El "Pacific Sandpiper" y la seguridad de Panamá
Informaciones dadas a conocer por Greenpeace International el 30 de mayo de 2001 indican que un buque con bandera británica arribó en Japón, acelerando las preparaciones finales para el tránsito secreto de un cargamento de material altamente radiactivo. Greenpeace advierte que este cargamento zarpará en las próximas dos semanas y se espera que pretenda transitar a través del Canal de Panamá y el Mar Caribe en los primeros días de julio, a pesar de la unánime oposición de los gobiernos de la región. La organización considera que tales tránsitos marítimos sólo pueden efectuarse después de una consulta plena y con la autorización del gobierno panameño.
Greenpeace ha revelado el hecho de que el buque carguero Pacific Sandpiper arribó al puerto japonés de Tokai el día lunes 28 de mayo. Desde ese día, el buque, propiedad de la compañía Pacific Nuclear Transport Limited (PNTL), del Reino Unido, ha permanecido en el puerto descargando contenedores para transporte vacíos. Dichos contenedores serán llenados con combustible nuclear irradiado, extremadamente caliente y radiactivo, que ha sido removido del cercano reactor nuclear Tokai 1. A pesar de que los funcionarios del gobierno japonés permanecen sin ofrecer información sobre el tamaño, momento y ruta para el tránsito, las fuentes de Greenpeace sugieren que el cargamento marítimo partirá dentro de las próximas dos semanas y se espera que viaje a través de Panamá y el Mar Caribe.
Para poder transitar a través de aguas panameñas, los transportistas necesitan solicitar la autorización del gobierno panameño. Mientras que en el pasado tal autorización era emitida únicamente por la Comisión del Canal de Panamá durante el control estadounidense de la vía interoceánica, este proceso ha cambiado a partir del día 1 de enero del año 2000, fecha en que la República de Panamá asumió el control total del Canal, y por lo tanto se convirtiera, por ley, en la nación de tránsito para estos cargamentos. Ahora, la autorización para un transporte tan altamente peligroso a través de aguas panameñas, debería incluir una consulta a todas las agencias gubernamentales involucradas: la Autoridad Marítima de Panamá (puesto que el buque transita por las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva de Panamá), el Ministerio de Salud (por la respuesta requerida en caso de emergencia radiológica), las autoridades de emergencia y de seguridad civil (para el control de multitudes, evacuaciones y respuesta ante emergencias en el evento de un accidente), la Autoridad Nacional del Ambiente / ANAM (en el tema de asesoría de impactos ambientales) el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Autoridad del Canal de Panamá. Además, dadas las implicaciones que estos tránsitos conllevan para la política pública y legislativa del país, es fácil anticipar que la Presidencia y las respectivas Comisiones de la Asamblea Legislativa recibirán también la información pertinente.
De manera conjunta con sus vecinos, el gobierno panameño ha declarado su oposición al tránsito de estos cargamentos nucleares altamente peligrosos. El día 27 de marzo del año 2001, durante una reunión del "Grupo de Río", celebrada en la ciudad de Santiago, Chile, diecinueve cancilleres de Latinoamérica, incluyendo al de Panamá, emitieron una declaración conjunta advirtiendo que tales transportes nucleares ponían en peligro la salud de las personas y de los ecosistemas a través de la región. La declaración incluía una lista significativa de temas concernientes a la seguridad y a problemas de responsabilidad extracontractual que requieren de solución. Además, señaló que el Derecho Internacional le otorga a los países no sólo soberanía sobre sus aguas marinas territoriales, sino también "jurisdicción en temas concernientes a la protección y preservación de los ecosistemas marinos en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas".
Este pronunciamiento latinoamericano es posterior a una serie de declaraciones de preocupación y oposición emitidas por naciones a través del Mar Caribe, incluyendo a organizaciones regionales tales como: La Asociación de Estados del Caribe, la Organización de Estados del Este Caribeño, la Comunidad de los Altos Comisionados del Mar Caribe, la Agencia para la Prohibición de Armamentos Nucleares en el Caribe y Latinoamérica (OPANAL), y la Comisión Latinoamericana Interparlamentaria sobre Medio Ambiente (CLIMA). La oposición regional dio como resultado la Declaración de la Cumbre de la Asociación de Países del Caribe de abril de 1999, en la que los 25 Jefes de Estado del área del Gran Caribe, incluyendo al presidente panameño, declararon: "Por lo tanto deploramos su degradación ecológica y rechazamos su uso continuo para el transporte de desechos nucleares y tóxicos que en alguna forma puedan causar una mayor degradación del Mar Caribe".
Estos peligrosos cargamentos nucleares son parte de un agresivo programa japonés que pretende obtener acceso a plutonio. Cuando el Pacific Swan parta del Japón a principios de junio, el barco y su cargamento estarán dirigiéndose hacia el puerto Barrow-in-Furness y a la planta de reprocesamiento de plutonio en Sellafield, ambas instalaciones ubicadas en el Reino Unido. En las fábricas de plutonio en Sellafield, fábricas que de hecho son manejadas por el gobierno, el combustible nuclear irradiado será disuelto, liberando el plutonio de otros productos de desecho nuclear y por lo tanto generando sorprendentes volúmenes de desecho nuclear adicional. Si bien el gobierno japonés señala que empleará este plutonio extraído del combustible del reactor Tokai y reprocesado en Sellafield, en la producción de electricidad, lo cierto es que no hay electricidad que en la actualidad esté siendo producida en Japón empleando plutonio como combustible -y mientras tanto, la reserva del Japón en suelo japonés de plutonio con posible uso bélico ha aumentado hasta más de cinco toneladas.
Además, la oposición japonesa al programa plutonio está en aumento. El pasado fin de semana, los resultados de un referéndum público llevado acabo en la ciudad de Kariwa, resultó en un contundente voto en contra del empleo de combustible de plutonio en los reactores cercanos. El resultado del voto "No", anunciado el día 27 de mayo, no sólo parece imposibilitar a la Compañía de Generación Eléctrica de Tokyo el cargar los reactores Kashiwasake-Kariwa con combustible nuclear (conocido con el nombre de MOX -óxido de uranio y plutonio mezclado), sino que también sugiere que la opinión pública se está oponiendo al controversial programa nacional que busca la acumulación de plutonio con posible uso bélico.
Es evidente que en lugar de buscar la consulta, los funcionarios japoneses y británicos han decidido efectuar este tránsito de manera secreta. Este cargamento marítimo es completamente innecesario e implica una enorme amenaza para las personas, el medio ambiente y la propia economía de Panamá y de la región del Gran Caribe. Es inaudito e inaceptable que tal cargamento se efectúe a pesar de la unánime oposición de los gobiernos de la región del Gran Caribe.
*El Autor pertenece a Greenpeace, Washington, D.C.
Greenpeace ha revelado el hecho de que el buque carguero Pacific Sandpiper arribó al puerto japonés de Tokai el día lunes 28 de mayo. Desde ese día, el buque, propiedad de la compañía Pacific Nuclear Transport Limited (PNTL), del Reino Unido, ha permanecido en el puerto descargando contenedores para transporte vacíos. Dichos contenedores serán llenados con combustible nuclear irradiado, extremadamente caliente y radiactivo, que ha sido removido del cercano reactor nuclear Tokai 1. A pesar de que los funcionarios del gobierno japonés permanecen sin ofrecer información sobre el tamaño, momento y ruta para el tránsito, las fuentes de Greenpeace sugieren que el cargamento marítimo partirá dentro de las próximas dos semanas y se espera que viaje a través de Panamá y el Mar Caribe.
Para poder transitar a través de aguas panameñas, los transportistas necesitan solicitar la autorización del gobierno panameño. Mientras que en el pasado tal autorización era emitida únicamente por la Comisión del Canal de Panamá durante el control estadounidense de la vía interoceánica, este proceso ha cambiado a partir del día 1 de enero del año 2000, fecha en que la República de Panamá asumió el control total del Canal, y por lo tanto se convirtiera, por ley, en la nación de tránsito para estos cargamentos. Ahora, la autorización para un transporte tan altamente peligroso a través de aguas panameñas, debería incluir una consulta a todas las agencias gubernamentales involucradas: la Autoridad Marítima de Panamá (puesto que el buque transita por las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva de Panamá), el Ministerio de Salud (por la respuesta requerida en caso de emergencia radiológica), las autoridades de emergencia y de seguridad civil (para el control de multitudes, evacuaciones y respuesta ante emergencias en el evento de un accidente), la Autoridad Nacional del Ambiente / ANAM (en el tema de asesoría de impactos ambientales) el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Autoridad del Canal de Panamá. Además, dadas las implicaciones que estos tránsitos conllevan para la política pública y legislativa del país, es fácil anticipar que la Presidencia y las respectivas Comisiones de la Asamblea Legislativa recibirán también la información pertinente.
De manera conjunta con sus vecinos, el gobierno panameño ha declarado su oposición al tránsito de estos cargamentos nucleares altamente peligrosos. El día 27 de marzo del año 2001, durante una reunión del "Grupo de Río", celebrada en la ciudad de Santiago, Chile, diecinueve cancilleres de Latinoamérica, incluyendo al de Panamá, emitieron una declaración conjunta advirtiendo que tales transportes nucleares ponían en peligro la salud de las personas y de los ecosistemas a través de la región. La declaración incluía una lista significativa de temas concernientes a la seguridad y a problemas de responsabilidad extracontractual que requieren de solución. Además, señaló que el Derecho Internacional le otorga a los países no sólo soberanía sobre sus aguas marinas territoriales, sino también "jurisdicción en temas concernientes a la protección y preservación de los ecosistemas marinos en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas".
Este pronunciamiento latinoamericano es posterior a una serie de declaraciones de preocupación y oposición emitidas por naciones a través del Mar Caribe, incluyendo a organizaciones regionales tales como: La Asociación de Estados del Caribe, la Organización de Estados del Este Caribeño, la Comunidad de los Altos Comisionados del Mar Caribe, la Agencia para la Prohibición de Armamentos Nucleares en el Caribe y Latinoamérica (OPANAL), y la Comisión Latinoamericana Interparlamentaria sobre Medio Ambiente (CLIMA). La oposición regional dio como resultado la Declaración de la Cumbre de la Asociación de Países del Caribe de abril de 1999, en la que los 25 Jefes de Estado del área del Gran Caribe, incluyendo al presidente panameño, declararon: "Por lo tanto deploramos su degradación ecológica y rechazamos su uso continuo para el transporte de desechos nucleares y tóxicos que en alguna forma puedan causar una mayor degradación del Mar Caribe".
Estos peligrosos cargamentos nucleares son parte de un agresivo programa japonés que pretende obtener acceso a plutonio. Cuando el Pacific Swan parta del Japón a principios de junio, el barco y su cargamento estarán dirigiéndose hacia el puerto Barrow-in-Furness y a la planta de reprocesamiento de plutonio en Sellafield, ambas instalaciones ubicadas en el Reino Unido. En las fábricas de plutonio en Sellafield, fábricas que de hecho son manejadas por el gobierno, el combustible nuclear irradiado será disuelto, liberando el plutonio de otros productos de desecho nuclear y por lo tanto generando sorprendentes volúmenes de desecho nuclear adicional. Si bien el gobierno japonés señala que empleará este plutonio extraído del combustible del reactor Tokai y reprocesado en Sellafield, en la producción de electricidad, lo cierto es que no hay electricidad que en la actualidad esté siendo producida en Japón empleando plutonio como combustible -y mientras tanto, la reserva del Japón en suelo japonés de plutonio con posible uso bélico ha aumentado hasta más de cinco toneladas.
Además, la oposición japonesa al programa plutonio está en aumento. El pasado fin de semana, los resultados de un referéndum público llevado acabo en la ciudad de Kariwa, resultó en un contundente voto en contra del empleo de combustible de plutonio en los reactores cercanos. El resultado del voto "No", anunciado el día 27 de mayo, no sólo parece imposibilitar a la Compañía de Generación Eléctrica de Tokyo el cargar los reactores Kashiwasake-Kariwa con combustible nuclear (conocido con el nombre de MOX -óxido de uranio y plutonio mezclado), sino que también sugiere que la opinión pública se está oponiendo al controversial programa nacional que busca la acumulación de plutonio con posible uso bélico.
Es evidente que en lugar de buscar la consulta, los funcionarios japoneses y británicos han decidido efectuar este tránsito de manera secreta. Este cargamento marítimo es completamente innecesario e implica una enorme amenaza para las personas, el medio ambiente y la propia economía de Panamá y de la región del Gran Caribe. Es inaudito e inaceptable que tal cargamento se efectúe a pesar de la unánime oposición de los gobiernos de la región del Gran Caribe.
*El Autor pertenece a Greenpeace, Washington, D.C.
