El método político del gobierno
Las actuaciones políticas, desde el momento en que se instaló el gobierno de "Patria Nueva", demuestran que su cúpula ha utilizado un método caracterizado por la imposición, las agendas ocultas, la consulta democrática mediatizada y la falta absoluta del consenso capaz de propiciar un acuerdo nacional para el perfeccionamiento de una agenda de Estado o Plan Nacional de Desarrollo.
El antecedente más reciente de esta funesta práctica política fue la discusión a "marcha forzada" de las reformas financieras del Programa de Invalidez Vejez y Muerte, de la Caja de Seguro Social (Ley 17), rechazada por la ciudadanía, lo cual provocó que el Gobierno tuviera que dar marcha atrás, dando origen a una nueva norma, la Ley 51 de la CSS.
En muchas ocasiones, desde la tribuna legislativa, hemos denunciado estas mañas políticas y señalado la necesidad de buscar el consenso nacional y la adopción de una agenda social que privilegie, particularmente, a los sectores más pobres del país.
En esta ocasión, porque consideramos que este método está en crisis y no sólo afecta al gobierno, sino también a la institucionalidad democrática de la Asamblea Nacional, órgano político por excelencia y el más representativo de la voluntad popular, rechazamos una vez más, las pretensiones antidemocráticas y los desaciertos políticos del Ejecutivo, a raíz de la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional para discutir y aprobar los proyectos de Ley del Código Penal y del Código Procesal Penal.
Como se recordará, el Gobierno, mediante Decreto Ejecutivo N° 1 de 17 de enero de 2007, convocó a sesiones extraordinarias de la Asamblea, desde el 22 de enero al 5 de febrero, para que en este breve período consultara, discutiera y aprobara los proyectos de ley del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, Decreto Ejecutivo que luego fue modificado para extender este plazo fatal hasta el sábado 10 de febrero, para debatir y aprobar en escasos tres días, en segundo y tercer debate del Pleno de la Asamblea, el proyecto de Ley número 255 del Código Penal, que consta de 449 artículos y al cual se le introdujeron más de 200 modificaciones.
Desde la perspectiva metodológica dicha pretensión es un craso error político del Ejecutivo pero, adicionalmente, afecta aún más el maltrecho prestigio institucional de la Asamblea Nacional. Por principio y como consecuencia de lo anterior, impugnamos dicho método por antidemocrático y, en su lugar, proponemos posponer el debate del Pleno hasta el inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, a partir del 1 de marzo de 2007.
Por supuesto, lo correcto política y metodológicamente, hubiese sido que la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Constitucionales del Órgano Legislativo, consultara, discutiera y aprobara ambos proyectos de Ley durante la fase de receso del Pleno y, el segundo y tercer debate, en el período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.
El costo se está gestionando con el Banco de Cooperación Internacional del Japón, por lo que se licitará a finales del año.
"La planta de tratamiento, donde finalmente llegarán las aguas residuales, también se licitará a finales de año", agregó.
Eric Zapata, director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de San Miguelito, indicó que con el nuevo alcantarillado "se acabarán las letrinas y se eliminarán los tanques sépticos, disminuyendo la contaminación en las quebradas y los ríos".
Y es que la contaminación de las aguas negras es perjudicial para los residentes del distrito, pues causa daños tanto al ambiente como a la salud.
Zapata señaló que con la interconexión de sistemas de alcantarillados, las aguas servidas de todos los corregimientos de San Miguelito llegarán a la planta de tratamiento que se construirá en Juan Díaz, al Este de la ciudad capital.
Hizo énfasis en la necesidad de que las aguas servidas sean tratadas antes de ir al mar para evitar que la calidad de nuestros ríos siga en detrimento.
Por otro lado, José Carías, jefe de Aguas Servidas del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, aseguró que la planta de tratamiento que se construirá en Juan Díaz realizará un proceso similar al de las potabilizadoras, sólo que su producto final no es agua potable, sino carente de sustancias químico-tóxicas dañinas para la fauna y flora marina".
Las aguas servidas se han tomado varios puntos.
El antecedente más reciente de esta funesta práctica política fue la discusión a "marcha forzada" de las reformas financieras del Programa de Invalidez Vejez y Muerte, de la Caja de Seguro Social (Ley 17), rechazada por la ciudadanía, lo cual provocó que el Gobierno tuviera que dar marcha atrás, dando origen a una nueva norma, la Ley 51 de la CSS.
En muchas ocasiones, desde la tribuna legislativa, hemos denunciado estas mañas políticas y señalado la necesidad de buscar el consenso nacional y la adopción de una agenda social que privilegie, particularmente, a los sectores más pobres del país.
En esta ocasión, porque consideramos que este método está en crisis y no sólo afecta al gobierno, sino también a la institucionalidad democrática de la Asamblea Nacional, órgano político por excelencia y el más representativo de la voluntad popular, rechazamos una vez más, las pretensiones antidemocráticas y los desaciertos políticos del Ejecutivo, a raíz de la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional para discutir y aprobar los proyectos de Ley del Código Penal y del Código Procesal Penal.
Como se recordará, el Gobierno, mediante Decreto Ejecutivo N° 1 de 17 de enero de 2007, convocó a sesiones extraordinarias de la Asamblea, desde el 22 de enero al 5 de febrero, para que en este breve período consultara, discutiera y aprobara los proyectos de ley del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, Decreto Ejecutivo que luego fue modificado para extender este plazo fatal hasta el sábado 10 de febrero, para debatir y aprobar en escasos tres días, en segundo y tercer debate del Pleno de la Asamblea, el proyecto de Ley número 255 del Código Penal, que consta de 449 artículos y al cual se le introdujeron más de 200 modificaciones.
Desde la perspectiva metodológica dicha pretensión es un craso error político del Ejecutivo pero, adicionalmente, afecta aún más el maltrecho prestigio institucional de la Asamblea Nacional. Por principio y como consecuencia de lo anterior, impugnamos dicho método por antidemocrático y, en su lugar, proponemos posponer el debate del Pleno hasta el inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, a partir del 1 de marzo de 2007.
Por supuesto, lo correcto política y metodológicamente, hubiese sido que la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Constitucionales del Órgano Legislativo, consultara, discutiera y aprobara ambos proyectos de Ley durante la fase de receso del Pleno y, el segundo y tercer debate, en el período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.
El costo se está gestionando con el Banco de Cooperación Internacional del Japón, por lo que se licitará a finales del año.
"La planta de tratamiento, donde finalmente llegarán las aguas residuales, también se licitará a finales de año", agregó.
Eric Zapata, director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de San Miguelito, indicó que con el nuevo alcantarillado "se acabarán las letrinas y se eliminarán los tanques sépticos, disminuyendo la contaminación en las quebradas y los ríos".
Y es que la contaminación de las aguas negras es perjudicial para los residentes del distrito, pues causa daños tanto al ambiente como a la salud.
Zapata señaló que con la interconexión de sistemas de alcantarillados, las aguas servidas de todos los corregimientos de San Miguelito llegarán a la planta de tratamiento que se construirá en Juan Díaz, al Este de la ciudad capital.
Hizo énfasis en la necesidad de que las aguas servidas sean tratadas antes de ir al mar para evitar que la calidad de nuestros ríos siga en detrimento.
Por otro lado, José Carías, jefe de Aguas Servidas del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, aseguró que la planta de tratamiento que se construirá en Juan Díaz realizará un proceso similar al de las potabilizadoras, sólo que su producto final no es agua potable, sino carente de sustancias químico-tóxicas dañinas para la fauna y flora marina".
Las aguas servidas se han tomado varios puntos.
