El país de los privilegios
El artículo 19 de nuestra Constitución establece claramente que no habrá en el país ningún tipo de discriminación, ni fueros ni privilegios; pero los ciudadanos, a través de los años, hemos visto violar dichas normas a través de la utilización conveniente de los poderes políticos y económicos.
Los gobiernos han actuado contraviniendo la ley, amparados en una supuesta representación popular y han fabricado bajo la mirada placida de quienes deben velar por el cumplimiento estricto de nuestra Carta Magna, una cantidad de legislaciones que otorgan a grupos selectos o funcionarios públicos toda clase de privilegios, concesiones especiales, exoneraciones, subsidios, etc.
No importa la justificación o las supuestas buenas intenciones que le quieran dar a las leyes promulgadas, cualquier privilegio personal viola la norma constitucional. Una cosa es utilizar los bienes del Estado en el buen cumplimiento del deber como funcionario y otra es el beneficiarse como consecuencia de ostentar una posición relevante que otorga el voto popular.
La ley obliga a todos los panameños, electos o no, a cuidar los bienes del Estado como un ?buen padre de familia?. Sabemos que para algunos la familia no tiene mayor significado y que no tienen ningún grado de responsabilidad aún dentro de sus hogares y allí radica nuestra falla al elegirlos cada cinco años.
Ni siquiera podemos ahora pretender que el Ejecutivo o los padres de la patria se despojen de lo que ya se han otorgado, pero por lo menos deberían de buscar compensar en alguna forma al resto de los panameños que a través de los años no ha disfrutado de ninguno de estos privilegios.
Una manera de hacerlo sería mejorando el transporte colectivo; no sólo es una necesidad pública, sino un deber intransferible del Estado panameño, pues está claramente consagrado en la Constitución Nacional. Vemos hoy, por el contrario, que en vez de darle una esperanza al ultrajado usuario se promulga otra ley con iguales visos de inconstitucionalidad.
La nueva ley del transporte, que más bien he denominado la ley del embudo, lo ancho para los concesionarios y lo angosto para los usuarios, otorga aún más beneficios a los transportistas que los que anteriormente han disfrutado. Resulta verdaderamente patético que tan pocos controlen a tantos y que el pueblo tenga que seguir sufriendo todos los días la inseguridad, vejámenes y desidia de las autoridades que insisten en que seamos ciudadanos de segunda en de un país de privilegiados.
