El legislador: una casta privilegiada
La actual reducción de la actividad económica evidencia que el país está sufriendo uno de sus peores reveses; que hay hambre, miseria, desempleo y que la mayoría de los panameños viven en condiciones infrahumanas sin que el Ejecutivo pueda dar respuesta al clamor desesperado de auxilio por la solución de sus necesidades básicas. Abrumados por una realidad que asfixia y un ambiente general de desesperanza, a los panameños no nos queda nada más edificante que tornar nuestras miradas hacia una casta de panameños que ha sabido campear los estragos que, tanto las importaciones de productos agrícolas como el aumento del combustible y la salida de los norteamericanos de Panamá, han propinado a la débil economía panameña. Hablamos de los miembros de la Asamblea Legislativa.
Para comenzar, estos privilegiados panameños cuentan con un salario que bien dejarían a los senadores de la nación más desarrollada del mundo perturbados de la envidia de que este país tan pequeño y en extrema pobreza, sea tan generoso con este segmento de servidores públicos. Eso que el salario de un legislador sea superior a 40 veces el salario mínimo establecido por ley, o que podrían comprar cerca de 40 canastas básicas todos los meses con un salario base, no les preocupa a ellos lo más mínimo. Después de todo, ellos como "Padres de la Patria", tienen el derecho de asignarse un salario que les permita disfrutar los más sofisticados placeres de la vida moderna, y no tienen por qué compartir las limitaciones que habrán de soportar los mortales comunes, que somos la mayoría de los panameños.
Por eso los vemos con una moral muy en alto, y nos llena de orgullo pensar que, aunque seamos pobres, subdesarrollados y aunque hay hambre por doquier, el país tiene la capacidad de hacer feliz a un número minúsculo de sus habitantes que ha sabido sacarle ventaja a su alta investidura. Algunos críticos, preocupados por las condiciones de desigualdad en la distribución del ingreso, los han tildado de inmorales por dedicarse a importar autos libres de impuesto que luego venden en el mercado local, cuando hay tanto agricultor humilde que no cuenta ni con los medios más rudimentarios para transportar sus productos.
Estos argumentos baladíes no perturban la conciencia (un poco adormecida) de estos ilustres, cuyo norte siempre ha sido el imperio de la ley y no las consideraciones morales de sus actos. La ventaja para los panameños es que al menos en ese "rgano del Estado, no existe esa plaga llamada enriquecimiento ilícito. Aquí el enriquecimiento es lícito. Es, precisamente, para evitar la más mínima interferencia a las justas pretensiones de todo legislador a convertirse en millonario que se han eximido del pago de algunos renglones de la monstruosa canasta legislativa. Por ejemplo, el legislador y su familia pueden hablar hasta por los codos y a cualquier lugar del mundo que se les ocurre sin preocuparse de la cuenta a fin de mes o, lo que es peor, a que se le desconecten el servicio telefónico. El resto de los panameños nos cotizamos para pagar la cuenta.
No tiene que pagar por la placa de circulación que el resto pagamos, ya que esto se considera cortesía de la casa (digo del país) para quien ostenta tan noble investidura. Para los que todavía no entienden la justicia de las partidas circuitales y que le quiten al Ejecutivo la capacidad de dar respuesta a las necesidades básicas de la población a través de los ministerios y representantes de corregimiento, se hace necesario darles una cátedra de ciencias políticas basada en la cultura criolla.
Un "sabio" dictador panameño dijo que la obligación más sagrada de todo gobernante es mantenerse en el poder. Nuestros legisladores son fieles seguidores de esa filosofía. Complacer a sus electores con sus necesidades y caprichos y no a través de leyes que a nadie importa, es una estrategia segura de lograr la reelección. He aquí la belleza y justificación lógica de las partidas circuitales: Una campaña política pagada por el Estado.
Con semejante presupuesto se pueden construir escuelas (aunque no se necesiten), pintar condominios que los dueños muy bien pueden hacerlo y hacer donaciones a diestra y siniestra con letreros por doquier que resalten que ese legislador sí cumplió con sus electores y merece perpetuarse en su curul.
Los rumores de que el Ejecutivo piensa racionalizar los gastos públicos, los tiene totalmente sin cuidado. Ellos están preparados y dispuestos a aportar todas las razones del mundo para demostrarle al contralor que no solamente son merecedores del insignificante emolumento que la Patria les concede para hacer leyes (a tiempo parcial), sino que lucharán para que los dineros que el Ejecutivo deje de percibir, se les asigne a ellos en concepto de salarios caídos y vacaciones acumuladas que tienen bien merecidas.
Por lo antes expuesto, es fácil concluir que el legislador es el único empleado público (antes servidor público) a quien no inquieta en lo absoluto la crisis económica del país. El ganó las elecciones con el apoyo de dineros públicos, luego se sirve a sus anchas de las arcas del Estado y, para multiplicar sus bendiciones, hay una brecha permanente en esas arcas de donde sangran millones y millones con el nombre de partidas circuitales para que ese "abnegado hombre público" se perpetúe en el poder y siga disfrutando de este gran paraíso terrenal hasta que su muerte nos ampare.
Para comenzar, estos privilegiados panameños cuentan con un salario que bien dejarían a los senadores de la nación más desarrollada del mundo perturbados de la envidia de que este país tan pequeño y en extrema pobreza, sea tan generoso con este segmento de servidores públicos. Eso que el salario de un legislador sea superior a 40 veces el salario mínimo establecido por ley, o que podrían comprar cerca de 40 canastas básicas todos los meses con un salario base, no les preocupa a ellos lo más mínimo. Después de todo, ellos como "Padres de la Patria", tienen el derecho de asignarse un salario que les permita disfrutar los más sofisticados placeres de la vida moderna, y no tienen por qué compartir las limitaciones que habrán de soportar los mortales comunes, que somos la mayoría de los panameños.
Por eso los vemos con una moral muy en alto, y nos llena de orgullo pensar que, aunque seamos pobres, subdesarrollados y aunque hay hambre por doquier, el país tiene la capacidad de hacer feliz a un número minúsculo de sus habitantes que ha sabido sacarle ventaja a su alta investidura. Algunos críticos, preocupados por las condiciones de desigualdad en la distribución del ingreso, los han tildado de inmorales por dedicarse a importar autos libres de impuesto que luego venden en el mercado local, cuando hay tanto agricultor humilde que no cuenta ni con los medios más rudimentarios para transportar sus productos.
Estos argumentos baladíes no perturban la conciencia (un poco adormecida) de estos ilustres, cuyo norte siempre ha sido el imperio de la ley y no las consideraciones morales de sus actos. La ventaja para los panameños es que al menos en ese "rgano del Estado, no existe esa plaga llamada enriquecimiento ilícito. Aquí el enriquecimiento es lícito. Es, precisamente, para evitar la más mínima interferencia a las justas pretensiones de todo legislador a convertirse en millonario que se han eximido del pago de algunos renglones de la monstruosa canasta legislativa. Por ejemplo, el legislador y su familia pueden hablar hasta por los codos y a cualquier lugar del mundo que se les ocurre sin preocuparse de la cuenta a fin de mes o, lo que es peor, a que se le desconecten el servicio telefónico. El resto de los panameños nos cotizamos para pagar la cuenta.
No tiene que pagar por la placa de circulación que el resto pagamos, ya que esto se considera cortesía de la casa (digo del país) para quien ostenta tan noble investidura. Para los que todavía no entienden la justicia de las partidas circuitales y que le quiten al Ejecutivo la capacidad de dar respuesta a las necesidades básicas de la población a través de los ministerios y representantes de corregimiento, se hace necesario darles una cátedra de ciencias políticas basada en la cultura criolla.
Un "sabio" dictador panameño dijo que la obligación más sagrada de todo gobernante es mantenerse en el poder. Nuestros legisladores son fieles seguidores de esa filosofía. Complacer a sus electores con sus necesidades y caprichos y no a través de leyes que a nadie importa, es una estrategia segura de lograr la reelección. He aquí la belleza y justificación lógica de las partidas circuitales: Una campaña política pagada por el Estado.
Con semejante presupuesto se pueden construir escuelas (aunque no se necesiten), pintar condominios que los dueños muy bien pueden hacerlo y hacer donaciones a diestra y siniestra con letreros por doquier que resalten que ese legislador sí cumplió con sus electores y merece perpetuarse en su curul.
Los rumores de que el Ejecutivo piensa racionalizar los gastos públicos, los tiene totalmente sin cuidado. Ellos están preparados y dispuestos a aportar todas las razones del mundo para demostrarle al contralor que no solamente son merecedores del insignificante emolumento que la Patria les concede para hacer leyes (a tiempo parcial), sino que lucharán para que los dineros que el Ejecutivo deje de percibir, se les asigne a ellos en concepto de salarios caídos y vacaciones acumuladas que tienen bien merecidas.
Por lo antes expuesto, es fácil concluir que el legislador es el único empleado público (antes servidor público) a quien no inquieta en lo absoluto la crisis económica del país. El ganó las elecciones con el apoyo de dineros públicos, luego se sirve a sus anchas de las arcas del Estado y, para multiplicar sus bendiciones, hay una brecha permanente en esas arcas de donde sangran millones y millones con el nombre de partidas circuitales para que ese "abnegado hombre público" se perpetúe en el poder y siga disfrutando de este gran paraíso terrenal hasta que su muerte nos ampare.
