El Ministerio de Economía y Finanzas y el ordenamiento territorial
Los estados modernos reconocen cada vez más que el éxito de sus trayectorias económicas depende de la satisfacción paralela de las necesidades sociales de su población. Los graves problemas de la educación, la salud, del desempleo y de la pobreza, multiplicados por años de descuido, están ahora restringiendo las capacidades para responder, en la medida a la atención de los mismos. La situación se torna más difícil, cuando por necesidad ineludible, obligatoria, inescapable e impostergable, los países de economías emergentes tienen que producir productos de calidad, a precios competitivos, frente a países con años de adelantos en la ciencia y la tecnología, para tener acceso a los mercados internacionales. Hoy día, para competir con éxito en el concierto mundial de países, a diferencia del pasado, se requiere de hombres/mujeres educados, saludables y eficientes, estimulados y guiados por organizaciones de estructuras administrativas modernas para lograr objetivos integrales y sostenidos. En la cruzada es indispensable la participación ciudadana y el comportamiento ético de todos, en especial de los funcionarios públicos, que laboran en los distintos niveles.
Ante aquellas realidades, si las políticas que se ejecutan generan resultados contrarios a los urgentes requerimientos de las mayorías, para favorecer más a los que más tienen y hacer más remotas las esperanzas de esas mayorías a disfrutar de los servicios sociales básicos, de empleos plenos, de seguridad personal y de justicia social, para hacer más equitativa la distribución de las riquezas nacionales, entonces podemos anticipar con preocupación los peores pronósticos para el futuro de Panamá. La coyuntura actual demanda el reconocimiento oficial, para que con convicción y decisión se estructuren programas propios pragmáticos capaces de superar los constreñimientos en beneficio de toda la población en todo el territorio nacional. Es tiempo de hacer responsables a los funcionarios públicos por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de tareas fundamentales contenidas en la Constitución y las leyes. La impunidad no ha contribuido a corregir esas conductas.
Como cuestión de política, en primer lugar, debemos reconocer que el Canal ha sido y sigue siendo un elemento importante en la economía nacional, que al mismo tiempo ha tenido influencias adversas en lo social y lo político-administrativo que marcan lesamente la geografía metropolitana de las ciudades de Panamá y Colón. Estos centros concentran el 55% de la población del país, mayor volumen de entes consumidores de la producción nacional, por el estímulo sostenido de una migración de población sin precedentes, en busca de oportunidades que no encuentran. En segundo lugar, los efectos del Canal han hecho relegar al descuido los más elementales requerimientos del resto del país, 7 provincias de 9 y una Comarca, restringiendo la capacidad para cumplir cabalmente su función principal como área de producción. En ambos casos, el primero y el segundo, se derivan influencias que han tenido efectos dañinos al desarrollo nacional, en lo social, lo económico, lo cultural y lo psicológico.
Panamá es un país pequeño de apenas 75.517km2, de geografía benévola, con una elevada proporción de su población asentada en el eje Colón-Panamá, y a lo largo de la Vertiente Sur-Oeste de la Cordillera Central próxima al litoral Pacífico, hasta la frontera con la hermana República de Costa Rica. Por tanto, la programación de su desarrollo no debería presentar mayores dificultades. Estas características geo-sociales son altamente favorables a la ejecución de las necesarias tareas de ordenamiento territorial.
Con la terminación de los planes que regulan el desarrollo de las Areas Revertidas de la Cuenca del Canal, los Planes Metropolitanos de Panamá y Colón, y el Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Darién por iniciarse, quedaría poco más del 50% del territorio nacional pendiente de ser ordenado. Si bien éstos se elaboraron y el último también se preparará sin orientación de una política nacional de desarrollo económico y social, la coyuntura se presenta ahora para cumplir esa responsabilidad, muy necesaria, a objeto de procurar el desarrollo integral equilibrado del territorio nacional. Esta acción llevaría a feliz cumplimiento responsabilidades relegadas, al menos por tres instituciones públicas, por más de 40 años. Son tareas de capital importancia cuando existe el genuino interés de encauzar las actividades por los senderos de un verdadero desarrollo en beneficio de todos los panameños y para confrontar los retos de la globalización.
Desde la creación de la Dirección General de Planificación y Administración (DGPA) en 1959, por Ley No. 11 de 18 de junio, y del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE) que la reemplazó mediante Ley No. 16 de 28 de febrero de 1973, las funciones de la planificación del desarrollo regional y urbana siempre constituyeron, correctamente, responsabilidades fundamentales de esas instituciones, como medios para expresar geográficamente el contenido de las políticas económicas y sociales nacionales. Aunque nunca fueron cumplidas, por razones que no deseo interpretar, no es motivo para restar la importancia de esas funciones en la ejecución de planes de desarrollo serios que exigen las circunstancias de estos tiempos.
No obstante lo anterior, con el traslado del MIPPE al Ministerio de Economía y Finanzas, desaparecen de su Ley Orgánica las responsabilidades de la planificación del desarrollo regional y urbano. Desde el punto de vista técnico, el Artículo 1 de la Ley hace implícito su encargo al Vice Ministro de Economía de aquél. En asunto de tanta relevancia para el desarrollo geográfico ordenado integral y equilibrado y para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General del Ambiente, esas responsabilidades deberían de estar claramente estipuladas para hacerlas, inequívocamente, de obligatorio cumplimiento.
La práctica de contratar los servicios de firmas foráneas para preparar los planes es necesaria, cuando no existe capacidad interna para ello. Es lamentable, sin embargo, porque esas firmas cumplen sus compromisos y se retiran sin mayores compromisos posteriores para controlar la evolución de procesos que son continuos. Lo importante ahora, y en eso se debe ser honesto, es que el país identifique sin prejuicios a profesionales jóvenes de las diversas ramas del desarrollo, con vocación y al menos de dos años de experiencia práctica en sus campos de saber, para integrar equipos multidisciplinarios y los encauce a realizar estudios en centros de excelencia, especialmente escogidos, que puedan contribuir a la formación de éstos en relación a los verdaderos requerimientos de Panamá, no sólo en lo urbano, sino en la planificación total de su territorio.
Ante aquellas realidades, si las políticas que se ejecutan generan resultados contrarios a los urgentes requerimientos de las mayorías, para favorecer más a los que más tienen y hacer más remotas las esperanzas de esas mayorías a disfrutar de los servicios sociales básicos, de empleos plenos, de seguridad personal y de justicia social, para hacer más equitativa la distribución de las riquezas nacionales, entonces podemos anticipar con preocupación los peores pronósticos para el futuro de Panamá. La coyuntura actual demanda el reconocimiento oficial, para que con convicción y decisión se estructuren programas propios pragmáticos capaces de superar los constreñimientos en beneficio de toda la población en todo el territorio nacional. Es tiempo de hacer responsables a los funcionarios públicos por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de tareas fundamentales contenidas en la Constitución y las leyes. La impunidad no ha contribuido a corregir esas conductas.
Como cuestión de política, en primer lugar, debemos reconocer que el Canal ha sido y sigue siendo un elemento importante en la economía nacional, que al mismo tiempo ha tenido influencias adversas en lo social y lo político-administrativo que marcan lesamente la geografía metropolitana de las ciudades de Panamá y Colón. Estos centros concentran el 55% de la población del país, mayor volumen de entes consumidores de la producción nacional, por el estímulo sostenido de una migración de población sin precedentes, en busca de oportunidades que no encuentran. En segundo lugar, los efectos del Canal han hecho relegar al descuido los más elementales requerimientos del resto del país, 7 provincias de 9 y una Comarca, restringiendo la capacidad para cumplir cabalmente su función principal como área de producción. En ambos casos, el primero y el segundo, se derivan influencias que han tenido efectos dañinos al desarrollo nacional, en lo social, lo económico, lo cultural y lo psicológico.
Panamá es un país pequeño de apenas 75.517km2, de geografía benévola, con una elevada proporción de su población asentada en el eje Colón-Panamá, y a lo largo de la Vertiente Sur-Oeste de la Cordillera Central próxima al litoral Pacífico, hasta la frontera con la hermana República de Costa Rica. Por tanto, la programación de su desarrollo no debería presentar mayores dificultades. Estas características geo-sociales son altamente favorables a la ejecución de las necesarias tareas de ordenamiento territorial.
Con la terminación de los planes que regulan el desarrollo de las Areas Revertidas de la Cuenca del Canal, los Planes Metropolitanos de Panamá y Colón, y el Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Darién por iniciarse, quedaría poco más del 50% del territorio nacional pendiente de ser ordenado. Si bien éstos se elaboraron y el último también se preparará sin orientación de una política nacional de desarrollo económico y social, la coyuntura se presenta ahora para cumplir esa responsabilidad, muy necesaria, a objeto de procurar el desarrollo integral equilibrado del territorio nacional. Esta acción llevaría a feliz cumplimiento responsabilidades relegadas, al menos por tres instituciones públicas, por más de 40 años. Son tareas de capital importancia cuando existe el genuino interés de encauzar las actividades por los senderos de un verdadero desarrollo en beneficio de todos los panameños y para confrontar los retos de la globalización.
Desde la creación de la Dirección General de Planificación y Administración (DGPA) en 1959, por Ley No. 11 de 18 de junio, y del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE) que la reemplazó mediante Ley No. 16 de 28 de febrero de 1973, las funciones de la planificación del desarrollo regional y urbana siempre constituyeron, correctamente, responsabilidades fundamentales de esas instituciones, como medios para expresar geográficamente el contenido de las políticas económicas y sociales nacionales. Aunque nunca fueron cumplidas, por razones que no deseo interpretar, no es motivo para restar la importancia de esas funciones en la ejecución de planes de desarrollo serios que exigen las circunstancias de estos tiempos.
No obstante lo anterior, con el traslado del MIPPE al Ministerio de Economía y Finanzas, desaparecen de su Ley Orgánica las responsabilidades de la planificación del desarrollo regional y urbano. Desde el punto de vista técnico, el Artículo 1 de la Ley hace implícito su encargo al Vice Ministro de Economía de aquél. En asunto de tanta relevancia para el desarrollo geográfico ordenado integral y equilibrado y para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General del Ambiente, esas responsabilidades deberían de estar claramente estipuladas para hacerlas, inequívocamente, de obligatorio cumplimiento.
La práctica de contratar los servicios de firmas foráneas para preparar los planes es necesaria, cuando no existe capacidad interna para ello. Es lamentable, sin embargo, porque esas firmas cumplen sus compromisos y se retiran sin mayores compromisos posteriores para controlar la evolución de procesos que son continuos. Lo importante ahora, y en eso se debe ser honesto, es que el país identifique sin prejuicios a profesionales jóvenes de las diversas ramas del desarrollo, con vocación y al menos de dos años de experiencia práctica en sus campos de saber, para integrar equipos multidisciplinarios y los encauce a realizar estudios en centros de excelencia, especialmente escogidos, que puedan contribuir a la formación de éstos en relación a los verdaderos requerimientos de Panamá, no sólo en lo urbano, sino en la planificación total de su territorio.
