El legítimo derecho al descontento
A Simeón Emilio González, Antonella Ponce y Xavier Gorostiaga s.j., que supieron mantener durante toda su vida el compromiso con la vida, el amor a la verdad y la fraternidad. La multitudinaria manifestación cívica del viernes 12 de septiembre, confirmó en forma contundente lo que las encuestas venían revelando, el deseo de la población panameña de defender el camino solidario de la seguridad social panameña entendida como un derecho humano fundamental, y el rechazo rotundo al autoritarismo y la arbitrariedad gubernamental expresada en la destitución del director de la CSS, Juan Jované, y en la violación de derechos democráticos de la población a través de la represión policial.
La campaña montada ha querido estigmatizar y aislar la expresión cívica de los ciudadanos identificándola sólo con grupos de izquierda, cuando las encuestas señalan en un 67% de aceptación la gestión de Jované, y en cambio con cifras muy bajas a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Pareciera que mientras la economía y el mercado son cada vez más de alta intensidad con su secuela de desigualdad y pobreza, la democracia es cada vez más de baja intensidad, favoreciendo el menoscabo de los derechos humanos de la gente.
Ahora bien, es necesario afirmar la población rechaza la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Sólo es posible lograr el triunfo de las reivindicaciones sociales y cívicas por medio de la protesta pacífica democrática y dentro de la ley; los que contradigan esto le dan la razón a los que adversan esta causa popular y ciudadana. Al mismo tiempo es preocupante cuando del lado de las autoridades reprimen el derecho al descontento y califican de desestabilización o amenazas a la seguridad nacional el legítimo derecho a la disidencia y discrepar de los gobernantes electos por nosotros mismos.
Ojalá el Ejecutivo comprenda que no fue un error nombrar a Jované, sino que fue un error político despedirlo; pues para la población se trata de una maniobra destinada a manejar la CSS en función de intereses que no son los de los asegurados, además que otra pesada losa cae sobre las aspiraciones presidenciales del candidato oficialista. Ojalá, sea por vía de la Corte Suprema de Justicia o sobre la base de un cambio de la actitud de la Presidenta, se restituya a Jované, y se den los pasos y la colaboración necesarios tanto para enfrentar los problemas de la seguridad social, como para corregir una política económica equivocada y desacertada.
Una de las acusaciones más utilizadas en la campaña de desinformación es los nombramientos que se hicieron en la Caja. La CSS aumentó su capacidad de atención con la construcción de nuevas instalaciones, tales como los 25 Centros de Prevención y Atención Primaria de Salud (CAPPS), en lugares distantes como Pedasí, Tonosí, Macaracas, Guararé, Los Pozos, Pesé, Santamaría, Ocú, La Pintada, Zapotillo, El Tecal, Vacamonte, Capira, Sajalices, 24 de Diciembre, Los Nogales, Plaza Tocumen, Torrijos Carter y Pedregal, entre otros; además de las nuevas policlínicas de La Chorrera, Santiago y Las Tablas, conjuntamente con la apertura del cuarto de urgencias del Hospital de Bugaba y de los centros hospitalarios San Judas Tadeo, Rafael Estévez de Aguadulce y de Especialidades Pediátricas.
Todo lo anterior ha traído consigo un aumento en la cobertura y accesibilidad de la red de servicios, que ha ampliado la atención. Igualmente se ha incrementado el personal para cobros e ingresos, riesgos profesionales. La creación y ampliación de todas estas nuevas facilidades generó la necesidad de recursos humanos adicionales producto del desarrollo de la red de servicios, con el fin de mejorar la eficiencia y productividad en las áreas que demandan dicha atención. La aprobación de ese personal se da a través de una serie actos administrativos que cuenta con la autorización y aprobación de las instancias superiores.
Al inicio de la administración Jované, el personal comprendía 17,768 funcionarios y en la actualidad, con los cambios explicados por las nuevas unidades ejecutoras y algunas específicamente administrativas, se cuenta con 22,626. La diferencia se sitúa en 4,858: 4,113 en los programas de salud (hospitales, policlínicas y centros de Prevención y Atención Primaria de Salud) y 745 en el programa de administración.
Construír una sociedad más justa, libre y solidaria es necesidad para todos y todas. Como lo expresó en vida Gorostiaga: “Quisiera que sirviera para transmitir una gran verdad en mi vida: el compromiso cristiano con los pobres y excluidos produce una gran felicidad. Al compartir sus sufrimientos y esperanzas alegres en medio de crisis, y los conflictos inherentes a ese compromiso, incluso con la propia Iglesia, revela a Dios como el único absoluto.
El rostro de los oprimidos debe estar siempre presente, sobre todo para los que el trabajo no esté cotidianamente inserto en sus vidas. Ese rostro ayuda a preservar la coherencia y honestidad, al tiempo que revela el sentido de la fraternidad en nuestras vidas.”
(raulleisr@hotmail.com)
La campaña montada ha querido estigmatizar y aislar la expresión cívica de los ciudadanos identificándola sólo con grupos de izquierda, cuando las encuestas señalan en un 67% de aceptación la gestión de Jované, y en cambio con cifras muy bajas a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Pareciera que mientras la economía y el mercado son cada vez más de alta intensidad con su secuela de desigualdad y pobreza, la democracia es cada vez más de baja intensidad, favoreciendo el menoscabo de los derechos humanos de la gente.
Ahora bien, es necesario afirmar la población rechaza la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Sólo es posible lograr el triunfo de las reivindicaciones sociales y cívicas por medio de la protesta pacífica democrática y dentro de la ley; los que contradigan esto le dan la razón a los que adversan esta causa popular y ciudadana. Al mismo tiempo es preocupante cuando del lado de las autoridades reprimen el derecho al descontento y califican de desestabilización o amenazas a la seguridad nacional el legítimo derecho a la disidencia y discrepar de los gobernantes electos por nosotros mismos.
Ojalá el Ejecutivo comprenda que no fue un error nombrar a Jované, sino que fue un error político despedirlo; pues para la población se trata de una maniobra destinada a manejar la CSS en función de intereses que no son los de los asegurados, además que otra pesada losa cae sobre las aspiraciones presidenciales del candidato oficialista. Ojalá, sea por vía de la Corte Suprema de Justicia o sobre la base de un cambio de la actitud de la Presidenta, se restituya a Jované, y se den los pasos y la colaboración necesarios tanto para enfrentar los problemas de la seguridad social, como para corregir una política económica equivocada y desacertada.
Una de las acusaciones más utilizadas en la campaña de desinformación es los nombramientos que se hicieron en la Caja. La CSS aumentó su capacidad de atención con la construcción de nuevas instalaciones, tales como los 25 Centros de Prevención y Atención Primaria de Salud (CAPPS), en lugares distantes como Pedasí, Tonosí, Macaracas, Guararé, Los Pozos, Pesé, Santamaría, Ocú, La Pintada, Zapotillo, El Tecal, Vacamonte, Capira, Sajalices, 24 de Diciembre, Los Nogales, Plaza Tocumen, Torrijos Carter y Pedregal, entre otros; además de las nuevas policlínicas de La Chorrera, Santiago y Las Tablas, conjuntamente con la apertura del cuarto de urgencias del Hospital de Bugaba y de los centros hospitalarios San Judas Tadeo, Rafael Estévez de Aguadulce y de Especialidades Pediátricas.
Todo lo anterior ha traído consigo un aumento en la cobertura y accesibilidad de la red de servicios, que ha ampliado la atención. Igualmente se ha incrementado el personal para cobros e ingresos, riesgos profesionales. La creación y ampliación de todas estas nuevas facilidades generó la necesidad de recursos humanos adicionales producto del desarrollo de la red de servicios, con el fin de mejorar la eficiencia y productividad en las áreas que demandan dicha atención. La aprobación de ese personal se da a través de una serie actos administrativos que cuenta con la autorización y aprobación de las instancias superiores.
Al inicio de la administración Jované, el personal comprendía 17,768 funcionarios y en la actualidad, con los cambios explicados por las nuevas unidades ejecutoras y algunas específicamente administrativas, se cuenta con 22,626. La diferencia se sitúa en 4,858: 4,113 en los programas de salud (hospitales, policlínicas y centros de Prevención y Atención Primaria de Salud) y 745 en el programa de administración.
Construír una sociedad más justa, libre y solidaria es necesidad para todos y todas. Como lo expresó en vida Gorostiaga: “Quisiera que sirviera para transmitir una gran verdad en mi vida: el compromiso cristiano con los pobres y excluidos produce una gran felicidad. Al compartir sus sufrimientos y esperanzas alegres en medio de crisis, y los conflictos inherentes a ese compromiso, incluso con la propia Iglesia, revela a Dios como el único absoluto.
El rostro de los oprimidos debe estar siempre presente, sobre todo para los que el trabajo no esté cotidianamente inserto en sus vidas. Ese rostro ayuda a preservar la coherencia y honestidad, al tiempo que revela el sentido de la fraternidad en nuestras vidas.”
(raulleisr@hotmail.com)
