El negocio del siglo
Ya vemos cómo los personeros del gobierno que lideró el PRD han salido a la palestra pública a manifestar su intención de "revisar" los contratos que privatizaron los servicios públicos de luz y teléfono. Debemos recordar que éstos fueron privatizados por las mismas personas que hoy pretenden revisarlos. ¿Por qué no revisaron esos contratos antes de someternos a semejante imposición? ¿Qué es lo que van a revisar si ellos mismos fueron los que redactaron los términos de la contratación? ¿Por qué se están comprometiendo con el pueblo panameño a revisar una de sus valiosas iniciativas económicas, que tanto fue criticada por la mayoría de los panameños?
Debemos ver esto con recelo. En otros países, los políticos corruptos siempre invierten en los grandes negocios que crea el gobierno. Así, por ejemplo, en Panamá, es posible que algunas personas adeptas al gobierno anterior hayan hecho grandes inversiones en las empresas que adquirieron los servicios públicos. ¿Qué significa eso? Ni más, ni menos que todos aquellos que invirtieron en las empresas que fueron privatizadas, recibirán del Estado (entiéndase del pueblo panameño), una jugosa indemnización por la terminación, antes de tiempo, del contrato.
Esa indemnización, sumada a todo lo que le han sacado a los usuarios, les aseguraría un futuro promisorio, pues habrían hecho, a costa del pueblo, el negocio del siglo. Es decir, no debe extrañarnos que los capitales que deba pagar el Estado panameño a las empresas que obtuvieron las privatizaciones, vayan a parar al bolsillo de uno que otro miembro del gobierno anterior. Se trataría de una trampa bien armada. Primero, se procede a privatizar. Segundo, como consecuencia del atropello al pueblo, el clamor popular exigiría la terminación del contrato. Tercero, los mismos que redactaron el contrato lo revisarían (de ganar las elecciones). Cuarto, se pagaría una indemnización millonaria, de la cual se beneficiarían los mismos que propiciaron la privatización.
Lo que nos queda es buscar los métodos adecuados para garantizar la seguridad jurídica y la seguridad social del pueblo panameño. En ese sentido, en principio, el pueblo debe darle la espalda a los candidatos del PRD, por estar impulsando la demagogia, ya que ahora pretenden enmendar errores que en su momento fueron denunciados por la comunidad. Por otro lado, si José Miguel Alemán decide llevar adelante un proceso de revisión de los contratos, debe cuidar celosamente que no sean beneficiadas las personas que promovieron la privatización.
Es el pueblo el que tiene la palabra. Por eso al elegir en las próximas elecciones, debemos ser recelosos de los discursos que nos presentan algunas personas que mantienen posiciones históricas antagónicas. La única explicación que existe ante este discurso demagógico de los privatizadores, es un negocio velado del que muchos no tenemos certeza, pero del que debemos sospechar.
Recuperemos la tradición de participación política del Partido Socialista de Demetrio Porras, del Partido Comunista de Cristóbal Segundo y Domingo H. Turner, del Frente Patriótico de la Juventud con el joven Illueca, y más recientemente del PST de Ricardo Barría, del PRT del Dr. Esquivel y del Partido del Pueblo de Del Cid que, aunque divididos, se presentaron como opciones en 1984.
Debemos ver esto con recelo. En otros países, los políticos corruptos siempre invierten en los grandes negocios que crea el gobierno. Así, por ejemplo, en Panamá, es posible que algunas personas adeptas al gobierno anterior hayan hecho grandes inversiones en las empresas que adquirieron los servicios públicos. ¿Qué significa eso? Ni más, ni menos que todos aquellos que invirtieron en las empresas que fueron privatizadas, recibirán del Estado (entiéndase del pueblo panameño), una jugosa indemnización por la terminación, antes de tiempo, del contrato.
Esa indemnización, sumada a todo lo que le han sacado a los usuarios, les aseguraría un futuro promisorio, pues habrían hecho, a costa del pueblo, el negocio del siglo. Es decir, no debe extrañarnos que los capitales que deba pagar el Estado panameño a las empresas que obtuvieron las privatizaciones, vayan a parar al bolsillo de uno que otro miembro del gobierno anterior. Se trataría de una trampa bien armada. Primero, se procede a privatizar. Segundo, como consecuencia del atropello al pueblo, el clamor popular exigiría la terminación del contrato. Tercero, los mismos que redactaron el contrato lo revisarían (de ganar las elecciones). Cuarto, se pagaría una indemnización millonaria, de la cual se beneficiarían los mismos que propiciaron la privatización.
Lo que nos queda es buscar los métodos adecuados para garantizar la seguridad jurídica y la seguridad social del pueblo panameño. En ese sentido, en principio, el pueblo debe darle la espalda a los candidatos del PRD, por estar impulsando la demagogia, ya que ahora pretenden enmendar errores que en su momento fueron denunciados por la comunidad. Por otro lado, si José Miguel Alemán decide llevar adelante un proceso de revisión de los contratos, debe cuidar celosamente que no sean beneficiadas las personas que promovieron la privatización.
Es el pueblo el que tiene la palabra. Por eso al elegir en las próximas elecciones, debemos ser recelosos de los discursos que nos presentan algunas personas que mantienen posiciones históricas antagónicas. La única explicación que existe ante este discurso demagógico de los privatizadores, es un negocio velado del que muchos no tenemos certeza, pero del que debemos sospechar.
Recuperemos la tradición de participación política del Partido Socialista de Demetrio Porras, del Partido Comunista de Cristóbal Segundo y Domingo H. Turner, del Frente Patriótico de la Juventud con el joven Illueca, y más recientemente del PST de Ricardo Barría, del PRT del Dr. Esquivel y del Partido del Pueblo de Del Cid que, aunque divididos, se presentaron como opciones en 1984.
