El Panamá jurídico en una suerte” de perdición

En los últimos años, se ha venido entronizando en nuestra sociedad, toda una cultura de perversión jurídica (legal) que amenaza y coloca nuestro estado de derecho en una especie de limbo e inseguridad ciudadana, quedando derechos adquiridos, sujetos a voluntades del poder político, que si bien surten el procedimiento de la formalidad en cuanto a creación de la ley, devienen éticamente deplorable e injusta y hasta inhumana. Se trata de la abominable práctica de la administración pública, que no repara en violentar normas jurídicas supremas al prohijar leyes, escudándose en el trillado argumento de que la “Corte Suprema de Justicia resuelva”. Por esos caminos, estamos , como señalaba el maestro Nicos Puutlanzas, cosechando los frutos dañados de una legalidad que deviene sistemáticamente perforada de ilegalidad.

Los funcionarios públicos, pareciera que no conocen o ignoran, que el Ministerio Público, sobre todo la Procuraría de la Administración., tiene entre sus funciones servir de consejero legal de todos los actos de la administración Pública. Lo más lamentable y grave, es que hasta la propia Asamblea de Diputados se presta para este tipo de desazón. Nuestro derecho patrio, de manera clara y taxativa , señala que las leyes no tienen o no tendrán efecto retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos, sin embargo algunas leyes recientes han hecho caso omiso a tal norma de técnica legislativa de protección de derechos. Verbigracia, ahora se le ocurre al señor Director de la Caja de Seguro Social, eliminar por vía legal, de un tajo la estabilidad de la cual gozan muchos de sus funcionarios con mas de cinco años de servicios, por razones de edad, a contrapelo de lo que ha sentenciado la Corte Suprema, de que no se puede excluir del mundo del trabajo, a la persona que está por jubilarse o está recibiendo una pensión de retiro. Además de que pierde de perspectivas que la estabilidad ganada es un derecho adquirido. Mi crítica la dirijo a la Procuraduría de la Administración, quién pudiendo actuar de oficio, vía consejería Legal, enmudece, mientras la seguridad jurídica de los panameños se violenta por funcionarios que no entienden de legalidad. Pero como viene ocurriendo, saldrá a relucir la formula mágica de la lámpara de aladino, “que la Corte Suprema resuelva”, mientras los derechos ciudadanos quedan cercenados. No me resisto a pensar que este es nuestro Panamá.