El Magistrado Spadafora vs. El Panamá América
En marzo de 2001, publicamos una noticia sobre la construcción por el Fondo de Inversión Social(FIS) de una carretera que conduce a las comunidades de Los Hules, Arenosa y Coca Cola en el área de La Chorrera. Un ramal de camino se desprendía de esa vía, conduciendo hacia las fincas de dos altos funcionarios del Estado panameño, uno de ellos era el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadadora quien luego fue nombrado por la presidenta de la República y su gabinete como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Spadafora promovió de inmediato una querella criminal contra reporteros y el director del diario en relación con la publicación, en cuyo desarrollo, el fiscal séptimo de circuito, Julio Lauffaurie asumió la conducción de las investigaciones y solicitó finalmente el 25 de septiembre pasado el encausamiento criminal por calumnia e injuria contra los periodistas Jean Marcel Chery y Gustavo Aparicio.
¿Qué decía la noticia? En una primera entrega, relataba los detalles de la construcción de la carretera, cuyo ramal se ilustraba con fotografías de tractores y equipo pesado, parte de los cuales yacía ubicado dentro de uno de los predios y en sus proximidades, en el otro. De ambos funcionarios, sólo Spadafora promovió la querella. El otro se limitó a explicar que él había aprovechado la cercana presencia del equipo pesado contratado por el FIS para que realizaran trabajos de acceso a su finca, cuyo costo pagó con su propio pecunio. Hizo bien el último tratándose de una figura pública que debe rendir cuentas a la comunidad a la que sirve. No el otro, que eligió el camino de la soberbia y la arrogancia del poder.
Spadafora expuso en el expediente que la carretera servía a numerosas comunidades y residentes. Pero un reportaje posterior a la noticia original, que incluyó fotografías aéreas tomadas a lo largo y ancho de la carretera, mostró que en el área del ramal de la vía aludida había, además de las dos fincas mencionadas, un inmenso vacío, interrumpido apenas por unas dos o tres viviendas dispersas y perdidas en aquella vastedad. Las fotografías no mienten. Lo que correspondía a Spadafora, como a todo buen funcionario, sobre todo si ejerce mando y jurisdicción, era recordar su deber primario de rendir cuentas no a nosotros, sino al supremo soberano, el pueblo de quien deriva su autoridad y a quien se debe y del cual somos ojos y oídos, y medio transmisor de inquietudes, comunicaciones y respuestas entre gobernantes y gobernados.
A finales del año pasado, en vísperas de su ratificación como magistrado de la Corte, hizo una aproximación a nuestro diario. A través de un intermediario, que ocupa hoy una embajada panameña en el extranjero, dio su palabra de que desistiría de la querella. Dijo que no quería iniciarse en el máximo tribunal llevando a cuestas una querella en nuestra contra, lo cual haría tan pronto asumiera el cargo. No lo hizo - y no queremos pensar que fue por nuestra posición opuesta a la designación de más políticos en la Corte -, pero en cambio, sin necesidad de mover un dedo, su presencia en la cumbre de la Administración de Justicia sigue gravitando sobre el expediente de la querella. En privado nos advierten, no hubo ofensa, no hubo imputación de delito, no hubo dolo ni malicia, no hubo delito, ¡pero se trata de un magistrado de la Corte!
Spadafora promovió de inmediato una querella criminal contra reporteros y el director del diario en relación con la publicación, en cuyo desarrollo, el fiscal séptimo de circuito, Julio Lauffaurie asumió la conducción de las investigaciones y solicitó finalmente el 25 de septiembre pasado el encausamiento criminal por calumnia e injuria contra los periodistas Jean Marcel Chery y Gustavo Aparicio.
¿Qué decía la noticia? En una primera entrega, relataba los detalles de la construcción de la carretera, cuyo ramal se ilustraba con fotografías de tractores y equipo pesado, parte de los cuales yacía ubicado dentro de uno de los predios y en sus proximidades, en el otro. De ambos funcionarios, sólo Spadafora promovió la querella. El otro se limitó a explicar que él había aprovechado la cercana presencia del equipo pesado contratado por el FIS para que realizaran trabajos de acceso a su finca, cuyo costo pagó con su propio pecunio. Hizo bien el último tratándose de una figura pública que debe rendir cuentas a la comunidad a la que sirve. No el otro, que eligió el camino de la soberbia y la arrogancia del poder.
Spadafora expuso en el expediente que la carretera servía a numerosas comunidades y residentes. Pero un reportaje posterior a la noticia original, que incluyó fotografías aéreas tomadas a lo largo y ancho de la carretera, mostró que en el área del ramal de la vía aludida había, además de las dos fincas mencionadas, un inmenso vacío, interrumpido apenas por unas dos o tres viviendas dispersas y perdidas en aquella vastedad. Las fotografías no mienten. Lo que correspondía a Spadafora, como a todo buen funcionario, sobre todo si ejerce mando y jurisdicción, era recordar su deber primario de rendir cuentas no a nosotros, sino al supremo soberano, el pueblo de quien deriva su autoridad y a quien se debe y del cual somos ojos y oídos, y medio transmisor de inquietudes, comunicaciones y respuestas entre gobernantes y gobernados.
A finales del año pasado, en vísperas de su ratificación como magistrado de la Corte, hizo una aproximación a nuestro diario. A través de un intermediario, que ocupa hoy una embajada panameña en el extranjero, dio su palabra de que desistiría de la querella. Dijo que no quería iniciarse en el máximo tribunal llevando a cuestas una querella en nuestra contra, lo cual haría tan pronto asumiera el cargo. No lo hizo - y no queremos pensar que fue por nuestra posición opuesta a la designación de más políticos en la Corte -, pero en cambio, sin necesidad de mover un dedo, su presencia en la cumbre de la Administración de Justicia sigue gravitando sobre el expediente de la querella. En privado nos advierten, no hubo ofensa, no hubo imputación de delito, no hubo dolo ni malicia, no hubo delito, ¡pero se trata de un magistrado de la Corte!
