El mundo nos observa
1° A nuestro regreso al país, después de una ausencia de un mes, nos hemos dado a la tarea de leer los diarios para enterarnos de los acontecimientos sobrevenidos durante nuestra ausencia. Debo admitir que en algunos casos hicimos seguimiento de lo acaecido recurriendo a los diarios electrónicos a través de Internet, aunque no es lo mismo que la lectura de la edición impresa.
Uno de los hechos que nos ha conmovido ha sido el protagonismo de los "honorables" consejales y del Ejecutivo, con motivo de las elecciones que tuvieron lugar para escoger la nueva directiva del Consejo Capitalino que se renueva cada seis meses. De acuerdo con todos los medios que cubrieron los bochornosos hechos el PRD, objeto de una maniobra que no es del caso entrar a detallar ni calificar, se alzó con la victoria y fue escogido un representante de ese colectivo como Presidente. Posteriormente, el Ejecutivo ante la delicada situación política que constituía la pérdida del Gobierno Municipal, nada menos que del Distrito Capital y que podría dar lugar a una situación similar, sólo que más grave, en el Organo Legislativo, decidió, mediante el uso de la Fuerza Pública, la toma del Consejo Municipal y mediante un mecanismo, todavía no muy claro, se convocó a una nueva elección en la que el oficialismo recobró la Presidencia del Consejo Capitalino.
Ahora resulta que nadie es el responsable del envío de la Fuerza de Pública al Consejo y para guardar las apariencias se le quiere atribuir la total responsabilidad de ello a un edil que todos sabemos no tiene esa facultad, lo que nos recuerda el penoso incidente en que el ex Gobernador de la Provincia de Panamá tuvo que cargar con toda la responsabilidad de haber "ordenado" la violación de la Autonomía Universitaria al penetrar la Fuerza Pública en la Universidad de Panamá, cuando las circunstancias existentes hacen suponer que la orden emanó de niveles mucho más altos.
Toda clase de argumentos se han dado para justificar la intromisión de la Fuerza Pública en el Consejo Capitalino, pero lo cierto es que si efectivamente ocurrió la "trampa" que el oficialismo alega, es a los tribunales de justicia al que le corresponde determinarlo y no al Ejecutivo. No podemos hacernos justicia por nuestras propias manos pues ello nos coloca en igualdad de condiciones que el presunto violador de la norma.
2° Igualmente nos enteramos, a través del diario El Siglo, de las declaraciones del segundo Vicepresidente de la República al referirse al fallo de la Corte Interamericana de Justicia, con sede en San José, Costa Rica, en el caso de los trabajadores botados durante el gobierno del ex Presidente Endara mediante la ley 25, por razones netamente políticas. El mencionado funcionario público, denotando un craso desconocimiento del ordenamiento jurídico declaró, según relata El Siglo en su edición del sábado 5 de febrero, que le preocupa el hecho de que Panamá firme convenios fuera del territorio nacional y se vea en la obligación de acatar las leyes que no nacieron en el país, irrespetando la soberanía nacional. "Yo cuestiono este hecho porque si la Corte Suprema de Panamá, ya falló, cómo es posible que otra que no es nacional tenga injerencia en nuestros asuntos", sentenció el segundo Vicepresidente de la República. Finalizó alegando que obras de interés social serán afectadas si Panamá es condenada por la Corte Interamericana de Justicia, pues el dinero tiene que salir de alguna parte. Llama la atención que un funcionario de la categoría de un segundo Vicepresidente de la República dé a conocer semejantes declaraciones que no denotan otra cosa que un craso desconocimiento del Derecho Internacional. Parece que este desconoce la prevalencia que tienen los Tratados Internacionales sobre el ordenamiento jurídico interno de los países. Alguien debería explicárselo para que no vuelva a cometer igual error.
Todos estos hechos colocan a Panamá en una situación desfavorable ante el mundo y después nos quejamos de que entidades calificadoras del riesgo de inversión que ofrecen los países nos coloquen como un país de riesgo especulativo, muy poco recomendable para la inversión. En días pasados dimos a conocer los comentarios que la entidad calificadora Standar & Poor´s formuló sobre la situación política de Panamá y entre las consideraciones que tomaron en cuenta, para hacernos merecedores de la calificación de BB+, un país no apto para la inversión, figuran la ley Chorizo, la asignación de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, el cancelar incrementos acordados contractualmente en el alza de la energía eléctrica, la ley de intereses preferenciales así como la Sala Quinta. No debe constituir motivo de extrañeza que la próxima calificación que hagan estas entidades financieras, habida cuenta de los incidentes que hemos comentado, coloquen a Panamá en una calificación aún más desfavorable que la actual.
Pareciera que el gobierno actual no entiende de ésto, pues en vez de rectificar en su proceder tiende más bien a favorecer la ilegalidad. Con mucho dolor nos vimos en la obligación de interponer en Washington denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de igualdad ante la ley, la falta de protección Judicial, la falta de derecho a la integridad personal así como la violación al derecho de réplica que tienen todos los ciudadanos, pues no obstante las múltiples misivas dirigidas a diversos funcionarios en torno a la ilegalidad cometida como consecuencia de la edificación del edificio The Millenium, jamás dieron respuesta con lo que ignoraron el derecho, elevado a grado Constitucional, de réplica a las solicitudes de los ciudadanos y, por supuesto, que sobre ninguno ha recaído sanción alguna con lo que queda demostrado, una vez más, que la ley en Panamá no se cumple.
Uno de los hechos que nos ha conmovido ha sido el protagonismo de los "honorables" consejales y del Ejecutivo, con motivo de las elecciones que tuvieron lugar para escoger la nueva directiva del Consejo Capitalino que se renueva cada seis meses. De acuerdo con todos los medios que cubrieron los bochornosos hechos el PRD, objeto de una maniobra que no es del caso entrar a detallar ni calificar, se alzó con la victoria y fue escogido un representante de ese colectivo como Presidente. Posteriormente, el Ejecutivo ante la delicada situación política que constituía la pérdida del Gobierno Municipal, nada menos que del Distrito Capital y que podría dar lugar a una situación similar, sólo que más grave, en el Organo Legislativo, decidió, mediante el uso de la Fuerza Pública, la toma del Consejo Municipal y mediante un mecanismo, todavía no muy claro, se convocó a una nueva elección en la que el oficialismo recobró la Presidencia del Consejo Capitalino.
Ahora resulta que nadie es el responsable del envío de la Fuerza de Pública al Consejo y para guardar las apariencias se le quiere atribuir la total responsabilidad de ello a un edil que todos sabemos no tiene esa facultad, lo que nos recuerda el penoso incidente en que el ex Gobernador de la Provincia de Panamá tuvo que cargar con toda la responsabilidad de haber "ordenado" la violación de la Autonomía Universitaria al penetrar la Fuerza Pública en la Universidad de Panamá, cuando las circunstancias existentes hacen suponer que la orden emanó de niveles mucho más altos.
Toda clase de argumentos se han dado para justificar la intromisión de la Fuerza Pública en el Consejo Capitalino, pero lo cierto es que si efectivamente ocurrió la "trampa" que el oficialismo alega, es a los tribunales de justicia al que le corresponde determinarlo y no al Ejecutivo. No podemos hacernos justicia por nuestras propias manos pues ello nos coloca en igualdad de condiciones que el presunto violador de la norma.
2° Igualmente nos enteramos, a través del diario El Siglo, de las declaraciones del segundo Vicepresidente de la República al referirse al fallo de la Corte Interamericana de Justicia, con sede en San José, Costa Rica, en el caso de los trabajadores botados durante el gobierno del ex Presidente Endara mediante la ley 25, por razones netamente políticas. El mencionado funcionario público, denotando un craso desconocimiento del ordenamiento jurídico declaró, según relata El Siglo en su edición del sábado 5 de febrero, que le preocupa el hecho de que Panamá firme convenios fuera del territorio nacional y se vea en la obligación de acatar las leyes que no nacieron en el país, irrespetando la soberanía nacional. "Yo cuestiono este hecho porque si la Corte Suprema de Panamá, ya falló, cómo es posible que otra que no es nacional tenga injerencia en nuestros asuntos", sentenció el segundo Vicepresidente de la República. Finalizó alegando que obras de interés social serán afectadas si Panamá es condenada por la Corte Interamericana de Justicia, pues el dinero tiene que salir de alguna parte. Llama la atención que un funcionario de la categoría de un segundo Vicepresidente de la República dé a conocer semejantes declaraciones que no denotan otra cosa que un craso desconocimiento del Derecho Internacional. Parece que este desconoce la prevalencia que tienen los Tratados Internacionales sobre el ordenamiento jurídico interno de los países. Alguien debería explicárselo para que no vuelva a cometer igual error.
Todos estos hechos colocan a Panamá en una situación desfavorable ante el mundo y después nos quejamos de que entidades calificadoras del riesgo de inversión que ofrecen los países nos coloquen como un país de riesgo especulativo, muy poco recomendable para la inversión. En días pasados dimos a conocer los comentarios que la entidad calificadora Standar & Poor´s formuló sobre la situación política de Panamá y entre las consideraciones que tomaron en cuenta, para hacernos merecedores de la calificación de BB+, un país no apto para la inversión, figuran la ley Chorizo, la asignación de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, el cancelar incrementos acordados contractualmente en el alza de la energía eléctrica, la ley de intereses preferenciales así como la Sala Quinta. No debe constituir motivo de extrañeza que la próxima calificación que hagan estas entidades financieras, habida cuenta de los incidentes que hemos comentado, coloquen a Panamá en una calificación aún más desfavorable que la actual.
Pareciera que el gobierno actual no entiende de ésto, pues en vez de rectificar en su proceder tiende más bien a favorecer la ilegalidad. Con mucho dolor nos vimos en la obligación de interponer en Washington denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de igualdad ante la ley, la falta de protección Judicial, la falta de derecho a la integridad personal así como la violación al derecho de réplica que tienen todos los ciudadanos, pues no obstante las múltiples misivas dirigidas a diversos funcionarios en torno a la ilegalidad cometida como consecuencia de la edificación del edificio The Millenium, jamás dieron respuesta con lo que ignoraron el derecho, elevado a grado Constitucional, de réplica a las solicitudes de los ciudadanos y, por supuesto, que sobre ninguno ha recaído sanción alguna con lo que queda demostrado, una vez más, que la ley en Panamá no se cumple.
