para la Remoción de las Amenazas en los Campos de Tiro. El Embajador designó a un funcionario civil de la Embajada como Co-Presidente y un equipo de cuatro personas que lo acompañaban, dos eran funcionario de la Embajada, uno el representante del AID y el Coronel que participaba en el Comité Conjunto.
Por la parte nuestra, el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores me designaron como Co-Presidente del Grupo de Trabajo Conjunto y me acompañaban funcionarios de las entidades gubernamentales que tenían interés en el tema. Fui escogido porque aportaba una larga experiencia sobre el tema, adquirida cuando fui contratado por el consorcio Nathan-Intercarib para la preparación del Plan General de Usos de Area de la Antigua Zona del Canal. Uno de los obstáculos al uso era la contaminación ambiental, en especial los peligros en los campos de tiro que se mantenían en uso y a mí se me asignó ese tema.
Cuando el Departamento de Defensa se enteró de lo que había hecho, el Embajador expresó su descontento y ordenó que se "desestableciera" el Grupo de Trabajo, recordándole al Embajador que "los temas militares dentro y fuera de los Estados Unidos eran de competencia exclusiva del Pentágono."
La estrategia para cumplir con las órdenes del Pentágono fue el tratar que los panameños nos levantásemos de la mesa de conversaciones. Para tal efecto, a partir de la primera reunión se nos trató con rudeza, se nos faltó el respeto y se ofendió a nuestro país.
No obstante, nuestra estrategia era la de aprovechar la oportunidad para conocer más del tema y para plantear nuestros argumentos. La mayor desventaja que teníamos fue la falta de conocimientos sobre el problema y lo restringido del espacio para presentar nuestra posición. Por lo tanto, no caímos en la trampa.
Cuando se dieron cuenta que no podían lograr su propósito, decidieron unilateralmente no asistir a las reuniones. Posteriormente, las cosas tomarían otro rumbo. El Gobierno de Estados Unidos reemplazó al embajador y un nuevo gobierno en nuestro país me reemplazo a mí y al resto de los miembros del grupo de trabajo. En ese momento se perdió el inventario de conocimientos y de experiencias que habíamos logrado acumular, con mucho esfuerzo y sacrificio.
Lo anterior no debe de extrañar; es lo que normalmente ocurre cuando hay un cambio de gobierno, forma parte integral de nuestra arraigada cultura política.
En cuanto a las últimas declaraciones divulgadas por televisión por el representante de la familia Guerra, Carrillo sostuvo que se trata de una de las versiones más contradictorias y alejadas de lo que consta en el expediente y "lo que está tratando este abogado es de hacer un daño por encima de las garantías procesales que debatiremos ante los tribunales".
Subrayó además que la menor está siendo sometida a una investigación que se está adelantando y serán los peritos de tránsito, el fiscal y la juez de adolescencia, quienes determinen si la menor tiene responsabilidades.
Y es que, según dijo, "existe la responsabilidad por el hecho ocurrido y la responsabilidad por la actitud asumida después por mi representada" y se trata de dos aspectos diferentes.
Por otro lado, indicó que existen pruebas en el expediente de la evidencia física en el carro, puesto que contrario a lo que se ha dicho, únicamente se le hicieron cambios en el parabrisas, porque "era imposible utilizarlo como estaba", aunque prefirió no dar más detalles por respeto a la ley.
No obstante, aclaró que es totalmente falso que el carro circulara con otra placa o ésta le hubiera sido retirada, en tanto, detalló que "lo que sucedió fue que las propias autoridades movieron el vehículo que estaba bajo su custodia".
