El nuevo Sistema Procesal Penal y el rol del Juez
La evolución de los sistemas procesales genera para el Estado y sus asociados un cambio de paradigmas en cuanto a las obligaciones que impone un Estado de derecho, las cuales se deben fundamentar en la efectiva protección, garantía y vigencia de los derechos del hombre; por tal motivo sus acciones deberán tender a salvaguardar el Estado Constitucional de Derecho y para ello resulta necesario establecer condiciones de razonabilidad y justicia que permitan resolver los conflictos sociales.
Frente a estos señalamientos surge la incógnita sobre la finalidad del proceso penal, en esta nueva visión procesalista y garantísta, la cual no se aparta de la premisa inicial de encontrar a los responsables de la infracción penal entendida esta como el delito, pero sobre la base de una nueva visión de derecho dirigida a exaltar la dignidad humana como principio rector de cualquier procedimiento justiciable, en este orden no se trata simplemente de reconstruir los hechos para establecer una sanción, tenemos la obligación de ir más allá, pues toca y guarda relación con el principio de presunción de inocencia el cual ha perdido vigencia en nuestros sistemas cuando convertimos al procesado en algo menos que importante, desvirtuando el hecho de que la criminalidad y el delito es un fenómeno biosicosocial que responde a múltiples factores y que exige el estudio de cada uno de esos factores, no para desvanecer la acción delictiva sino para restablecer el orden social en la medida de lo posible.
Los grandes estudiosos de la crimonológia señalan que la composición de un sistema de justicia criminal de un Estado se encuentra compuesta por tres subsistemas que definen el crecimiento o deterioro criminogeno de ese Estado, en este orden se menciona al sub sistema normativo, (que guarda relación con las normas de orden sustancial y procedimental), un sistema administrativo (que guarda relación con los órganos responsables de la creación de las normas) y un sub sistema social o cultural (compuesto por los valores y aptitudes que mantiene la sociedad acerca del derecho).
En este sentido resulta oportuno anotar que los tribunales de justicia solo encuentran cabida en el sub sistema administrativo, por lo que no son los únicos responsables del éxito o fracaso de la gestión estatal en la lucha contra la delincuencia, ya que es algo que involucra más que solo impartir justicia. Existen múltiples herramientas para combatir la delincuencia y una de ellas radica en la prevención de los factores de riesgo, por tal razón la implementación del sistema acusatorio por si solo no es la solución al problema de la criminalidad, este es solo uno de los medios utilizados por el Estado para hacerle frente a la delincuencia pero que exige su utilización de forma razonada y armonizada con otros medios que paralelamente deberán implementarse para minimizar la problemática social delincuencial.
Es en este contexto que el rol del juez juega un papel preponderante como quiera que esta es la conducta que se espera de él en función de la posición que ocupa dentro del sistema. Hay que tener presente que el juez forma parte de una comunidad, no es un ser aislado por lo que su trabajo no puede realizarse a espaldas de la comunidad, sino precisamente en ese entorno social.
