El "NO" de los rectores
La declaración del Consejo de Rectores de Panamá (publicada en los medios locales hace poco más de una semana), pidiendo excluir la educación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EU), me ha producido una variedad de sensaciones que van desde la sorpresa hasta la incredulidad. Si bien algunos podrían cuestionar su mera inclusión en un tratado comercial con el argumento de que de la educación (la superior en particular) es un concepto elevado y que no debería estar regida por las leyes del mercado, no es menos cierto que deberíamos aspirar como sociedad a que el conocimiento y su difusión (labor fundamental de la educación) fueran completamente libres.
La educación superior panameña de más larga trayectoria viene experimentando un proceso paulatino de descrédito por su calidad y su desconexión con el mundo profesional, además de los tradicionales argumentos de falta de recursos para la investigación, las instalaciones físicas y el mejoramiento/actualización de los docentes.
Por su parte, los nuevos entrantes han llegado con ofertas tentadoras de carreras instantáneas, sin tesis de grado y bonitos brochures. El resultado ha sido un aumento en la cantidad de diplomas otorgados y una disminución en la calidad de los egresados que aún no ha sido castigada por los empleadores y la comunidad o por el mercado.
Pero, ¿cómo pedirle peras al olmo? Quienes deberían estar llamados a elevar el nivel de la educación, luego de un proceso serio de autocrítica y puesta en marcha de medidas correctivas, son los que no quieren la libertad en la que se basa el intercambio de servicios que busca un TLC. Y si aún parece haber un eslabón perdido, debe ser el que supone que la apertura al intercambio de conocimientos nos debe permitir capacitar nuestro activo humano, ser mejores como personas y crecer como país.
Es posible que no se entienda la diferencia entre tener apertura y la necesidad de regular el mercado, de allí el pánico a que vengan de afuera a darnos cátedra y la mezquindad al limitar que vayamos al exterior a aprender o enseñar.
Como para todos los servicios en el TLC, la educación tendría cuatro niveles de intercambio:
Ninguna de estas dimensiones es indeseable; todo lo contrario, la política del Estado panameño debe promoverlo con más énfasis y mejores resultados.
Sin embargo, en activa negación de su esencia, los rectores buscan excluir totalmente lo que actualmente de hecho ocurre, desconociendo los logros y aspiraciones de miles de estudiantes que miran más allá de la estrechez local y de instituciones como el IFARHU, la Ciudad del Saber e incluso de gobiernos amigos que destinan recursos a la educación de los nuestros.
Que hay que resolver el tema de la acreditación, eso es otra cosa.
Ahora la discusión toma un giro inesperado por el intento de enmienda constitucional que le retiraría a la Universidad de Panamá (la oficial del Estado) el derecho único de fiscalizar los programas y títulos de sus competidoras y aquellos obtenidos en el exterior. Y, ¿quién fiscaliza a la Universidad de Panamá? ¿Quién es responsable para que el proceso de fiscalización sea justo, expedito y libre de manipulaciones? ¿Cómo se garantiza que las particulares tengan altos estándares académicos? ¿Cuál es el patrón de medida y comparación técnico-científico? Al final, todas las preguntas quedan sin respuesta y nadie es responsable de nada.
Si aún quedara espacio para la especulación, tendríamos que evaluar las motivaciones de los señores rectores con la siguiente lógica: Si no ha apertura, no hay necesidad de competir y nos quedamos como estamos donde nos sentimos cómodos. La ley del menor esfuerzo y mantener limitadas las ofertas académicas para la población estudiosa.
Creo que es un error no aceptar el reto y aprender en el proceso.
La no apertura de la educación es la negación del propio ser de los educadores y del ser nacional, de una tierra cuya cultura ha evolucionado con el aporte de muchísima gente que vino y vendrá de afuera. Quizás tendríamos que comparar la aspiración de los rectores con la sola idea de prohibir el Internet o gravar con impuestos a los libros como objetos suntuosos.
*El autor es egresado de la USMA, Stanford y Columbia University.
cesark@cwpanama.net
La educación superior panameña de más larga trayectoria viene experimentando un proceso paulatino de descrédito por su calidad y su desconexión con el mundo profesional, además de los tradicionales argumentos de falta de recursos para la investigación, las instalaciones físicas y el mejoramiento/actualización de los docentes.
Por su parte, los nuevos entrantes han llegado con ofertas tentadoras de carreras instantáneas, sin tesis de grado y bonitos brochures. El resultado ha sido un aumento en la cantidad de diplomas otorgados y una disminución en la calidad de los egresados que aún no ha sido castigada por los empleadores y la comunidad o por el mercado.
Pero, ¿cómo pedirle peras al olmo? Quienes deberían estar llamados a elevar el nivel de la educación, luego de un proceso serio de autocrítica y puesta en marcha de medidas correctivas, son los que no quieren la libertad en la que se basa el intercambio de servicios que busca un TLC. Y si aún parece haber un eslabón perdido, debe ser el que supone que la apertura al intercambio de conocimientos nos debe permitir capacitar nuestro activo humano, ser mejores como personas y crecer como país.
Es posible que no se entienda la diferencia entre tener apertura y la necesidad de regular el mercado, de allí el pánico a que vengan de afuera a darnos cátedra y la mezquindad al limitar que vayamos al exterior a aprender o enseñar.
Como para todos los servicios en el TLC, la educación tendría cuatro niveles de intercambio:
Profesores de afuera que vienen a enseñar a nuestro territorio (presencia de persona física);
Escuelas y universidades extranjeras que se establecen en el Panamá (presencia comercial);
Cursos dictados desde afuera vía teleconferencias o Internet (suministro transfronterizo);
Estudiantes que van a educarse en el exterior (consumo en el extranjero).
Ninguna de estas dimensiones es indeseable; todo lo contrario, la política del Estado panameño debe promoverlo con más énfasis y mejores resultados.
Sin embargo, en activa negación de su esencia, los rectores buscan excluir totalmente lo que actualmente de hecho ocurre, desconociendo los logros y aspiraciones de miles de estudiantes que miran más allá de la estrechez local y de instituciones como el IFARHU, la Ciudad del Saber e incluso de gobiernos amigos que destinan recursos a la educación de los nuestros.
Que hay que resolver el tema de la acreditación, eso es otra cosa.
Ahora la discusión toma un giro inesperado por el intento de enmienda constitucional que le retiraría a la Universidad de Panamá (la oficial del Estado) el derecho único de fiscalizar los programas y títulos de sus competidoras y aquellos obtenidos en el exterior. Y, ¿quién fiscaliza a la Universidad de Panamá? ¿Quién es responsable para que el proceso de fiscalización sea justo, expedito y libre de manipulaciones? ¿Cómo se garantiza que las particulares tengan altos estándares académicos? ¿Cuál es el patrón de medida y comparación técnico-científico? Al final, todas las preguntas quedan sin respuesta y nadie es responsable de nada.
Si aún quedara espacio para la especulación, tendríamos que evaluar las motivaciones de los señores rectores con la siguiente lógica: Si no ha apertura, no hay necesidad de competir y nos quedamos como estamos donde nos sentimos cómodos. La ley del menor esfuerzo y mantener limitadas las ofertas académicas para la población estudiosa.
Creo que es un error no aceptar el reto y aprender en el proceso.
La no apertura de la educación es la negación del propio ser de los educadores y del ser nacional, de una tierra cuya cultura ha evolucionado con el aporte de muchísima gente que vino y vendrá de afuera. Quizás tendríamos que comparar la aspiración de los rectores con la sola idea de prohibir el Internet o gravar con impuestos a los libros como objetos suntuosos.
*El autor es egresado de la USMA, Stanford y Columbia University.
cesark@cwpanama.net
